Honduras es un Estado laico desde 1880, año en que se trasladó la capital de ese país a Tegucigalpa, ciudad ubicada en el departamento de Francisco Morazán, uno de los departamentos más antiguos de esa República de América Central.
La Constitución del 1 de noviembre de 1880, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente, estableció la separación de la Iglesia católica del Estado hondureño. El artículo 24 constitucional disponía: «El Estado tienen el primordial deber de fomentar y proteger la instrucción pública en sus diversos ramos: la instrucción primaria es obligatoria, laica y gratuita. Será también laica la instrucción media u superior. Ningún ministro de una sociedad religiosa podrá dirigir establecimientos de enseñanza sostenidos por el Estado”.
El inspirador de dicha Carta Magna fue el doctor Marco Aurelio Soto, gran reformador de Honduras, y en cuyo gobierno “se estableció la enseñanza laica, gratuita y obligatoria y el estado, junto con los municipios, asumió la obligación de la enseñanza primaria que se extendió a todo el país”, relata el escritor Víctor Cáceres Lara en su obra Gobernantes de Honduras en el siglo 19.
Sobre esta pléyade de liberales a la altura de Benito Juárez y de los liberales mexicanos de su tiempo, Miguel Cálix Suazo señala lo siguiente en su libro Autenticidad de la estatua de Morazán del Parque Central de Tegucigalpa:
“La revolución liberal de Honduras comenzó con Marco Aurelio Soto, quien asumió provisionalmente el poder el día 27 de agosto de 1876 en el puerto de Amapala […] con Ramón Rosa como Secretario General. Este es el gobierno más progresista que ha tenido Honduras y se basó en las ideas de Morazán y la revolución de Miguel García Granados y Justino Rufino Barrios, que a su vez se inspiraba en la revolución mexicana de Benito Juárez…”.
La mención de Cálix Suazo sobre las ideas del paladín de la unión centroamericana –como se recuerda en Honduras a José Francisco Morazán Quezada– debe llevarnos a reconocer el legado de éste, parte del cual menciona Luis Andrés Zúñiga: «creó escuelas e impuso la enseñanza laica y obligatoria». Asimismo, “destruyó las instituciones monásticas; “separó la Iglesia del Estado”, reconoce el poeta hondureño.
La actual Constitución de Honduras, promulgada por la Asamblea Constituyente el 11 de enero de 1982, dispone en su artículo 77: “Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público”.
Este artículo constitucional añade que “los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo”.
La educación pública de carácter laico y a cargo del Estado está consignada en el artículo 151 constitucional que a la letra dice: “La educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza. La educación nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia, inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos hondureñistasy deberá vincularse directamente con el proceso de desarrollo económico y social del país.”
Como usted puede ver, todo bien en Honduras en materia de leyes garantes del Estado laico y de la neutralidad que deben mantener las instituciones públicas frente a las religiosas. Sin embargo, existe un problema que pone en riesgo el modelo educativo laico y antidogmático plasmado en la Constitución de ese país: la polémica moción legislativa orientada a promover la lectura diaria de la Biblia en escuelas y colegios antes del inicio de la jornada educativa. Se trata de un proyecto impulsado por los amantes de la educación confesional, que pone en peligro no sólo el carácter laico de la educación pública en ese país, sino también la seguridad de miles de niños que profesan distintos credos.
El pueblo de Honduras debe unirse a quienes intentan frenar la moción aprobada en el Congreso Nacional, pues si no se hace nada, la lectura de los textos bíblicos, pero sobre todo la interpretación y explicación de éstos generará serios problemas de discriminación en agravio de los alumnos hondureños que profesan una religión distinta a la de los promoventes.
Armando Maya Castro
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