Los partidos del Gobierno acogen divididos las dudas que plantea Bruselas La UE analiza si Roma vulnera la normativa sobre las ayudas del Estado
Después de casi 10 años de trampear la cuestión, el Gobierno italiano deberá afrontar desde la raíz las exenciones fiscales que concede a la Iglesia católica. La Unión Europea (UE), a través de la Comisión, acaba de pedir una "información adicional" sobre la materia, para analizar si el Italia distorsiona el mercado europeo a través de subvenciones ilegales a las actividades comerciales de la Iglesia. La intervención de Bruselas ha levantado una ola de reacciones de los políticos, en su mayoría contrarias a lo que algunos han calificado de "injerencia".
Mientras los partidos de la izquierda, los Verdes y los Radicales de la excomisaria Emma Bonino han aplaudido la iniciativa, los conservadores y una parte del centroizquierda han rechazado la "intromisión". "¡Bruselas haría mejor investigando los paraísos fiscales!", ha dicho Antonio di Pietro, fundador del partido Italia de los Valores (IdV), de la mayoría progresista.
BRUSELAS SE DEFIENDE
"La Comisión no debe alimentar la sospecha de una UE anticristiana", ha lamentado el exministro conservador de Exteriores Rocco Buttiglione. Sin embargo, desde Bruselas, el portavoz de la Comisión, Johannes Laitenberger, puntualizó ayer que "la acusación no tiene ningún fundamento" porque lo que está en juego "no es el respeto por una organización, sino una cuestión de respeto a los principios del Derecho comunitario", que prohíbe la concesión de ayudas estatales que distorsionen el libre mercado.
El anterior Gobierno de Silvio Berlusconi había eximido a la Iglesia católica italiana de pagar los impuestos municipales (IBI) sobre los inmuebles, le había rebajado en un 50% los impuestos sobre los beneficios de las sociedades, y le había eximido de pagar el IVA para las instituciones, como hospitales y escuelas, que realizan una actividad de asistencia o beneficencia.
CIEN MIL EDIFICIOS
Se trata de unos 100.000 inmuebles distribuidos en toda Italia, que deberían cotizar por el IBI un total de 2.200 millones, pero no lo hacen. Ente ellos se encuentran 135 universidades, 399 jardines de infancia y 2.314 casas parroquiales, pero también 5.000 camas –únicamente en Roma– en conventos y antiguas residencias religiosas, que están a disposición de los turistas-peregrinos, a los que les cuesta menos el alojamiento que en un hotel.
"Finalmente se reconoce la anomalía italiana de las ayudas del Estado", señalaron los jóvenes de la Federación Socialista Juvenil. Aprovechando el malestar por el acoso del Ejecutivo progresista hacia los evasores fiscales del país, la derechista Alianza Nacional ha calificado de "increíble la ofensiva del Gobierno contra la Iglesia". El vicepresidente del Congreso por la Liga Norte, Roberto Calderoli, ha invitado a la Iglesia incluso a excomulgar "a quienes en Italia apoyen a la UE" y ha advertido a Bruselas de que "evite esas graves interferencias, porque no serían tolerables". El portavoz de Forza Italia, el partido de Berlusconi que también está aprovechando el malestar fiscal, ha invitado a Romano Prodi, jefe del Gobierno, a "tomar distancia de los anticlericales que se agitan en su coalición" y a "defender el papel insustituible de la Iglesia".
La ley aprobada durante el Gobierno conservador, retocada por el Tribunal Supremo, corregida por el Constitucional y reinterpretada por el actual Ejecutivo progresista, establece ambiguamente que quedan exentos del IBI los edificios "no exclusivamente comerciales". Por esta razón, es suficiente que en un edificio de propiedad de la Iglesia haya un templo para que quede exento del impuesto, aunque en otra parte del inmueble se ubique un centro comercial.