Ucranianas que quieren interrumpir su embarazo se topan con las restrictivas leyes del país que las acoge y que son muy diferentes a las de Ucrania, donde los derechos reproductivos sí están protegidos
Cuando cayeron las primeras bombas rusas sobre Ucrania, Myroslava Marchenko trabajaba como ginecóloga en una clínica privada de Kiev. Al día siguiente de la invasión, una de sus pacientes tenía programado un aborto porque las pruebas prenatales habían detectado una alta probabilidad de síndrome de Down.
Nunca se vieron en la clínica. Al igual que millones de personas en todo el país, Marchenko y su paciente huyeron de Ucrania para ponerse a salvo. Cruzaron la frontera con Polonia, donde los abortos por anomalías fetales o “por motivos eugenésicos”, en el lenguaje del Tribunal Constitucional del país, son ilegales.
Marchenko recuerda la conversación que tuvo con su paciente: “Me llamó y me dijo: ‘Dios mío, no sé qué hacer, porque pasan las semanas y cada vez estoy más embarazada, pero no quiero continuar con el embarazo, mi país está en guerra, no puedo gestionarlo’”. Fue la primera vez que comprendió el impacto que las leyes polacas sobre el aborto, y las barreras que se habían erigido para impedir que las mujeres accedieran a la anticoncepción de emergencia, podían tener en las vidas de las personas. Marchenko le dijo a su paciente que debía salir de Polonia y viajar a la República Checa para poder interrumpir su embarazo de forma segura.
Más de dos millones de personas provenientes de Ucrania se han refugiado en Polonia desde el comienzo de la guerra en febrero, y la gran mayoría son mujeres con hijos. Aunque los dos países comparten historia, cultura y frontera, tienen un enfoque completamente diferente en cuanto al acceso de las mujeres a la salud reproductiva.
En Ucrania, el aborto es legal si se solicita en las primeras 12 semanas de embarazo, los anticonceptivos orales se venden sin receta médica y la píldora del día después es de fácil acceso. En Polonia, el aborto está prácticamente prohibido y es el país europeo donde el acceso a los anticonceptivos es más difícil, según el Foro Parlamentario Europeo. Muchos médicos se niegan a recetar la anticoncepción de emergencia o incluso los dispositivos intrauterinos (DIU) por razones éticas, argumentando que son similares a un aborto.
Dependen del azar
Oxana Lytvynenko es una activista ucraniana que ha vivido en Polonia 16 años y que defiende los derechos reproductivos de las mujeres. Ha estado ayudando a las refugiadas en los puntos de recepción desde que comenzó la guerra y afirma que muchas mujeres ucranianas ignoran que una vez crucen la frontera no podrán acceder a servicios de salud reproductiva.
“No están en absoluto preparadas para la situación que se encontrarán en Polonia en lo relativo a sus derechos en salud reproductiva, no conocen la ley. Incluso si alguien ha leído un artículo en alguna parte sobre el aborto en Polonia, siguen pensando: ‘Vale, no practican abortos a demanda, pero si lo harán cuando haya motivos de peso”, dice. “Es difícil porque no queremos volver a traumatizar a estas mujeres justo cuando se sienten felices de haber llegado a un lugar seguro. No parece el momento adecuado para decirles la verdad”.
Lytvynenko dice que se ha encontrado con mujeres en la frontera que le han pedido ayuda para acceder a tratamientos para interrumpir un embarazo. Subraya que la posibilidad de acceder a los servicios de salud reproductiva depende del azar.
“Si las mujeres que necesitan píldoras abortivas cruzan la frontera, depende realmente del interlocutor que se encuentren”, dice. “Si es alguien progresista, feminista, entonces podrán ponerlas en contacto con las personas adecuadas. Pero si no es la persona indicada, o es alguien religioso, no habrá manera. No les importará o dirán que el hijo que esperan es un ángel de Dios y que deben seguir con el embarazo”.
Propaganda religiosa en la frontera
Los integrantes del movimiento antiabortista de Polonia se han desplazado hasta la frontera para recibir a las refugiadas embarazadas. En las primeras semanas de la guerra, los voluntarios del grupo Vida y Familia empezaron a repartir folletos en los puntos de recepción de refugiados en los que se mostraban fetos desmembrados y se citaba el aborto como la mayor amenaza para la paz. Los folletos también aconsejaban a las mujeres embarazadas que denunciaran a la policía a cualquier persona que les hablara de la posibilidad de abortar.
Marchenko está a la espera de que Polonia reconozca su título de Medicina. Ha estado trabajando con Federa, una organización polaca de derechos de la mujer, y ha puesto en marcha una línea telefónica en ucraniano para las mujeres que buscan ayuda sobre dónde acceder a los servicios de salud reproductiva. Explica que la línea telefónica recibe unas 10 llamadas al día, de las cuales el 10% son consultas sobre cómo abortar.
Algunas de las preguntas que recibe Marchenko son de mujeres con embarazos deseados que ahora que se han convertido en refugiadas ya no se sienten capaces de seguir adelante con el embarazo. Otras son de mujeres que se han quedado embarazadas tras reunirse con sus maridos, que ya trabajaban en Polonia antes de la guerra. “Aunque haya una guerra, todo lo relativo a la salud reproductiva sigue estando presente, sobre todo porque muchas de estas mujeres aún no han podido acceder a anticonceptivos”.
Aborcyjny Dream Team, un grupo que ayuda a las mujeres a conseguir pastillas abortivas en el extranjero, afirma que desde el comienzo del conflicto 158 ucranianas han contactado con ellos en busca de ayuda.
Continuar hacia Alemania
Mientras se están denunciando y recabando pruebas de violaciones y otras agresiones sexuales a mujeres ucranianas, activistas y políticos de Polonia están cada vez más preocupados por cómo las víctimas de violaciones que huyen a Polonia podrán someterse a un aborto legal si lo necesitan.
Entre 2010 y 2020, se practicaron en Polonia menos de cinco abortos legales al año por motivos de violación, y las mujeres necesitaron el permiso de un fiscal. Partidos de izquierdas han propuesto recientemente enmiendas a un proyecto de ley sobre la acogida de refugiados ucranianos, que obligaría a los fiscales a expedir la documentación necesaria para abortar en caso de violación en un plazo de siete días. La propuesta fue rechazada por la cámara baja del Parlamento polaco.
“Mi única esperanza es que ninguna de las mujeres ucranianas que necesitan un aborto intente conseguirlo legalmente en Polonia”, señala Lytvynenko. “Espero que sigan su ruta hacia el oeste, hacia Alemania. Porque una vez que le digan a un médico polaco contrario al aborto que están embarazadas, están acabadas”.
