Una iglesia que seguirá imponiendo la religión como oferta obligada, por la gracia de dios y del actual gobierno
El cristo que están montando los sectores más retrógrados de la sociedad por la aprobación de la LOMLOE en el Congreso, que deroga los aspectos más ultraconservadores de la ley Wert, es una nueva sobreactuación injustificada. Cualquier cambio –por mínimo que sea– supone un estruendo para las extremas derechas del PPVoxCs. Pero, el enfurecimiento de este sector tan reaccionario no puede justificar las debilidades de una ley que nace descafeinada, sin ambición, ni conexión con los principios esenciales de una izquierda coherente con el laicismo, la igualdad de oportunidades, la innovación, la suficiencia económica o la democracia participativa.
Estamos ante una ley decepcionante. Aunque la música suena bien, la letra no deja de ser una oportunidad perdida. Un texto que no se ha compartido con ningún sector de la Comunidad Escolar –como todas las leyes educativas aplicadas hasta ahora–. Una ley que no cumple los requisitos de la democracia representativa formal, porque mantiene como la LOMCE (2013) un modelo autoritario de dirección de los centros; porque deja en manos de la administración una elección que tendría que ser decidida por todos los sectores escolares, con direcciones elegidas en base al profesorado de cada centro, como disponía la LODE (1985) o la LOGSE (1990). Se tiene que practicar la democracia para educar en libertad.
Es incomprensible que el gobierno no emprenda un atajo para ir eliminando los conciertos educativos y acabar con la financiación de los negocios privados –por cierto, una fórmula creada por F. González–. Buscar el beneficio económico deteriora una enseñanza basada en la discriminación, que rehúye la diversidad social con mecanismos de elección del alumnado difíciles de evitar con la nueva ley, sobre todo en comunidades controladas por el PP, como Madrid, donde la escuela concertada ya llega casi al 50%.
La financiación del sistema educativo, que se marca como objetivo un 5% del PIB –un nivel similar al 2010–, no concreta un compromiso temporal ni ninguna referencia en la ley. En cualquier caso, es inferior al 6% que pide la OCDE y muy por detrás del 7% de Suecia o Finlandia. Equivaldría a la suma del presupuesto militar y las subvenciones a la iglesia. Una iglesia que seguirá imponiendo la religión como oferta obligada, por la gracia de dios y del actual gobierno, que tendría que mantener en suspenso la regulación de la asignatura mientras afronta la derogación de los acuerdos preconstitucionals con el Vaticano. El adoctrinamiento religioso tiene que desaparecer del currículum escolar como corresponde a una escuela pública laica en un estado constitucionalmente aconfesional.
Una ley que no reduce las ratios: 25 en infantil y primaria, 30 en la ESO y 35 en postobligatoria, con la excepcionalidad de aumentarlas un 10% –como pasa en demasiados centros–. Es inaceptable si se quiere mejorar la calidad de la enseñanza y eliminar el fracaso de un sistema que tiene el abandono prematuro más alto de Europa. Cosa que también tiene relación con la clásica estructura del currículum en objetivos, competencias, contenidos y evaluación: una enseñanza que no relaciona unos elementos con otros. La desafección del alumnado tiene que ver con currículums demasiado extensos y que no aportan conocimientos valiosos. Conducen a un aprendizaje memorístico que hay que replantear para posibilitar una ciudadanía informada y crítica, con currículums mínimos y orientativos, una organización de tiempo y espacios flexibles…
La ley sigue hablando de evaluación continua y global, que se contradice cuando se evalúa por asignaturas; que convierte los resultados del aprendizaje en la única finalidad de la enseñanza. Estudiar para aprobar crea desinterés hacia materias muy academicistas. Hay que abordar los contenidos a través de problemas sociales relevantes y orientar las metodologías a la cooperación, la relación con el medio, la creatividad… que puede implicar mejor al alumnado. Asimismo, se mantienen las evaluaciones externas, que suponen una recentralización del currículum y una carga burocrática para el profesorado, que pierde autonomía porque se dedica a preparar al estudiantado para las pruebas a desarrollar. Este modelo crea un aparente control de la gestión de los centros y culpabiliza al profesorado de los resultados, cuando habría que responsabilizar a unos políticos ajenos a la realidad, que no tienen en cuenta la experiencia docente, ni los intereses del alumnado. Si algún partido que se autodenomina de izquierdas tuviera vergüenza, aprovecharía el próximo paso de la ley por el Senado para incorporar estas reflexiones y no dejarla como una verdadera chapuza.
Voro Torrijos
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