El burka sería un tema a incluir en el argumentario de una propuesta laicista del Estado. Hablar de prohibir el burka sin prohibir otras manifestaciones religiosas es abrir una puerta para, una vez suprimidos los derechos de las mujeres, empezar empezar a recortar sus libertades.
El ministro del Interior está planteándose que la llamada Ley mordaza (para ellos, Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana) incluya durante el proceso de debate parlamentario la prohibición del uso del burka. ¡Ahí es nada!
¿Qué tendrá que ver el burka con la seguridad ciudadana? Pues para el ministro Fernández Díaz, cualquier persona que vaya embozada es peligrosa y hay que ir a por ella. Meter en el mismo discurso a quienes han tomado por norma reventar alguna que otra manifestación tapándose la cara para que no sepamos si es policía –“¡que soy compañero, coño!”-, gente en situación límite e, incluso, ‘tocapelotas’ con las mujeres musulmanas que se ven en la obligación de usar prendas relacionadas con el extremismo religioso no parece que sea una idea brillante, por mucho que no esperemos ninguna de este Gobierno.
Una vez que ha hecho la similitud, le da igual las circunstancias específicas que diferencian a quienes se tapan la cara en las manifestaciones de las mujeres que se tocan con el burka, y piensa que sería buena idea, a consensuar con los grupos parlamentarios, utilizar el mismo castigo: multarlas.
Para rematar la faena, el ministro señala: “Como opinión personal creo que es una prenda que atenta contra la dignidad de las mujeres, pero eso no sería competencia de Interior”. Pues no se meta, hombre, no se meta, porque, efectivamente, la prenda ‘atenta’ contra la dignidad de las mujeres, y debería ser competencia de ese Ministerio, lo mismo que la violencia de género, las agresiones sexuales, y todo lo que ‘atenta’ contra nuestra dignidad.
Hierra el ministro, igual que la Generalitat de Catalunya, que en 24 horas ha cambiado de idea, y ha desistido de incluir la prohibición del burka en espacios públicos en el marco de la Ley de Protección del Espacio Público. Esto viene a cuento por el aumento de ayuntamientos que, en Catalunya, están aprobando normas en las que se prohíbe el uso del burka, normas que luego no se regulan y que no llevan sanciones, que no dejan de ser sectarismo, electoralismo, populismo.
Todos se agarran a lo mismo: la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que avala la ley francesa que prohíbe el burka en los espacios públicos y sobre la que ya ha informado cuartopoder.es. Como decíamos en aquel momento, el uso del burka y del niqab está relacionado no con un tema de seguridad ciudadana, sino con una manifestación religiosa extrema, con islamistas que obligan a ‘sus mujeres’ a cubrirse de la cabeza a los pies, prohibiéndoles así su presencia en el ámbito público, una dependencia absoluta de sus esposos (padres, tutores).
Ahora bien, si puede haber algo positivo en esta perogrullada del ministro Fernández Díaz, si es que llega a presentarla en el Congreso de los Diputados, será conocer el posicionamiento de los grupos parlamentarios porque, de momento, ninguno ha marcado posición en este asunto. Difícil lo tiene el Partido Socialista de Catalunya una vez que no ha reprobado el posicionamiento del alcalde de Lleida, del PSC. Recordemos que este ayuntamiento prohibió, ya en 2010, la utilización del burka y el niqab en los espacios municipales, aunque posteriormente el Tribunal Supremo anuló esta ordenanza, recordando que no es una competencia municipal. CIU lo tienen claro, en varios de los ayuntamientos que gobiernan históricamente han prohibido el uso público del velo integral. Sobre los demás partidos y grupos parlamentarios, no es de extrañar que no hayan incluido nada en sus programas electorales, porque el problema, hasta estas declaraciones de Díaz Fernández, no existía.
Desde el feminismo no hay dudas a este respecto, aunque haya debates en torno a la utilización del velo, no se incluye en la teorización del feminismo islámico su apoyo al uso del velo integral, una vez que este feminismo cuestiona la lectura patriarcal del Corán y recuerda que el libro sagrado del Islam no menciona la obligatoriedad de tapar cuerpo y rostro de las mujeres.
En España, como ya se ha señalado, el uso del burka y del niqab es anecdótico, aunque a muchas personas nos preocupa porque donde hay ese uso, hay una situación de discriminación absoluta; mujeres que no conocen el idioma, por lo que no se pueden relacionar con nadie más allá de su entorno inmediato –familia, mezquita-; que no pueden acceder a un empleo, que no tienen una pizca de autonomía. Por cierto ¿de dónde piensa el ministro que sacarán el dinero para pagar cualquier multa? ¿Las castigará con penas de cárcel si no pagan o con arresto domiciliario? ¿Por qué no se hace un análisis de dónde se usan estas prendas, qué características y condiciones de vida tienen estas mujeres? A partir de ahí el ministro, y su Ministerio, se podrían ocupar en exigir a quién, según él, tiene que velar por la dignidad de las mujeres a que cumplan con su cometido y castiguen a quienes obligan a las mujeres al uso del burka.
Yo estoy en contra del uso del burka, del niqab y de cualquier prenda que impida a las mujeres el disfrute de su libertad y sus derechos. El burka, y el ministro lo sabe, sería un tema a incluir en el argumentario de una propuesta laicista del Estado. Hablar de prohibir el burka sin prohibir otras manifestaciones religiosas es abrir una puerta para, una vez suprimidos los derechos de las mujeres, empezar a recortar sus libertades. Hoy es el burka, mañana pueden ser otras prendas de uso más común, siguiendo la línea de este Ministerio para evitar agresiones sexuales, y al final, mejor nos quedamos en casa, en el súmmum de su idea de protección, en el súmmum de la prohibición.
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