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Las leyes ‘cásate con tu violador’ persisten en 20 países para evitar condenar a los agresores

Países como Rusia, Tailandia y Venezuela permiten la anulación de la condena por violación si el agresor se casa con la mujer o niña a la que atacó, según un informe de la ONU.

Veinte países del mundo aún permiten que los violadores se casen con sus víctimas para escapar de una condena penal, según el informe anual de la ONU sobre la situación de la población en el mundo. Estados como Rusia, Tailandia y Venezuela permiten la anulación de la condena por violación si el agresor se casa con la mujer o niña que atacó. 

La doctora Natalia Kanem, directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), que publicó el informe el miércoles pasado, dice que este tipo de leyes son “profundamente erróneas” y que son “una forma de someter a las mujeres”. 

“No nos podemos escudar en una ley para negar derechos. Las leyes de ‘Cásate con tu violador’ le delegan el peso de la culpa a la víctima e intentan suavizar una situación que es penal”.

Dima Dabbous, directora de la oficina de la región de Oriente Medio y África de Igualdad Ya, dice que las leyes reflejan una cultura que “no piensa que las mujeres deban tenerautonomía corporal y que las considera como una propiedad de la familia”. “Es una perspectiva tribal y obsoleta que mezcla la sexualidad con el honor”, dice la experta, cuya investigación aparece citada en el informe del UNFPA.

Dabbous añade que es “muy difícil cambiar estas leyes, pero no es imposible”. En Marruecos se derogó la ley tras una ola de indignación generalizada cuando un mujer joven se suicidó tras ser obligada a casarse con su violador. Jordania, Palestina, Líbano y Túnez cambiaron sus leyes poco después. 

Sin embargo, en Kuwait todavía se permite que el violador se case legalmente con su víctima si lo autoriza el tutor de la mujer. En Rusia, si el agresor ya ha cumplido los 18 años y ha violado a una menor de 16 años, puede eludir el castigo si se casa con la víctima.

En Tailandia, se considera que el matrimonio puede ser parte del acuerdo tras una violación, si el criminal tiene más de 18 años y la víctima tiene más de 15, si ella “consintió” el crimen y si el tribunal otorga el permiso de matrimonio. 

En 57 países, el 45% de las mujeres no pueden decidir sobre utilizar anticonceptivos

Las leyes y prácticas de matrimonio que subyugan a las mujeres están muy generalizadas y son difíciles de erradicar, dice el UNFPA, que informó de que 43 países aún carecen de leyes que penalicen la violación conyugal. Sin embargo, estas no son las únicas formas en que se somete a las mujeres, a las niñas, a las personas con discapacidades y a las personas con orientaciones sexuales diversas.

El informe, que se enfoca en la autonomía corporal -la capacidad de tomar decisiones sobre el cuerpo propio, sin violencia ni coerción-, enfatiza que a casi la mitad de las mujeres (45%) en 57 países se le niega el derecho a aceptar o rechazar tener relaciones sexuales con su pareja, utilizar anticonceptivos o recibir atención médica.

En Malí, Níger y Senegal, la situación es especialmente horrorosa. Menos de una de cada diez mujeres toma sus propias decisiones sobre cuestiones de salud, anticoncepción y relaciones sexuales con su pareja.

“Debería escandalizarnos a todos el hecho de que casi la mitad de las mujeres todavía no puede tomar sus propias decisiones sobre si tener o no relaciones sexuales, utilizar anticonceptivos o recibir atención médica”, dice Kanem. “Básicamente, cientos de millones de mujeres y niñas no son dueñas de su propio cuerpo. Sus vidas están bajo el control de otras personas”. 

Más de 30 países limitan la libertad de las mujeres fuera del hogar, mientras las niñas y los niños con discapacidad tienen casi tres veces más posibilidades de ser sometidos a violencia sexual, quedando las niñas aún más expuestas.

La educación es fundamental para mejorar la autonomía corporal, según el informe. El documento también pide modificar leyes con este fin, así como reformar las normas sociales para trabajar en la igualdad de género. Los profesionales del área de la salud también tienen un papel esencial. 

“La negación de la autonomía corporal es una violación de los derechos humanos fundamentales de mujeres y niñas que refuerza desigualdades y perpetua la violencia que surge de la discriminación de género”, dice Kanem. “Se trata nada menos que de la devastación del espíritu, y debemos ponerle freno”. 

Traducido por Lucía Balducci

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