Los rectores afirman que son “academias” que no investigan ni doctoran. La fundación científica del Gobierno regional se opone
Los seis rectores de los campus públicos de Madrid (Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Carlos III y Politécnica) se han alzado en contra de la decisión del presidente regional Ángel Garrido (PP) de convertir en universidades privadas tres centros universitarios adscritos: Villanueva (del Opus), ESIC (de la Congregación Religiosa de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús) y Cunef (de la Fundación Española de Banca para Estudios Financieros). Consideran que son “academias sin investigación ni innovación y transferencia” y que no han justificado cómo van a desarrollar su vertiente científica.
Ayer se acabó el periodo público de alegaciones. Ahora la Asamblea de Madrid —en la que el PP no tiene mayoría— debe votar la fundación de estas entidades. En su contra se han pronunciado la mayoría de las universidades madrileñas públicas y privadas y la fundación Madri+d —órgano de la comunidad autónoma—. Además, la Conferencia General de Política Universitaria —al que asisten los consejeros del ramo de toda España— desaprueba, en concreto, el centro Villanueva por falta de garantías de financiación.
“Es inexplicable que a este Gobierno le entren las prisas cuando es probable que salga el equipo que está ahora”, opina el diputado madrileño Juan José Moreno (PSOE), que fue secretario general de Universidades con Ángel Gabilondo, en alusión a las elecciones de mayo. El cartel del PP lo encabezará Isabel Díaz Ayuso.
Lorenzo Bermejo, director de Ordenación Académica de Villanueva —el único centro que ha querido hablar para este diario— defiende su proyecto: “Llevamos acumulando experiencia desde 1997 y queremos profundizar con nuevas titulaciones. Ser un centro adscrito limita tus maniobras y no puedes diferenciarte”. Cuentan con 2.000 alumnos y aspiran a alcanzar los 2.500. Bermejo explica que cumplen los parámetros de investigación a los que les obliga la Fundación Madri+d y lamenta que sus profesores “tienen ciertas limitaciones para participar en proyectos, por ejemplo de la Unión Europea”.
Según la Ley Orgánica de Universidades (LOU), el Gobierno tiene que determinar los requisitos básicos para la creación de las universidades. Pero, de facto, las comunidades ignoran la opinión del Ejecutivo, aunque la Agencia Nacional de Acreditación podría, finalmente, vetarles los títulos que pretenden impartir si no se ajustan a sus criterios. Los campus privados han crecido de 12 a 34 desde 1997, el último año en el que se constituyó una pública, la Pablo Olavide (Sevilla).
Los rectores de los campus públicos madrileños tampoco entienden la prisa de Garrido para dar luz verde a estos centros privados cuando aún no se ha aprobado una norma que regule el espacio universitario de la comunidad. El 15 de marzo de 2018, una semana antes del caso máster, la entonces presidenta madrileña Cristina Cifuentes se equivocó al votar y su propia ley de universidades no resultó aprobada. Era un texto más exigente para la creación de nuevas universidades, que los rectores de la pública habían peleado. Garrido, sustituto de Cifuentes, dejó en suspenso aquella norma, que contaba con el respaldo de Ciudadanos.
Los rectores afirman que en el proyecto de estos centros “no se detecta una base para establecer con éxito programas de doctorado, máxime debido a la carencia sobre actividad investigadora, de innovación y de transferencia de conocimiento”. Las privadas, por norma general, apenas doctoran. Cunef señala en su proyecto que en dos años contará con 30 doctorandos.
Al rechazo de los rectores hay que sumar la muy significativa oposición manifestada en la Fundación Madri+d, creada en 2002 por el Gobierno autonómico para “contribuir a la calidad de la educación superior”. Un portavoz de la Consejería Educación reconoce que en el acta de una reunión celebrada por este órgano se recoge la evaluación contraria a estos proyectos académicos. El Gobierno autonómico pondrá estos informes negativos a disposición de los grupos politicos “y ellos decidirán”.
ESIC, especializada en marketing, oferta ocho títulos sumando Industriales y Turismo; Cunef, centrada en las finanzas, cuenta nueve grados al incorporar ahora Ingeniería Informática y Matemáticas; y Villanueva prosigue con sus ocho grados, que incluyen Magisterio y Ciencias Sociales.
“El reconocimiento del estatus de Universidad debe ir unido al de “universalidad”, se quejan los rectores, y el catálogo es de pocos títulos, en pocas ramas de conocimiento y escaso alumnado. No superan los 2.000 estudiantes, una cifra inferior a algunas facultades de la Complutense.
NO HAY ESPACIOS PARA LA INVESTIGACIÓN
“La memoria no contempla espacios para laboratorios docentes y de investigación”, afirma la Comunidad de Madrid en un informe.
“No es posible que quede a nivel de promesa el doctorado”, desconfían las universidades públicas.
“Hay ausencia de proyección internacional de reconocimiento de calidad”, aseguran los rectores de la pública.
La fundación Madri+d, del Gobierno regional, exige “incremento de proyectos de investigación para fomentar la actividad investigadora”.
“Los títulos ofertados son muy reducidos y el número de alumnos muy limitado”, critican los rectores.
CUNEF SE ARRIESGA A PERDER SU SEDE EN LA COMPLUTENSE
El Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef) pertenece a Fundación Española de Banca para Estudios Financieros y está adscrito a la Universidad Complutense, que recibe hoy una parte del dinero de las matrículas de sus 1.500 alumnos. Ocupa unos terrenos en la Ciudad Universitaria de este campus tras firmar un acuerdo con la universidad de la que depende en 2010 para establecerse allí hasta el año 2060. Pagaron un canon inicial de siete millones de euros y desde entonces uno anual de 250.000 euros. La Complutense afirma en sus alegaciones que si Cunef se independiza no puede continuar estando allí —aunque cuente con ello en su memoria financiera y económica— pues así se acordó en una cláusula: “Resulta indisponible la sede de Cunef para albergar una universidad privada (…) por el hecho de perder la condición de una universidad pública, instituto público de investigación o centro adscrito a una universidad pública”. Cunef ha declinado hablar con este diario.
