Recuperar las acciones y los razonamientos ontológicos, científicos y jurídicos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizaba ante una acción de inconstitucionalidad contra la ley, aprobada en 2007, que despenalizó la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, es el objetivo de la publicación “Constitucionalidad de la ley sobre aborto en la ciudad de México”.
Este volumen ocho de la colección “Temas para el debate”, editado por Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que fue presentado esta mañana en la Casa Lamm, en la ciudad de México, rescata los momentos clave de este proceso que culminó en agosto de 2008, cuando la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron que las reformas en la Ciudad de México son constitucionales.
Debe recordarse que el 24 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) despenalizó el aborto en las primeras doce semanas de gestación, lo que permitió a las mujeres acceder, en la Ciudad de México, a la interrupción voluntaria de embarazos no deseados. Sin embargo, un mes después el entonces ombudsman, José Luis Soberanes, y el Procurador General de la República (PGR) Eduardo Medina Mora, interpusieron acciones de inconstitucionalidad contra dicha ley.
Sobre estos hechos, Norma Ubalde Garcete, autora de la investigación, dijo en conferencia de prensa que las audiencias públicas de la Corte fueron un proceso enriquecedor en todos los sentidos y que fortalecieron las posibilidades de participación y de debate democrático.
FALTA DE CULTURA JURÍDICA
De acuerdo con el jurista y ex titular de la PGR Diego Valadés, hay una falta de cultura jurídica porque no se entienden ni aplican las leyes. En las constituciones reformadas de nueve de estados, y en la de Sinaloa, donde aún se debate la reforma en la materia, se define al producto de la concepción como nacido para todos los efectos legales; esto significa que en México estamos penalizando el aborto en los términos más rígidos en comparación con los 192 países que existen en el mundo.
La media internacional de sanción del aborto oscila entre los tres y los cinco años, aunque algunos países se eleva hasta nueve o diez años, mientras que en México se pretende que la pena máxima sea de 50 años tomando en cuenta agravantes legales: infanticidio con ventaje, premeditación y traición. “Con esto se pone en duda la razonabilidad de la legislación, lo que significa mayores estragos al Estado de derecho, ya que los legisladores contribuyen a la creación de normas que están llamadas a no ser aplicadas”, afirmó.
ESTADO LAICO EN MÉXICO
Además, Valadés declaró que existe la creencia de que vivimos en un Estado laico, aunque, de ser así, en realidad es muy endeble. Ante ello, dijo que es necesario hacer tres reformas importantes a la constitución.
La primera, al artículo cuarto, para establecer el derecho a la libertad sexual y reproductiva. La segunda, al artículo 24, para que, junto con la libertad religiosa, se garantice la libertad filosófica. “Comparto que en un sistema de libertades todos puedan escoger la libertad de creer en una religión, pero también se debe proteger la capacidad de conciencia filosófica de las personas”, señaló.
En tercer término mencionó que es necesaria una reforma al artículo 40 para que se defina a México no sólo como una república federal, democrática y representativa, sino también laica. “Las posiciones conservadoras priorizan la protección a la vida. Dar libertad a cambio de la vida conduce a la esclavitud. Proteger la libertad es proteger la vida, pero proteger la vida no es proteger la libertad”, aclaró.
Con la penalización del aborto también se limita la investigación, señaló Valadés Ríos. “Es cierto que grupos de mujeres han promovido amparos frente a la penalización del aborto y que en entidades como Baja California y San Luis Potosí se han solicitado acciones de inconstitucionalidad, pero otra estrategia es solicitarle a las universidades que promuevan amparos, pues su capacidad de investigación esta siendo limitada por disposiciones constitucionales”, finalizó.
Al respecto, la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, Rosaura Ruiz, enfatizó que al tratar la interrupción del embarazo en un país laico como México se deben tomar en cuenta argumentos científicos. Dijo que “México está escindido entre la tradición conservadora profundamente arraigada y la necesidad de un desarrollo con equidad”.
Así, subrayó que en el debate del aborto es falso que en la molécula de ADN se encuentre la naturaleza humana. “Para que un ser humano se desarrolle no basta su genoma, sino también un ambiente en el cual desarrollarse. Un conjunto de células no es un ser humano”, acentuó.
