Todo apunta a que, en el próximo trimestre, el Gobierno presente al Congreso de los Diputados su anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa. Una normativa que pretende contribuir en alguna medida a la separación real entre Iglesia y Estado, pero que desde no pocos sectores califican ya de “excesivamente cauta”
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La financiación de la Iglesia “El Estado dedica casi 3.500 millones de euros para sufragar colegios privado-concertados católicos, que además”, denuncia en torno a este tema Maite Pina, “incum-plen la obligación social que tienen, desde el momento que reciben el dinero público, de escolarizar a todo tipo de alumnado. Es decir, seleccionan a su alumnado, impidiendo la escolarización de inmigrantes u otros niños con bajo rendimiento académico”.
En lo que respecta, de otro lado, a la asignatura de Religión, desde Europa Laica su portavoz afirma que “esta asignatura actualmente condiciona los horarios y la organización de los centros educativos, implica la separación de niños y niñas según las convicciones de sus familias, obliga a muchos padres y madres a declarar sus creencias en un documento público—vulnerando así la Constitución—, y supone un gasto de 600 millones de euros al Estado para el pago de salarios de más de 80.000 profesores de religión nombrados por la jerarquía católica y que divulgan, sin ningún control, valores contrarios a la Constitución y a la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
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