No está clara la apuesta real por la red pública y por la reducción progresiva de la educación privada sostenida con fondos públicos
Una nueva ley y otra política educativa serían una buena ocasión de apostar en serio por la educación pública, pero todo depende de cómo se desarrolle
Es un buen regalo de Reyes y comienzo de 2020 que por fin haya un Gobierno progresista. Las líneas del acuerdo de Gobierno hay que verlas globalmente y no solo de forma sectorial para valorar en su conjunto los compromisos que asumen ante la ciudadanía. En este sentido, es importante que se dediquen la mitad de los puntos a aspectos sociales, conscientes de que ese es el camino más eficaz para mejorar la situación de la mayoría social, colocar en el centro de gravedad otros temas diferentes a los que han copado el debate público en los últimos tiempos, y como vacuna frente al avance de la ultraderecha.
En mi opinión, hay cuatro grandes ejes para medir si realmente se coloca la educación como prioridad estratégica para mejorar la equidad, la formación de las personas y la cohesión social y democrática de este país.
1. La sustitución de la LOMCE. Es importante el compromiso de derogar una ley rechazada por la comunidad educativa con sus movilizaciones (Marea Verde), por la mayoría de los grupos parlamentarios y de negativos efectos en la calidad. Pero no se trata de suprimir un símbolo denostado, sino saber por qué se sustituye. La mejor manera de medir la profundidad del cambio es comparar las propuestas del Gobierno con el “Documento de Bases para una nueva Ley de Educación” elaborado por todos los sectores progresistas de educación.
Y las diferencias son grandes, si el cambio se reduce a poco más que la necesaria supresión de los itinerarios segregadores (y, supongo, que a la recuperación de programas como los de diversificación que funcionaban muy razonablemente y se los cargó el ministro Wert) o a que la Religión no cuente para la nota.
2. Red pública o doble red. No está clara la apuesta real por la red pública y por la reducción progresiva de la educación privada sostenida con fondos públicos. Uno de los grandes problemas de la educación es la doble red que selecciona y segrega al alumnado por razones socioeconómicas, clasistas. Y sobre esto no veo nada concreto. Suprimir los conciertos a los centros que segregan por sexo está bien, pero son una pequeña realidad. Insistir en la gratuidad que ya dice hoy la ley “informando a las familia” es un brindis al sol, porque serán las comunidades autónomas las que pongan o no medidas para garantizarlas. No se aborda un horizonte de negociación para suprimir la anomalía de los centros concertados e incorporar su función en la red pública.
3. La laicidad de la escuela. Corregir la barbaridad de la LOMCE de que la asignatura de Religión computase para la nota media y para las becas es lo más elemental. Ya es voluntaria y que no tenga asignatura alternativa es poco relevante. Debería asegurarse la libertad de conciencia de los niños y niñas, según dicen las Convenciones de Naciones Unidas y, para ello, la religión confesional debe de salir de la escuela y del currículo, no solo del horario escolar. Y abordar, de una vez por todas, la derogación de un concordato preconstitucional que carga de privilegios a la Iglesia católica en su labor adoctrinadora, como aprobó la mayoría parlamentaria con la PNL de febrero de 2018.
4. La Financiación. El compromiso de llegar al 5% del PIB desde el actual 4,2% está bien, ya que son 8.000 millones de euros más que fueron los que recortó el PP, pero se demora mucho en el tiempo (no se alcanzarían hasta 2025). Hace falta una fuerte e inmediata inversión en educación porque no se nota la reversión de los recortes en los centros educativos, hay que mejorar las becas y la calidad. Con este compromiso no hacemos otra cosa que aproximarnos a la media de la Unión Europea. Y esto no es suficiente: hay que trazar un horizonte de futuro hacía el 7% del PIB si queremos que España esté a la cabeza de la calidad educativa.
Muchos temas que se apuntan en el programa de gobierno están en función de cómo se produzca la financiación, de cómo se desarrollen los acuerdos con las comunidades autónomas (CCAA) y de si son o no prescriptivos para ellas. Estamos hablando de poder financiar nuevas etapas educativas como la de 0 a 3 años; de un plan eficaz contra el fracaso escolar y el abandono temprano; de reducir la interinidad (aunque no se dice cómo) del profesorado y evitar los despidos para no pagar el verano; de reducir la precariedad del profesorado universitario; de mejorar la política de becas y de reducir las tasas universitarias a la situación anterior a los recortes… Compromisos de valor aunque sin concretar que aparecen en el programa de Gobierno.
Vista la experiencia de la ley 4/2019 que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, que debía de servir para revertir los recortes de Rajoy (DL 14/2012) y que apenas se ha notado en los centros educativos en la reducción de jornada y de ratios, porque dejaba en manos de las CCAA su concreción y aplicación, se puede temer que algunos opten más por cambios aparentes que reales.
Así las cosas, estando bien una serie de propuestas, no dejan de ser insuficientes los cambios que se plantean en educación. Y, ojo, ello siempre que haya una movilización suficiente de la comunidad educativa y de la ciudadanía progresista, porque seguramente saldrán a la calle de manera preventiva las fuerzas que defienden los privilegios, el negocio y el adoctrinamiento religioso en educación. Una nueva ley y otra política educativa serían una buena ocasión de apostar en serio por la educación pública, pero todo depende de cómo se desarrolle.
