Si bien no se puede afirmar a ciencia cierta que los dioses no existen ni tampoco que sí existen, sí podemos decir con toda confianza, al menos mayor a un 99,99%, que la “justicia divina” no existe.
Por estos días ha hecho noticia Francisco Cartes, clérigo curicano de la iglesia católica, condenado por la justicia civil chilena el año 2012 a la pena de 5 años y un día de presidio, aunque con beneficio de libertad vigilada, y la imposibilidad por 10 años de estar al cuidado de menores o trabajar con ellos, por abuso sexual y exposición a actos de significación sexual contra el niño Marcelo Parra Trujillo, de 14 años en el año 2008, que se desempeñaba como acólito de ese sacerdote en diversos rituales y era alumno de la clase de catecismo, hoy disfrazada bajo el nombre “clase de religión” y que se dicta obligatoriamente en los establecimientos educacionales del país. Tema aparte.
Eso entre muchas otras actividades en que se encontraba con el sacerdote. El niño decidió romper su silencio el año 2011 y la historia terminó con la Corte de Apelaciones condenándolo, sentencia que confirmó posteriormente la Corte Suprema tras una apelación, inverosímil, de la defensa del párroco pedófilo. Con todo ese historial, condensado al máximo en estas líneas, el tribunal eclesiástico que llevaba la “causa canónica” desestimó los cargos y “absolvió” a su integrante, quien, si bien civilmente sigue condenado, podrá retomar su “trabajo”, es decir, podrá volver a enfrentarse al público desde el púlpito e invocará a su dios, y parafraseará al personaje histórico que da el nombre al cristianismo, perdonando a sus agresores, indicando que no saben lo que hacen.
Traer a colación este caso, de entre muchos otros idénticos y otros similares que pueden obtenerse de una crónica policial o nacional de cualquier periódico, tiene sólo el objetivo de representar mediante una situación. Una serie de características que han marcado no solo la historia de la relación Estado-Iglesia, sino también, en pleno siglo XXI, amenaza con permanecer en el tiempo y conservar el statu quo o en el estado en que nos encontramos hoy, respecto a la injusticia de las justicias. Desglosaré un poco estas características.
Proteccionismo clerical
No seré yo, en este modesto artículo, quien descubra que la cúpula de la Iglesia Católica, al igual que cualquier administración de otra religión o cualquier otro gremio, haga uso de todas las herramientas a su alcance para proteger a algún miembro de su colectividad, a veces sin el menor escrúpulo y con plena desfachatez, como en la situación planteada en el párrafo anterior.
Casos emblemático, como dije, hay por doquier y sólo por recordar algunos, podemos mencionar al tristemente célebre sacerdote de El Bosque, Fernando Karadima, autor de múltiples abusos a menores y adolescentes desde su cargo en la parroquia de El Sagrado Corazón de Jesús de Santiago, en la calle El Bosque, quien hasta último minuto recibió el apoyo y el proteccionismo de los obispos Tomislav Koljatic y Horacio Valenzuela, entre otros, quienes indicaban en sendas misivas al gran pontonero que todo era una conspiración masónica y de la izquierda chilena (sic), según cuenta en cartas, hoy públicas, disponibles en el sitio web de Ciperchile.cl, quienes cubrieron de manera amplia la noticia, al no tener relación con el imputado.
Algunas frases de las cartas indicadas: “He sabido ahora de que este ataque se venía preparando silenciosamente desde el año pasado. Se han coludido los medios para afirmar cosas que ellos saben son falsas, como por ejemplo a edad de las presuntas víctimas. Se ha querido convencer a Chile de que se trata de pedofilia, lo cual es falso de falsedad absoluta… Tristemente en estas acusaciones han convergido enemigos declarados de la Iglesia (Masones y liberales) y más de algún eclesiástico que no comparte la línea del Padre Karadima. Se ha buscado dañar la imagen pública de la Iglesia, preparando las leyes de aborto y de matrimonio homosexual, de manera de quitarle autoridad moral para hablar al país”.
Desconozco qué opinará hoy, con hechos ya probados y condenas ejecutoriadas el señor Koljatic, que van en la misma línea que las de Valenzuela cuando se refiere a la prensa: “…Son grupos en Chile muy poderosos, que dominan magistralmente la opinión pública, ligados a la izquierda política o a la masonería, que manejan gran parte de la prensa y han penetrado de modo significativo, entre otros, el Poder Judicial. Para ellos, el ataque a la persona y a la obra del Padre Fernando Karadima ha sido una oportunidad excepcional para desacreditar a la Iglesia y quitarle toda autoridad en materias de moral que han estado con fuerza en la discusión pública de nuestra patria…”.
