Frente al silencio de la Iglesia, Gobierno y el sistema de salud en Argentina, cada vez más víctimas de abusos por parte de clérigos se atreven a denunciar sus casos. Hasta el punto en el que el número de religiosos acusados de agresiones sexuales contra niños se ha duplicado en el último año, a la vez que las autoridades eclesiásticas empiezan a darse cuenta de, en palabras del arzobispo Héctor Aguer, «la crueldad de estos delitos y la importancia de que ninguno de los culpables quede impune».
Karen Maydana recuerda que tenía 9 años cuando el sacerdote Carlos José la acarició en el banco de una iglesia frente al altar. Fue su primera confesión antes de la primera comunión.
Culpa al trauma provocado por ese momento en 2004 de un intento de suicidio cuando era adolescente. Y sin embargo nunca había hablado en público sobre lo ocurrido hasta este año. Tras escuchar que dos mujeres que estudiaron en su escuela de la localidad argentina de Caseros sufrieron supuestos abusos del mismo sacerdote, se les unió como denunciante en un caso que en julio llevó a la detención del cura para una investigación por agresiones sexuales agravadas.
«Lamentablemente estamos apareciendo muchas, pero a la vez te llena de fuerza y esperanzas para poder seguir en esta lucha», dijo Maydana, de 22 años. «Y digo, bueno, a mi sobrina de nueve años que va a tomar la primera comunión no le va a pasar esto».
Las acusaciones son parte de una tendencia al alza: mientras el Papa Francisco lucha para cumplir su promesa de «tolerancia cero» contra los abusos sexuales cometidos por sacerdotes en todo el mundo, las víctimas en su Argentina natal realizan denuncias a un nivel sin precedentes. Un análisis de The Associated Press mostró que el número de curas identificados públicamente como presuntos agresores sexuales ha aumentado drásticamente en los dos últimos años.
Los expertos atribuyen el repunte a un cambio cultural, ya que las víctimas se sienten con más valentía para denunciar los abusos, la fiscalía está más inclinada a investigar las quejas incluso en casos ocurridos hace décadas, los medios de comunicación son cada vez más agresivos a la hora de reportar estas situaciones y los juzgados están dispuestos a dictar sentencias ejemplares.
«Es un efecto dominó», dijo Anne Barrett Doyle, codirectora de BishopAccountability.org, un grupo con sede en Estados Unidos que recopila datos de abusos del clero.
En Estados Unidos, se han liberado archivos confidenciales de cientos de curas pedófilos bien a través de litigios civiles, acuerdos u órdenes judiciales. Su contenido reveló que altos cargos de la jerarquía eclesiástica trabajaron en la sombra para controlar el escándalo y ocultar los casos a las autoridades y a los feligreses.
«Lo que es realmente destacable aquí es que las víctimas en Argentina no tienen las mismas herramientas legales que vemos en otros países, y aun así seguimos viendo un incremento significativo de los casos», agregó Barrett Doyle.
La AP compiló una lista de 66 sacerdotes, monjas y monjes que, desde 2001, han sido acusados de abusar presuntamente de docenas de personas, la mayoría niños. La cifra se obtuvo a partir de testimonios de las víctimas, documentos judiciales y eclesiásticos y reportes de medios locales corroborados con la base de datos de BishopAccountability.org. El número de denuncias nuevas se mantuvo por debajo de los 10 anuales entre 2000 y 2015. Pero desde principios del año pasado, las víctimas han identificado a 21 más, la mayoría acusados de abusos cometidos hace décadas.
«En Argentina estamos en el inicio recién de la crisis de los abusos», dijo en el obispo de San Francisco, Sergio Buenanueva, en la provincia argentina de Córdoba.
«Seguramente la Iglesia en Argentina va a conocer un increscendo de estas denuncias», añadió el prelado, que dirige un consejo eclesiástico para este tipo de abusos.
Para lidiar con un esperado incremento de casos, dijo que la Iglesia está planeando crear su primera base de datos integral sobre abusos clericales. Buenanueva viajó recientemente al Vaticano, donde se reunió con miembros de la comisión que asesora al pontífice sobre el tema para discutir políticas de prevención para Argentina, incluyendo formar al clero para detectar a posibles agresores y víctimas.
