Mientras las comunidades de religiosos plantean que hay que asumir las reivindicaciones de las víctimas, la Conferencia Episcopal rechaza formar parte de las pesquisas del Defensor del Pueblo e incluso ponen trabas a sus propias indagaciones
“Si no contamos con las víctimas, no hay nada que hacer”. La reflexión de un obispo muestra el pesimismo de buena parte del episcopado español respecto a las distintas investigaciones planteadas para intentar conocer la realidad de la pederastia clerical. Un pesimismo que, en buena medida, viene motivado por la falta de colaboración activa de la Conferencia Episcopal, y la aparente ausencia total de empatía con los supervivientes de los abusos.
“Pero, además, el problema no es solo no contar con las víctimas, que no lo hacemos, sino convencernos de que lo único que deberíamos hacer es lo que ellas nos pidieran. Las víctimas tienen que estar en el centro y a la cabeza de la solución”, añade el prelado, uno de los pocos que, en la pasada Asamblea Plenaria (celebrada a finales de abril), planteó que la reunión de todos los obispos hiciera un hueco para escuchar, de viva voz, los testimonios y las exigencias de las víctimas de abusos a menores en la Iglesia. Una petición que cayó en saco roto y que muestra a las claras cómo la mayor parte de los miembros de la Conferencia Episcopal “no nos tomamos en serio el problema o, como mucho, solo queremos plantearlo dentro de una realidad la de los abusos, que no se da solo en la Iglesia”.
Una tesis que contrasta, y mucho, con la que está adoptando la gran mayoría de las congregaciones religiosas, a nivel individual y a través de su órgano de coordinación, la Confer, y que plantea un escenario de “dos iglesias” con una forma de actuar radicalmente distinta: la estructura jerárquica episcopal, y los frailes y monjas que, a su vez, también están comenzando a plantear el que seguramente sea el siguiente escándalo en el interior de la Iglesia (y que los obispos, de nuevo, ignoran): los abusos y el maltrato hacia las religiosas. El #MeToo en la Iglesia española es, afirman algunos expertos, cuestión de tiempo.
Y es que la vida religiosa lleva meses encontrándose con supervivientes y asociaciones de víctimas de abusos, de distintas tendencias y con diferentes posturas respecto a las investigaciones sobre la pederastia. A lo largo de esta semana, durante la Asamblea General de Confer, se dieron cuenta de algunos de estos pasos y se señaló un camino a seguir. Así, durante la clausura, el presidente de los religiosos españoles, el dominico Jesús Díaz Sariego, señalaba que “hemos de ofrecer respuestas a esta situación siendo proactivos para cuidar a las víctimas y para evitar que se reproduzca en el presente y en el futuro”.
“Hemos de seguir avanzando, de forma coordinada, en el mutuo acompañamiento sobre el impacto que ha producido en nosotros la realidad de los abusos a menores y personas vulnerables”, recalcaba el religioso, sumándose al clamor expresado a lo largo de las jornadas, en la que tanto él mismo como la vicepresidenta de Confer, Lourdes Perramón, exigieron “ser especialmente receptivos y cuidadosos con las víctimas de dichos abusos. Nos consta su dolor y sufrimiento, callado en muchos casos durante años. Ha sido especialmente doloroso el que las instituciones no hayamos estado del todo a la altura de lo que se hubiera esperado de nosotros al ‘mirar para otro lado’. También, en no pocos casos, con el encubrimiento. A la sociedad le cuesta mucho entender esto”.
El análisis de la realidad desde la mirada de las víctimas hace, según expertos consultados por elDiario.es, cambiar radicalmente las estrategias. Entre los compromisos de los religiosos españoles, que ya se está llevando a cabo en distintos foros, está la de fomentar el encuentro con las víctimas, y asumir sus reivindicaciones, sean del tipo que sea: económicas, de reparación o restaurativas.
Colaboración con las investigaciones
Paralelamente, las diferencias entre el modo de afrontar la lucha contra la pederastia en la Confer y la Conferencia Episcopal también se trasladan a la colaboración con las dos investigaciones planteadas, hasta el momento: la encargada por los obispos al bufete Cremades & Calvo Sotelo y la que ultima el Defensor del Pueblo por mandato del Congreso.
Así, mientras la mayor parte de las comunidades religiosas han mostrado su disposición a abrir sus archivos y colaborar en todo lo que le pidan las dos comisiones, los obispos españoles ya han anunciado que no formarán parte de la investigación encargada por el Congreso al órgano dirigido por Ángel Gabilondo. Es más: no está muy claro que vayan a hacerlo con el bufete al que la misma Conferencia Episcopal contrató.
En una entrevista con Religión Digital, el obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana era claro al respecto: “Los archivos secretos como tales no se abrirán, pero el bufete de abogados al que la Conferencia Episcopal ha encargado investigar los abusos a menores puede pedir información sobre cualquier persona y la Diócesis se lo facilitará”. Esto es: no habrá una investigación directa de los archivos eclesiásticos, sino que se fiará a la discreción de cada obispo qué se entrega y qué no, sin que los peritos de Cremades (y, en su caso, los del Defensor del Pueblo), accedan, sin restricciones, a toda la información.
