La ‘ley mordaza’ lleva años ahogando las libertades y los derechos de los españoles. Con organismos internacionales llamando la atención a España, el PSOE vuelve a hablar de derogarla.
Entre los mayores reclamos de la izquierda de los últimos años, precisamente cuando gobernaba la derecha, la libertad de expresión se consideraba un pilar fundamental por el que llenar las calles para conseguir, a través de la organización social, la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como ‘Ley Mordaza’. El revuelo que causó en 2015 la ley que el PP aprobó con sus únicos votos y sobre la que Pedro Sánchez declaraba que «recorta las posibilidades de protestar, de movilidad ciudadana» veía su única solución en un gobierno de izquierdas que fuera capaz de echar marcha atrás. De hecho, incluso el Ciudadanos de Albert Rivera junto al PSOE de Pedro Sánchez acordaron su derogación. Ahora, dos años después de que el PSOE gobierne no con Ciudadanos, sino con Podemos, la ‘ley mordaza’ sigue sin ver su final. Han pasado seis años desde su aprobación y el PSOE ya decía en junio que eliminaría alguno de sus puntos más polémicos, pero no todos. Además, con la crisis que sufrió España por la entrada de inmigrantes por la frontera sur y que el gobierno reprimió y devolvió en caliente, se utilizó la ‘ley mordaza’ para expulsar a las personas que traspasaban nuestras fronteras sin asistencia jurídica en mayo, entre muchos otros episodios de vulneración de derechos fronterizos.
Por otra parte, desde la Comisión Europea se reconocía «la inquietud por la legislación española en materia de seguridad ciudadana, que “según ciertas voces restringe la libertad de información y la libertad de expresión.” Asimismo, resaltaba las penas de cárcel por injurias o calumnias contra la Corona o miembros de la familia real». El Consejo de Europa, por su parte, pide a España reformar la ‘ley mordaza’ por su potencial represivo. Lo que se dice desde los organismos europeos es, curiosamente, lo mismo que se decía desde el PSOE antes de que llegase al poder y utilizase la ley tal y como lo hacía el PP en 2015.
Lo que ha cambiado ha sido la desmovilización que la supuesta izquierda en el gobierno ha traído consigo. Pensar que quienes actualmente gobiernan tienen los mismos intereses que la ciudadanía a la que representan es, además de ingenuo, una herramienta utilizada para desactivar cualquier corriente que vaya en contra de lo que en este caso PSOE y Podemos han decidido no sólo no derogar, sino también utilizar en su propio beneficio. De hecho, entre los puntos más criticados se encuentran las sanciones por la celebración de manifestaciones espontáneas y pacíficas. El Tribunal Constitucional, por su parte, ha avalado el uso de la ‘ley mordaza’ en otras de sus aplicaciones más controvertidas, como las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla y que Marlaska ha defendido desde sus inicios.
Mientras, ayer veíamos a Pedro Sánchez, durante su intervención en la clausura del 40º congreso federal del partido, prometer la derogación de la ‘ley mordaza’, entre otras cosas. Y no por primera ni segunda vez. Los hechos hablan por sí solos y dicen que todavía, después de alcanzar la presidencia en 2019, la derogación sigue sin llegar y la represión que trae consigo todavía continúa entre nosotros. Todo apunta a que la temporada electoral ha llegado un poco antes de lo esperado y que las elecciones andaluzas suponen, como es evidente, un evento importante en el mantenimiento del liderazgo del actual secretario general del PSOE.
Si bien es cierto, la derogación de la ‘ley mordaza’ ha sido uno de los continuos reclamos de Podemos desde su entrada al gobierno y que además también criticaba anteriormente. El estancamiento de su derogación, dicen, tiene su razón de ser en el PSOE, al que hacen culpable de su continuidad. Mientras, cientos de ciudadanos se ven sancionados por ejercer su libertad de expresión. Las convocatorias y manifestaciones contra la represión no han cesado, pero sí disminuido de forma dramática por la ilusión y confianza que se deposita en el gobierno.
Hubo una gran cantidad de ciudadanos que respiraron aliviados, con razón, al ver cómo, en 2019, la izquierda parlamentaria formaba gobierno, en vez de la ultraderecha. Otros alertamos de la peligrosidad de pensar que estaba todo hecho, de que había derechos que no habíamos conquistado todavía y que nos costaría años de lucha organizada. La denuncia de los recortes en derechos que seguimos sufriendo con el paso del tiempo ha de ser continua con el fin de poner en el foco los verdaderos problemas que ahora, la sociedad española, encara en estos dos últimos años de legislatura y en las próximas décadas si no hay una respuesta social acorde al ahogamiento de nuestras libertades.
