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Libertades personales y laicismo

La actitud de algunos obispos católicos (García-Gasco, Cañizares y Rouco) nos debe hacer reaccionar.

La manifestación del domingo 30 de diciembre fue una demostración clara de los obispos integristas de querer imponer a todos los ciudadanos su moral religiosa.

El apoyo a la familia era una excusa para mostrar sus armas políticas al Gobierno del Estado. Allí se dieron cita el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, los Kiko's y todo el batallón de integristas, representados en Cataluña, entre otros, por los E-cristians de Miró i Ardèvol. Sus consignas son un atentado contra los derechos humanos y contra la libertad individual de las personas. Ante estas actitudes sólo cabe ser beligerante; independientemente de las convicciones religiosas de cada uno, debemos dar una respuesta democrática al pensamiento fascista de algunos miembros de la jerarquía católica.

Propongo que todos los partidos que se presentan a las próximas elecciones generales planteen públicamente que quieren la separación efectiva entre Iglesia y Estado y anuncien que convertirán el Estado español en aconfesional y que el laicismo impregnará todas las actuaciones de las administraciones públicas. De igual forma que los representantes políticos deben explicar a la sociedad qué modelo económico, social, ecológico o de organización territorial proponen, también es necesario que expliquen cuál será el modelo de relaciones con las religiones. El laicismo no significa ir en contra de las religiones ni en contra de la práctica de éstas, sino circunscribir la religiosidad al ámbito personal. Los gobiernos deben regirse por los derechos humanos y no por alguna moral religiosa.

La primera actuación que debe hacer el nuevo Gobierno emergente de las urnas el próximo 9 de marzo debe ser la de revisar los acuerdos del Estado con el Vaticano de 1976 y 1979, claramente preconstitucionales y que significan un trato de favor y privilegios para la Iglesia católica que ofende toda conciencia democrática. A partir de aquí, hacer efectiva la separación Estado-Iglesia con una ley de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (que sustituya la ley orgánica de 1980) que deje claras las relaciones del Estado con todas las religiones. Todos los actos de las administraciones públicas, también de la Monarquía y del ejército deben ser verdaderamente aconfesionales.

La financiación actual de la Iglesia católica es un atentado contra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley: está exenta del impuesto sobre la renta, del de sociedades, del IVA, del impuesto sobre transmisiones y donaciones, del IBI. Es necesario eliminar la casilla "Iglesia católica" de la declaración del IRPF y el subsidio de 3.626 millones de euros que recibe del Estado, pagados por creyentes y no creyentes. Al ser entidades privadas, lo más coherente sería que las mantuvieran sus seguidores y fieles con aportaciones voluntarias y fueran tratadas como las otras entidades.

Al mismo tiempo, se debería suprimir la enseñanza de la religión en la escuela financiada con dinero público y poco a poco reducir la aportación del Estado a la escuela privada concertada. La educación religiosa o moral de cualquier tipo se puede impartir en horas extraescolares, nunca obligatorias ni premiadas y nunca financiadas con dinero público. Éste debe utilizarse para construir escuelas públicas laicas y aconfesionales. La educación debe estar destinada a crear ciudadanos libres, iguales y críticos.

Cataluña y España han empezado a superar los fantasmas políticos del pasado con la creación del Memorial Democrático y la Ley de la Memoria Histórica. Ahora queda, para ser un país radicalmente democrático, conseguir una verdadera separación entre Iglesia y Estado y construir un Estado laico.

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