Hasta el hoy cardenal Errázuriz le ha tendido la mano en múltiples instancias, quien durante se sostuvo el proceso le envió misivas con nulo o mínimo tono de corrección, reprimenda o lo que amerite en la línea de mando de esa institución. Cuando se conocieron los casos y se llevaba adelante el proceso, éste le envió a Karadima una carta saludando con un “Estimado Padre Fernando”, seguido de abundantes bendiciones, con frases como las siguientes: “Considero prudente la medida que usted tomó de renunciar, durante este tiempo, al ejercicio público del ministerio y si usted acepta por escrito la invitación que le hago como obispo de esta arquidiócesis de no ejercer públicamente el ministerio sacerdotal mientras este juicio no concluya, puedo prescindir de mandárselo como medida cautelar” y finalizando con un deseo de bien: “…Al Señor le pido por intercesión de la Santísima Virgen, que Ud. pueda estar muy cerca de su gracia, su perdón y su misericordia…”.
De igual manera el actual obispo de Osorno, Juan Barros, salió en su defensa y protección. Ni hablar de personalidades militares o de índole política que prestaron ayuda en su momento al sancionado párroco. También podemos mencionar el caso de O’Reilly, sacerdote miembro de los Legionarios de Cristo, quien gozó hasta el último momento de un apoyo irrestricto de personajes de su religión, de empresarios y hasta de líderes políticos, entre los que se destacan el diputado Ignacio Urrutia, quien votó en contra en la sesión que quitó la nacionalidad por gracia obtenida por el funcionario de esa congregación y los diputados, también UDI, Jaime Bellolio, José Antonio Kast, Felipe Ward, Arturo Squella y Romilio Gutiérrez, quienes se abstuvieron en la misma votación.
A su vez, el mismo O’Reilly entregaba su fiel protección a Marcial Maciel, fundador de Los Legionarios de Cristo, con quien convivió en México, respecto de peores abusos que los que le comprobaron a él mismo y que ejecutó durante décadas, quien a su vez fue protegido fuertemente por Ángelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio de esa colectividad y que ocupó el cargo de Nuncio Apostólico en Chile en el período de la dictadura de Pinochet. Sodano, quien es ampliamente denunciado por el mundo entero como protector de pedófilos, al igual que su “enemigo” al interior de la cúpula eclesiástica, Tarciso Bertone, sobre quien además pesan acusaciones de malversación de fondos y de otra índole.
La guinda de la torta: “En los 70, la pedofilia se entendía como algo completamente en conformidad con el hombre e incluso con los niños”, es señalada por la autoridad eclesiástica del Papa; frase extraída de su discurso habitual de fin de año, hacia sus cardenales y oficiales en Roma, el 20 de diciembre del año 2010. Si la máxima autoridad de una institución piensa de esa manera y, peor aún, lo hace público, ¿qué se puede esperar de sus subalternos que, además, deben seguir su línea?
Seguir extendiendo los ejemplos muestras de este proteccionismo es ineficiente, ineficaz y, para ser sinceros, no tenemos suficiente espacio en este artículo.
Menosprecio a las leyes
La Iglesia Católica, que en los países de occidente donde ostenta, gracias a la inocencia de las personas, grandes porcentajes de adherentes, realiza día a día en sus acciones y omisiones un profundo menosprecio a la institucionalidad de un país y sus autoridades y leyes, bajo la paciente y aceptada observación e inacción de los mismos habitantes.
Esto se ve representado cuando, en actos a los que se les permite asistir o son invitados, los clérigos inician sus alocuciones con un discurso algo inocuo, inofensivo y hasta comprensivo, para luego convertirlo en un disparo de un arma potente con su mira puesta en los propios personeros que representan al estado de un país y se procede a juzgarles públicamente, reprenderles y, cuando menos, corregirles sus acciones en el trabajo de dirección de un país. En resumen, se les entrega una licencia y terminan vociferando en contra quienes les dieron y/o mantienen esos permisos, de por sí, inadecuados y muy poco propios de una república o un estado.
Basta una repasada de los discursos de los cardenales al respecto en el anacrónico, desubicado e incluso insólito, (considerando que sólo seis países en todo el mundo, incluyendo el nuestro, tienen ceremonias similares) Te Deum o acto religioso para un hecho republicano como es la celebración de la independencia de un país.
