El fiscal sostiene que antes, en España, habían participado «en actividades a favor de la organización yihadista».
Las dos españolas casadas con yihadistas y repatriadas desde Siria hace casi dos años, se enfrentarán a una petición del fiscal de seis años de cárcel, acusadas de integración en organización terrorista por haberse desplazado «voluntariamente» a zona del Dáesh con sus maridos, «aceptando el mismo destino que ellos».
Esa es la tesis que defiende la Fiscalía en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso a la espera de que se señale fecha para el juicio. Entretanto, este lunes se celebrará una vista en la Audiencia Nacional para decidir si se les prorroga otros dos años la prisión provisional hasta el límite máximo de cuatro años de cárcel preventiva. Las dos permanecen en prisión desde el 10 de enero de 2023.
Según el fiscal, «las investigadas siempre mostraron su voluntad de ser miembros del Dáesh», y solo «la completa pérdida de control territorial» en Siria e Irak, así como las condiciones de vida en el campo de acogida de Al Hawl, en el este de Siria, en el que vivían con sus hijos, fue el motivo de que quisieran «ser repatriadas a España«.
A lo largo de su escrito, el fiscal analiza el papel de cada una y sostiene que antes de viajar a Siria participaron en España «en actividades a favor de la organización yihadista». Yolanda Martínez, señala, compartía ya entonces la ideología de su esposo, «mostrándose de acuerdo en no permanecer estática ante el conflicto sirio y pasar a la acción».
Tuvo además «un papel destacado» dentro del grupo de las mujeres de los integrantes de la Brigada Al Andalus«, y, como prueba de ello, el fiscal esgrime una carta de despedida que dejó la acusada antes de desplazarse a Siria y que fue intervenida a uno de lo miembros de la Brigada Al Andalus.
Esta era una célula terrorista liderada por un marroquí que estuvo preso en Guantánamo, Lahcen Ikassrien, que se dedicaba a reclutar yihadistas en Madrid en el entorno de la mezquita de la M-30 para enviarlos a Siria o Irak. Los maridos de las dos acusadas, uno ya fallecido, fueron investigados por su integración en ese grupo.
A Luna Fernández, la Fiscalía también le atribuye «un rol clave» y de «liderazgo» dentro del citado grupo de mujeres de los integrantes de la Brigada.
Con estos antecedentes, continúa el escrito, las dos viajaron a Siria con sus maridos «con la plena voluntad de formar parte» del Dáesh y la finalidad de poner a su disposición «toda su capacidad en las funciones que la propia organización les asignara, por muy básicas que fueran éstas». Durante su estancia en Siria, «las investigadas han realizado todas las pautas de conducta que se esperan de la mujer integrada en el Estado islámico», afirma el fiscal.
Respecto de sus roles como esposas, explica que mientras «una ayudaba y soportaba la actividad de su esposo, miembro de un tribunal yihadista dentro del Estado Islámico, la otra ayudaba y soportaba la actividad de su esposo, combatiente en las filas del Dáesh». En cuanto a su función como madre, el fiscal se remite al informe pericial a los trece menores a cargo de ambas y que fueron repatriados juntos a ellas y puestos bajo custodia de la Comunidad de Madrid.
«Desde una edad muy temprana los menores se han desarrollado en un entorno altamente ideologizado en el que se realizaba una interpretación extremista y rigorista de la fe islámica», indica el informe.
En ese período, prosigue, «los menores no informan de haber acudido a ninguna escuela ni centro educativo. Por sus edades, es lógico que los más pequeños no lo hicieran», pero no así los mayores. Eran sus madres quienes les daban clase de diversas materias y les instruían «en el aprendizaje de su visión de la práctica islámica y sus valores”.
