En Catalunya, la decisión implica a varios centros de Sant Boi, Manresa y Garraf.
Las principales órdenes religiosas que regentan unos 75 centros sanitarios en España, como los Camilos, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y Hospitales Católicos de Madrid, difundieron ayer un manifiesto contra la ley de Eutanasia, que entra en vigor mañana, después de ser aprobada en el Congreso el pasado marzo.
En Catalunya, el sistema sanitario incluye a varios centros de gran relevancia que dirigen estas organizaciones, como el Parc Sanitari de Sant Boi, el de Althaia en Manresa, ambos de la orden de Sant Joan de Déu, o el hospital comarcal de Garraf, de Los Camilos, además del hospital infantil de Sant Joan de Déu en Esplugues, los principales centros de salud mental y equipamientos sociosanitarios.
Vall d’Hebron crea un grupo asesor para acompañar a sus médicos y el curso de Salut suma mil inscritos
En ninguno de ellos se atenderá el derecho a una muerte asistida a petición de un paciente. Según la ley, puede solicitarlo una persona con enfermedad grave y en situación de sufrimiento insoportable, crónico e irreversible. La nueva ley considera este derecho una prestación de la cartera de servicios de la sanidad pública.
Según el manifiesto dado a conocer ayer en Madrid, “acelerar la muerte, ya sea por acción o por omisión de tratamientos y cuidados debidos a cualquier persona al final de su vida o en situación de grave discapacidad, nos parece un daño irreparable que no estamos dispuestos a infligir a nadie”. Consideran la asistencia médica a la muerte solicitada “una acción suicida o una actuación homicida”. Creen que “es un error, porque supone un desprecio por la dignidad humana, ya que suprime a la persona a manos de otras personas”.
Desde las organizaciones sanitarias, que están preparándose desde hace algunas semanas para atender las solicitudes que la nueva ley permite, se hace hincapié en cambio “en el respeto más absoluto a quien lo solicita y en el convencimiento de que lo que se ha regulado es la muerte médicamente asistida en supuestos en los que difícilmente alguien podría decir que vivir así es una vida digna”, recuerda Rosa Burgos, presidenta del Comité de Ética Asistencial del Vall d’Hebron.
Las órdenes religiosas insisten en que con suficientes recursos, apoyo y cuidados paliativos estos deseos de poner fin a la vida se diluyen. Y creen que sus centros pueden proporcionarlos hasta cubrir todas las necesidades de los pacientes.
Desde otros equipos asistenciales, que no ponen en duda de que se trata de un derecho del paciente y una prestación de la sanidad pública, creen que se confunde al ciudadano cuando se oponen cuidados paliativos a la eutanasia. “Consideramos que realmente deben ir de la mano, son complementarios”, añade Rosa Burgos.
Salut abrió la semana pasada la inscripción a un curso para profesionales sanitarios para conocer la ley, los protocolos de actuación y los circuitos asistenciales que procurarán que los médicos que se hagan responsables del proceso tengan en todo momento la tutela y acompañamiento técnico y ético necesario para atenderla correctamente. “En las primeras 24 horas se inscribieron más de mil profesionales”, apunta Clara Pareja, subdirectora de ordenación sanitaria del departamento de Salut y quien ha puesto en marcha las herramientas que necesitarán los profesionales. “Para asegurar una atención personalizada en la que siempre se podrá consultar a expertos”.
En el hospital Vall d’Hebron han creado un grupo asesor para acompañar a los facultativos en todo momento. “Asegurándonos que podrán acceder rápidamente a las valoraciones de distintas especialidades, también de trabajadores sociales y del comité de ética”, añade Rosa Burgos.
