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Lluvia, hartazgo y sororidad: la manifestación para despenalizar el aborto en Andorra

El Código Penal del Principado condena la interrupción voluntaria del embarazo con hasta dos años y medio de prisión.

Que la semana internacional del aborto continúe siendo un motivo de protesta implica que los derechos reproductivos de las mujeres se mantienen mermados en gran parte de la esfera global. Tales legislaciones se mantienen vigentes en Andorra. Hoy, diferentes asociaciones feministas -a propósito del Día de Acción Global por el aborto legal y seguro el próximo 28 de septiembre- han convocado una manifestación para protestar contra la situación actual del Principado. La concentración ha empezado a las 12h en la Plaza de la Rotonda congregando en torno a 100 personas a pesar de las dificultades meteorológicas. Caracterizada por la presencia del apoyo internacional, 45 mujeres se han trasladado a primera hora desde Barcelona para apoyar la causa de las mujeres andorranas.

Mientras que en España la interrupción voluntaria del embarazo es libre y gratuita hasta la 14 semana de gestación, el Principado de Andorra no permite la práctica del aborto ni en casos extremos como el riesgo de salud de la madre, la malformación del feto o la gestación por violación.

Ni un paso atrás

Esto supone los desplazamientos continuos a localidades cercanas de mujeres afectadas. La España de los 80 que viajaba a Londres para interrumpir el embarazo se mantiene en la frontera con nuestro país donde, todavía, el Consejo General no ha despenalizado esta práctica. Quienes cuentan con los recursos económicos necesarios pueden costearse los gastos médicos de clínicas de Catalunya y Francia. Aquellas con situaciones de precariedad más acentuadas se ven, en muchos casos, obligadas a ser madres. Anna Ribas es una joven andorrana de 25 años que ha acudido a la manifestación: “No poder abortar nos lleva a ser madres sin desearlo o, incluso, a recurrir a medidas clandestinas poco seguras para nuestra salud si no podemos irnos a Barcelona por diferentes cuestiones”.

Según los testimonios recogidos de asociaciones involucradas, algunas de las mujeres no se plantean abortar a pesar de las dificultades que pueda acarrear por la presión social: “Andorra tiene una mentalidad muy cerrada, yo siempre digo que estamos en 1960″, señala Ribas.

Para las que desearían optar por la interrupción del embarazo pero escasean de recursos, las propias asociaciones feministas recurren a fondos de donaciones comunes para costear los desplazamientos, estancias y trámites médicos. Pero, ¿cuál es el perfil de las mujeres que tienen la posibilidad -y el interés- de trasladarse a Barcelona? La coordinadora de l’Associació drets sexuals i reproductius de Catalunya y miembro de la campaña por el derecho al aborto, Sílvia Aldavert, nos explica que “las mujeres que consiguen llegar a nuestra red de apoyo conocen, en parte, sus derechos. Pero siguen sintiendo que están haciendo algo malo porque la clandestinidad fomenta la culpabilización y el estigma. Es un proceso que tienen que costear ellas mismas, económica y emocionalmente y, además, entra en juego el papel de la confidencialidad precarizada.”

En 2018, este diario publicaba que, en base a los datos de la Conselleria de Salut de la Generalitat, 124 mujeres de Andorra abortaron en el sistema de salud público catalán. Según las cifras del diario ‘Público’ recogidas por Paula Ericsson, un total de 21.936 mujeres abortaron en Catalunya en 2019 y el 97’8% de los abortos instrumentales se realizaron en centros privados. Los datos totales de las mujeres andorranas que tuvieron que desplazarse a la región contigua ascenderían a incluso el doble teniendo en cuenta que quienes acuden a dichas clínicas privadas no entran dentro del registro de la Conselleria. Aldavert declara que “hemos creado esta red de acompañamiento para todas aquellas mujeres que se desplazan hasta Barcelona. Ahora nos manifestamos y lo que estamos haciendo articuladamente entre los movimientos feministas está suponiendo una transformación brutal en Andorra. Son tiempos duros para las compañeras que ponen los cuerpos y sus vidas, pero ya no hay vuelta atrás. El cambio está aquí”.

La ininterrumpible marea morada que se consolidó en marzo de 2018 inundando las calles de las ciudades españolas provocó consecuencias generales en el pensamiento colectivo. ‘Ni un paso atrás’ prendió la llama de lo que se denomina la cuarta ola feminista -que empezó a fraguarse en torno a 2010- y el Principado de Andorra se hizo eco de dichas movilizaciones. Estefanía Liendo, activista feminista argentina y miembro de la Marea Verde en Barcelona, recuerda que “en 2018 apenas éramos 20 mujeres en las manifestaciones de Andorra. Hoy somos muchas más, estamos haciendo un ejercicio de conciencia.” En torno a diez mujeres de esta han acudido hoy a la cita con túnicas y mascarillas verdes acorde a la estética de la lucha a favor del aborto en Argentina.

El legado católico

En Andorra se mantiene vigente un sistema de Gobierno democrático representativo multipartidista, liderado desde 2019 por Xavier Espot Zamora de Demócratas por Andorra (DA). El Principado, de 78.000 habitantes en 2020, reconoce a dos Jefes de Estado en calidad de co-príncipes: Emmanuel Macron, Presidente de la república francesa; y Joan-Enric Vives, el Obispo de la Seo de Urgel. “Todos los derechos que hay en muchos otros países aquí no existen. Hace poco se aprobaron las ‘uniones homosexuales’, sin llamarse siquiera matrimonio. Todo se oculta mucho, es muy difícil dar pasos hacia delante. Siento que el momento de legalizar el aborto no va a llegar nunca con el Jefe de Estado que tenemos y con el Vaticano detrás”, confiesa Ribas.

Liendo declara que “sabemos que la iglesia tiene poder político en todas partes, pero que un Obispo sea el Jefe de Estado es un acto violento institucionalmente. Parece cuando estas cosas ocurren en Europa, todos nos hacemos los ‘boludos’”.

La controversia en torno al aborto, arrastrada durante décadas de confrontaciones, se agudizó cuando en 2005 el Partido Socialdemócrata de Andorra (PS) propuso despenalizar la práctica en casos de violación, riesgo vital de la gestante o deformidad fetal: la Casa del Vall de entonces rechazó la enmienda. La aprobación del Código Penal el mismo año consolidó el aborto como delito de manera oficial. Asociaciones feministas andorranas como ‘Xarxa La Meri’ o ‘Associació Stop Violéncies’ mantienen su actividad y Vanessa Mendoza, activista feminista, fue condenada a prisión por condenar la ausencia de derechos ante un Comité de la ONU en 2019. El gobierno de Andorra presentó cargos de difamación contra Mendoza y nos cuenta que sigue “penada con cuatro años de cárcel y una multa de 30.000 euros, pero estoy bien. Es el opresor al que debería darle vergüenza lo que está haciendo.”

Mientras Andorra se posiciona como uno de los destinos turísticos de invierno por excelencia, son muchos los que desconocen que el aborto es ilegal en el país. “Se anteponen los intereses del país en cuanto a que el Jefe de Estado sea un obispo a la demanda real de la sociedad”, defiende Ribas, insistiendo en que “cada año aumenta el número de mujeres en las manifestaciones del 8M y el 25N pero el aborto sigue siendo muy polémico”. Por su parte, Mendoza insiste en que las mujeres andorranas “tienen miedo” y que “somos nosotras, las que no lo tenemos, quienes debemos de salir a la calle”.  

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