La sentencia invalida la ley foral de Navarra que imponía el pago del Impuesto de Bienes a la diócesis – Amoeiro y Allariz esperan que el Obispado pague «como cualquier vecino»
COMENTARIO: Por supuesto que es injusto que la iglesia y otras muchas entidades y fundaciones privadas no paguen el IBI y otros impuestos. Pero además de los Acuerdos, que eximen los lugares de culto y sus anexos, hay una Ley de Patronazgo que exime incluso de muchas actividades lucrativas. El TC lo que acaba de sentenciar es la incompetencia de Navarra para legislar sobre temas regulados por el Estado. Así nuestra Campaña lo que reclama es un cambio en las normas que regulan este tema. Puede verse en:
El Constitucional y el IBI. Todo sigue igual, nada ha cambiado.
"Este último fallo del Constitucional, que exime a la Iglesia del pago del IBI por sus propiedades, es una auténtica injusticia, y esperemos que se produzca ya una jurisprudencia firme que dicte un criterio único en todas las comunidades, por el que la Iglesia tenga que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles, por todos sus bienes no destinados al culto, que son muchos", afirma Francisco García.
El alcalde nacionalista de Allariz fue uno de los tres alcaldes de la provincia de Ourense, junto con los de Amoeiro y Coles que solicitaron el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles a la Iglesia, por aquellas propiedades que, siguiendo lo que dicta el Concordato con la Santa Sede, no están dedicadas al culto y algunas pueden tener incluso uso lucrativos, en algún caso como hoteles.
La sentencia que acaba de hacer pública la Sala del Tribunal Constitucional que exime a la Iglesia del pago del IBI en Navarra, desautorizando de este nodo la ley aprobada por ese gobierno foral navarro, preocupa a los alcaldes ourensanos que tomaron la iniciativa de exigir que los impuestos "sean iguales para todos.
Caos jurídico
Este nuevo fallo, no ha hecho sino alimentar el caos. Al no haber una jurisprudencia clara al respecto sobre esos concordatos con la Santa Sede y Gobierno central, solo en Ourense hay sentencias dispares, una del tribunal de lo Contencioso Administrativo número 1 de la capital, que dio la razón al Concello de Allariz en su intención de cobrarle el IBI a la iglesia por los predios en esa comarca, y otra del Contecioso Administrativo número 2 de Ourense, que se pone a favor de los intereses diocesanos y desestima la intención del concello de Amoeiro de cobrar el IBI a la Iglesia.
Un caos que ha eximido hasta ahora a la Iglesia de lo que, para unos, es un milenario derecho a no pagar el IBI, y para otros una obligación de cumplir como un contribuyente más.
Para el alcalde de Amoeiro, Rafael Rodríguez, este último fallo del Tribunal Constitucional que se conocía esta semana "es lamentable", pese a que se circunscribe solo a Navarra. Este regidor fue el primero en encender la mecha en la provincia de Ourense, al enviar al Obispado por vía ejecutiva, el recibo con las cantidades adeudadas por el impago de IBI correspondiente por las propiedades que tiene en ese municipio ourensano. El de Coles es un alcalde socialista, partido que gobierna ese pequeño concello ourensano, pues no ha habido hasta ahora ningún alcalde del PP que se haya desmandado de los compromisos con la Santa Sede.
Sin embargo Rafael Rodríguez, pese a aquel primer fallo favorable a los intereses de la Iglesia en Amoeiro, no se paró ahí, y en febrero de 2013, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra esa Resolución del Contencioso Administrativo número 1 de Ourense.
Cuestión de justicia
"Para nosotros no es una cuestión de dinero, pues la cantidad que tendría que pagar la Iglesia en Amoeiro por sus bienes es de unos 1.500 euros al año, que no nos sacan de ningún apuro, pero los alcaldes que reclamamos el pago lo hacemos es exigir una ley igual para todos. Es cuestión de justicia porque ¿este es un estado aconfesional como dice la Contitución o aconfensional-católico?", se pregunta el alcalde.
En una diócesis que atesora uno de los patrimonios sacros más voluminosos, en segundo lugar después de Toledo, y también el más deteriorado en algún caso, desperdigado por sus 735 parroquias. Urge según estos alcaldes, una decisión clara y serena
"El fallo que emita el Tribunal Supremo a nuestro recurso será el realmente válido y tendrá que marcar un criterio a seguir", advierte el alcalde de Amoeiro, porque "lo que me parece increíble, es que sea el propio Gobierno de la nación, el que recurre contra una ley, en este caso aprobada en Navarra, que lo único que pretende es que la Iglesia pague impuestos como todos".
El alcalde de Allariz sin embargo cree que "ese fallo del Tribunal Constitucional no es vinculante, porque hay algún tipo de error, en la tramitación del IBI y no tienen en cuenta esos acuerdos del Concordato con la Santa Sede".
Curiosamente en el listado de concellos díscolos con la Santa Sede, contrarios a la exención de obligaciones tributarias por bienes de la Iglesia, por bienes en muchos caso de valor millonario, al tratarse de legados no estrictamente sacros, sino cedidos por creyentes que depositaron todas sus propiedades en manos de la diócesis, figuran erróneamente concellos del PP. Se debe solo a que alguna queja se presentó a través de una mancomunidad a la que pertenece Coles, pero los alcaldes populares no opinaron sobre el tema.
Geriátricos del Seminario Mayor, propiedad del Obispado que explota una fundación. // Jesús Regal
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