La publicación de un informe del Vaticano sobre un antiguo cardenal estadounidense acusado de crímenes sexuales reavivó la ira de las víctimas contra la Iglesia católica en Estados Unidos, señalada por no haber asumido todavía todas sus responsabilidades.
Treinta y cinco años de impunidad. Ese el margen del que disfrutó el exarzobispo de Washington Theodore McCarrick, entre la primera queja en su contra comunicada por un seminarista a un superior y su destitución, el año pasado, a los 88 años, según el informe de la Santa Sede publicado el martes.
«Como víctima, es siempre repugnante», reaccionó Mark Rozzi, legislador de la asamblea de Pensilvania, quien fue violado por otro cura cuando era preadolescente. «Es desgarrador para las víctimas ver que preferían creer a estos depredadores que a ellos».
Tras una larga ley del silencio, la Iglesia católica estadounidense ha sido cuestionada públicamente con regularidad durante las últimas dos décadas por haber sido escenario de abusos sexuales, pero también por encubrirlos.
El último gesto de transparencia, iniciado por el papa Francisco, es apreciado, pero «el informe me parece que inculpa sobre todo a hombres que hoy ya han fallecido», resalta Zach Hiner, director ejecutivo de la red Snap de apoyo a las víctimas.
Según él, algunos nombres han sido omitidos «porque todavía están en funciones«.
En 2002, la Iglesia católica de Estados Unidos adoptó un reglamento interno que prevé la comunicación sistemática a la justicia en caso de sospechas, el abandono de los acuerdos de confidencialidad y sanciones internas.
Desde entonces, los abusos denunciados disminuyeron significativamente. Aunque, si «la conferencia episcopal (USCCB) pretende hacer como si se tratara de viejos escándalos, algo que ya no ocurre hoy», ejemplos recientes, especialmente los ocurridos en Nueva Orleans entre 2013 y 2015 o en Michigan en 2013, «demuestran que no es así», recalca Zach Hiner.
El responsable de Snap recuerda que la edad media en la que las víctimas de agresión sexual se declaran como tal son los 52 años, por lo que suele existir un efecto de retardo.
«Traición»
Para tener en cuenta ese atraso, a veces considerable, entre los presuntos hechos y las denuncias, varios estados alargaron recientemente el plazo de prescripción de estos delitos.
Algunos, como Nueva York, abrieron incluso una ventana que permitía a las presuntas víctimas comenzar procesos en la justicia durante algunos meses, fuera cuál fuera la fecha de los presuntos hechos. Más de 3.000 personas se han beneficiado ya de esta opción.
La medida pretende luchar contra la impunidad de la que disfrutan centenares de curas sancionados, que normalmente han sido sacados de la Iglesia pero nunca identificados o acusados ante la justicia y finalmente cubiertos por la prescripción. Mark Rozzi espera poder llevar esta ventana a Pensilvania el próximo año.
Para él, la única manera de alcanzar el corazón de la Iglesia es atacar su billetera. «Lo único que la Iglesia católica siempre amó es el dinero», asegura. Esta nueva ola de acusaciones ante la justicia podría elevar la factura por daños e intereses y otras indemnizaciones a más de 4.000 millones de dólares en total desde el comienzo de los años 1980. Declarándose incapaces de afrontar sus obligaciones financieras, al menos 11 diócesis se colocaron en proceso de amparo estos dos últimos años, según el sitio Bishop Accountability.
«La mayoría de veces es falso», afirma sin embargo Mark Rozzi. «Desplazan el dinero a otra parte para proteger sus activos» y no tener que indemnizar a las víctimas.
«Lo único que la Iglesia católica siempre amó es el dinero»
Según el instituto independiente Pew Research Center, la población de católicos es, entre las grandes religiones, la que más rápido se está contrayendo en Estados Unidos.
«La traición en su confianza» que sufrieron los miembros de la Iglesia católica «se extendió durante varias generaciones», explica Stephen White, director de Catholic Project, una iniciativa de la Universidad Católica de Estados Unidos, que trata de ayudar a la institución a evolucionar. «Restaurar la confianza rota llevará décadas», añade.
Y, a pesar de que la asociación CHILD USA reveló, en un informe publicado en octubre, que la puesta en marcha era desigual, regularmente insuficiente y minada por conflictos de intereses, muchas diócesis buscan hacer evolucionar sus prácticas para mejorar la transparencia, mostrarse más vigilantes ante los antecedentes y proteger mejor a las supuestas víctimas.