Ezzati (en la foto) este 2016, frente a la presidente y en medio de la discusión política del proyecto de aborto en 3 causales, que nos sacaría del inefectivo y segregador actual estado legal, donde nuevamente somos parte de los únicos 5 países en el mundo donde se penaliza en todas las causales, se da maña e indica en su discurso: “… y, desde lo más profundo de nuestra conciencia de hombres y mujeres que buscan unir fe y razón, esperamos que crezca el debido reconocimiento y respeto al derecho a la vida, desde la concepción a la muerte natural…” en clara alusión al proyecto indicado, al igual que el 2015 donde sostuvo en la misma ceremonia: “De Dios Padre creador recibimos la vocación de cuidar la vida. Es lo más sagrado que hemos recibido y Dios no ha delegado en nadie ni el control ni el señorío sobre la vida”, como si la figura central de la creencia cristiana fuese arte y parte de una decisión, a mi entender, completamente individual en el caso de la madre soltera y violentada sexualmente y de ambos padres en la difícil decisión de priorización médica respecto a las vidas del embrión y la madre o en el caso de muerte anticipada del potencial neonato habiéndose detectado una complicación de carácter también médico.
En otro ámbito, algunos años atrás el Comité de Protección de los Derechos de los Niños, de la ONU, dio a conocer un informe en el que critica el comportamiento del Vaticano por la adopción de prácticas y políticas que permitían la continuidad de abusos a menores sin tomar las medidas pertinentes y protegerlos de las autoridades y poderes locales, sean de justicia o policiales, refrendando lo aquí constatado, que es el menosprecio a las instituciones de un estado. De hecho, fueron citados y oficiados para declarar en la comisión en la misma ONU.
Recogiendo ejemplos de otras latitudes puedo comentar los casos de Oscar Rodríguez, cardenal de Tegucigalpa, quién en medio de una acusación de pedofilia en Costa Rica declaró públicamente que “los sacerdotes no debían ser entregados a las autoridades civiles” y que para él “sería una tragedia reducir (sic) el rol de un pastor al de un policía. Somos diferentes y prefiero prepararme para ir a la cárcel antes que hacerle daño a uno de mis sacerdotes”, indicó. Si eso no es menosprecio al poder de la autoridad de un país, no sé qué es. Quedo abierto a sugerencias al respecto.
En Perú, la alta administración de la repartición religiosa de ese país se dedicó por años a proteger y transferir de localidad al sacerdote salesiano Carlos Peralta, quien fue sorprendido con un menor en su dormitorio y se hicieron múltiples denuncias de estudiantes afectados. Fue encubierto en diferentes escuelas de la congregación salesiana, en Argentina, Guatemala, Chile (en San Juan Bosco) e incluso en Estados Unidos y México, burlando la investigación, obstruyendo la justicia, nuevamente en un total menosprecio por la institucionalidad y faltando el respeto a las autoridades civiles y policiales en su intento de no desprestigiar aún más a la institución a la que pertenecen y cuya reputación al respecto está ya bastante deteriorada.
La tarea de los legisladores
Ejemplos como los anteriores, como indiqué, son posibles de recoger tan sólo abriendo un periódico local o buscando en internet. De hecho cuando buscan “Casos de pedofilia” en Google, el buscador más utilizado de la internet y el más acucioso según su tecnología de búsqueda y cantidad de páginas web indizados, es posible ver en sus primeras páginas sólo casos referenciados a la iglesia católica a nivel latinoamericano (considerando que se buscó en idioma español) y cuesta bastante trabajo encontrar uno de algún otro reo que no pertenezca a dicha institución.
El Estado o el conjunto de Estados en los que las iglesias, particularmente la católica, gozan de privilegios inéditos comparados con otras latitudes o con el “deber ser” de un estado laico por definición, deben empezar cuanto antes un proceso en el que se busque la revisión de los privilegios inadecuados a un estado separado de la religión con tal de abolir lo anómalo que pueda descubrirse y velar porque ni la iglesia católica, de algún otro credo o cualquier otra institución, corporación o fundación, cualquiera sea su fin, tengan privilegios ya sean legales, económicos, políticos o sociales que no sean propios de los inherentes a una república.
No es posible que se continúe haciendo “vista gorda” o dejando pasar situaciones que puedan continuar dañando la convivencia social de todos los habitantes de un país y con el merecido respeto a cada uno de sus características, sin menosprecio ni diferencia de raza, credo, nacionalidad, género, tendencia política o cualquier otra cualidad propia de los individuos.
El respeto a las leyes de una nación parte por cada uno de nosotros y de las instituciones que le conforman, para ser, en última instancia, velados por los organismos y poderes propios de un estado, haciendo valer su condición de tales. Sí y sólo sí, de esa manera es que se avanzará en las sanas vías de la tolerancia y respeto del otro en toda su dimensión, asegurando igualdad ante las leyes y ante cualquier otro poder ya sea entre personas que pertenezcan o no a alguna institución.
Las cartas están en la mesa y sólo falta la voluntad política y la conciencia de los legisladores en torno al respeto por su cargo, el cual está por sobre sus creencias personales, en el entendido que gobiernan para un país completo, no para un sector político, de credo, de gremio o cualquier otro parámetro de división o encasillamiento. El llamado es a la profunda reflexión sobre la importancia de hacer respetar la condición laica de los Estados.
