Cuentan en la Diócesis de Granada que lo de los ‘romanones’ era un secreto a voces, que sus ‘juergas’ eran conocidas y que quien más y quien menos comentaba que la ‘fraternidad’ que los unía se asemejaba más a un ‘clan’ perfectamente organizado que a una comunidad de religiosos. Dicen que hasta el arzobispo, Javier Martínez, lo sabía; que simpatizaba con ellos y que incluso promovió a alguno de sus integrantes, como al exjuez dicocesano, Francisco J. C. M, ahora imputado, a quien colocó en una Vicaría Judicial.
Los intentos de ocultación de los supuestos abusos sexuales de Granada han sido tan escandalosos como los abusos. Acostumbrado a lavar los trapos sucios en casa, Javier Martínez, que ya protegió en Córdoba a un cura pederasta condenado a once años de prisión por abusar de seis niñas, quiso seguir la misma estrategia de ocultamiento en el mayor caso de abusos sexuales conocido hasta ahora en España. Estuvo 67 días en silencio y, cuando le estalló el escándalo, se postró ante el altar mayor de la Catedral para pedir perdón en un acto tan desesperado como mediático.
Al arzobispo esta vez le habían fallado sus cálculos. Conoció la denuncia inmediatamente después que el papa Francisco y no hizo absolutamente nada hasta que se vio sobrepasado por las circunstancias. Dejó pasar las horas, los días y hasta los meses sin tomar ninguna decisión. No emprendió acciones judiciales por los supuestos delitos. No aplicó las normas contra la pederastia de la Santa Sede, que son contundentes tanto para los presuntos autores de los abusos como para los sospechosos de encubrimiento. Tampoco informó en tiempo y forma de los hechos a la Conferencia Episcopal.
FECHAS, DATOS, NOMBRES
La relación de fechas que ha podido confirmar andalucesdiario.es de fuentes cercanas a la investigación revelan que el arzobispo de Granada pecó por omisión, que se desentendió del caso y que no tomó ninguna medida hasta que los jueces del Tribunal Eclesiástico de Valencia dieron credibilidad a la denuncia del joven. Fue a principios de octubre. Habían pasado casi dos meses desde que el denunciante remitiera a Javier Martínez una copia de la carta que le había enviado al Papa Francisco.
El joven, que hoy tiene 24 años y a quien Religión Digital identifica con el nombre ficticio de Daniel, hizo llegar al arzobispo el 11 de agosto la copia de la carta. En su escrito relataba los abusos de los que fue víctima, de manera continuada, desde los 14 hasta los 17 años. Contaba detalles y daba nombres de los presuntos autores, los tres sacerdotes y el seglar, imputados ahora por supuestos delitos contra la libertad e indemnidad sexual: Román M. V. d C., el ‘líder’ del ‘clan de los romanones’, Francisco J. C. M, exjuez dicocesano, Manuel M. M., expárroco en los Tablones de Órgiva y Sergio Q. M, profesor de Religión. También daba nombres de otros siete sacerdotes y un seglar a los que apuntaba como presuntos encubridores.
El denunciante esperaba una respuesta del prelado granadino. La había tenido sin esperarlo del mismísimo Papa, que el 10 de agosto lo llamó por primera vez para pedirle perdón, para darle su apoyo y para sugerirle que acudiera a hablar con el arzobispo. Pero Javier Martínez no lo llamó. Lejos de interesarse por el tema, el arzobispo dejó pasar los días. A mediados de agosto, Daniel llamó al Arzobispado. Javier Martínez no estaba. El 30 de agosto volvió a llamarlo y, por fin, pudo hablar con él.
UNA BRONCA LA CARTA
El arzobispo no tuvo palabras de perdón. Tampoco dio ánimos al joven, al que abroncó por haberle enviado la carta al Papa. En la conversación telefónica, el arzobispo quedó en recibirlo ese mismo día y lo hizo, a última hora de la tarde, y después de cambiarle la hora de la cita hasta tres veces. La reunión fue algo más cordial que la conversación telefónica. Javier Martínez aún no había recibido los documentos del Vaticano instándole a abrir una investigación pero se comprometió a esclarecer los hechos y a recibir a los padres de la víctima. Cumplió su promesa y dos días después recibió a los padres y les anunció que había iniciado una investigación.
De aquello no se supo más durante los 30 días siguientes. A principios de octubre, el denunciante y su entorno supieron que el Tribunal Eclesiástico de Valencia había asumido la investigación interna. El propio Javier Martínez nombró a dos jueces del citado Tribunal, entre ellos, al decano de la facultad de Derecho Canónigo de Valencia. El 3 de octubre los dos jueces acudieron a Granada para tomarle declaración a dos supuestas víctimas que Daniel citaba en su denuncia. El día 9 del mismo mes se desplazaron al norte de la península para hablar con el joven. Los jueces eclesiásticos dieron credibilidad a su versión y trasladaron sus conclusiones al arzobispo.
LA JUSTICIA (ORDINARIA) PUEDE ESPERAR
Javier Martínez recibió al denunciante unos días después y le anunció que tomaría medidas contra los tres sacerdotes supuestamente autores materiales de los abusos, pero no contra los presuntamente encubridores, otros siete curas y dos laicos, incluido el profesor de Religión imputado al que el arzobispo no retiró la ‘venia docendi’ hasta el pasado 26 de octubre porque eran “tan víctimas” como él. En aquella reunión, el joven llegó a preguntarle al arzobispo si iba a actuar judicialmente, pero en ningún caso le dijo que no denunciara, tal y como ha asegurado Martínez.
Por supuesto, el arzobispo no acudió a los tribunales ordinarios. Tuvo que hacerlo la víctima, que interpuso la denuncia ante la Fiscalía Superior el 14 de octubre. El día 15, suspendió a los tres sacerdotes de sus funciones pastorales y colocó en las mismas responsabilidades a algunos de los supuestos encubridores. Tres días después, y cuando el joven ya había denunciado, Martínez presentó un escrito en la Fiscalía Provincial para ofrecer su colaboración. Un mes después, trascendió el escándalo. Las circunstancias ya le sobrepasaban.
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Fuente original: Andaluces Diario
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