El Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala III, Marcelo Domínguez, declaró su incompetencia para tramitar un amparo colectivo promovido en contra del Estado Provincial y su Ministerio de Educación por la enseñanza de la religión católica en establecimientos públicos. El magistrado basó su declaración por tratarse de un tema contemplado entre las potestades originarias de la Corte de Justicia.
A través del amparo promovido por Carina Viviana Castillo, María Laura Rebullida Carrique, María Socorro del Milagro Alaniz, Adriana Mariel Fernández, Nancy Fernández Gómez, Alejandra Glik, María Natalia Simón, Claudia Susana Villarreal Cantizana, Andrea Mariana Leonard y la Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.), se busca la declaración de la inconstitucionalidad del artículo 28 inciso ñ de la Ley Provincial de Educación 7.546 y la inconstitucionalidad e ilegalidad de la enseñanza obligatoria de la religión católica en las escuelas públicas.
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