Las víctimas de los abusos también están pasando a la acción. Maydana y sus compañeras de escuela, Mailin Gobbo, de 29 años, y Yasmin Detez, de 25, visitaron recientemente la iglesia y el colegio adyacente en el que estudiaron para describir a periodistas lo ocurrido, señalando que esperaban que esto ayudase a proteger a otros niños. Otras cuatro mujeres se unieron a su caso desde que denunciaron al cura ante las autoridades.
«Exponerme no me importa si eso significa que otras personas van a poder hablar», declaró Gobbo, que decidió hablar en público tras el nacimiento de su hija.
El sacerdote está acusado de abusar de Gobbo y Detez en una piscina y en la escuela.
«Me sentaba en sus piernas y me preguntaba si era una nena buena, mientras me daba besos en el cuello y me tocaba», contó Detez mientras Gobbo lloraba a su lado.
José dijo ante un tribunal que es inocente y que el caso ha prescrito. Además está recurriendo su orden de detención.
Algunos de los acusados siguen ejerciendo su labor pastoral. En varios casos no se han llevado a cabo pesquisas canónicas ni judiciales. Algunas denuncias fueron investigadas y rechazadas. Otras, especialmente en los últimos años, derivaron en detenciones y condenas.
Una corte de la provincia de Entre Ríos condenó este año al cura colombiano Juan Diego Escobar Gaviria a 25 años de prisión por abusar sexualmente de cuatro niños, uno de ellos de 10 años. Esta es, hasta la fecha, una de las sentencias más severas contra un sacerdote pedófilo en Argentina.
«Me siento satisfecho con la condena», dijo Alexis Endrizzi, de 18 años y que agredido por Escobar cuando tenía 12. «Se puso del lado de las víctimas».
Otros dos religiosos de la misma provincia están a la espera de juicio por cargos de pedofilia tras denuncias presentadas este año.
En uno de los casos más impactantes, la fiscalía señaló que al menos 20 alumnos del Instituto Provolo para niños sordos y mudos, en la provincia de Mendoza, sufrieron abusos. Algunas de las víctimas dijeron que fueron agredidas por un cura italiano, Nicola Corradi, quien había sido acusado de lo mismo por docenas de estudiantes de la escuela Provolo en su país, donde nunca enfrentó a la justicia. Corradi, que ahora es un anciano, fue acusado formalmente por las autoridades argentinas en noviembre y está bajo arresto domiciliario a la espera de juicio. Su abogado declinó realizar comentarios sobre cómo se declara su cliente o sobre otros detalles del caso.
Los defensores de las víctimas se preguntan cómo Francisco podía no estar al tanto de las denuncias contra Corradi, que fue identificado públicamente por víctimas italianas desde 2009 a 2014.
Uno de los casos que ha permanecido en el tiempo es el del sacerdote Héctor Ricardo Giménez, que había sido detenido tras varias denuncias de abuso en 1985 y 1996, pero a quien los tribunales dejaron en libertad.
En 2013, Julieta Anazco guió a otras mujeres a enfrentar a Giménez mientras oficiaba una misa en la capilla de un hospital, acusándolo de haber abusado de ella y otras más décadas atrás, cuando eran niñas.
«Nos bañábamos en grupo. Se metía a las carpas duchas y nos enjabonaba con la excusa de ayudarnos», dijo Anazco, que llegó a ser la presidenta de la Red de Víctimas de Abuso Sexual Eclesiástico.
El arzobispo de La Plata dijo en un comunicado a la AP que la Iglesia había hallado a Giménez culpable de abusos previos y que había sido apartado de las labores pastorales, una sanción habitual en sacerdotes mayores acusados de este tipo de delitos.
El arzobispo Héctor Aguer se reunió con Anazco en 2015, escuchó sus denuncias y «compartió la crueldad de estos delitos y la importancia de que ninguno de los culpables quede impune», agregó la nota.
En un primer momento, la denuncia penal de Anazco fue desestimada, pero el caso se reabrió más tarde y sigue pendiente, según su abogado.
La AP intentó comunicarse con Giménez, que tiene unos 80 años, en el asilo donde vive en la ciudad de La Plata, pero se negó a hablar.
Ni la Iglesia, ni el gobierno o el sistema de Argentina han ofrecido cifras oficiales sobre los abusos clericales cometidos en el país, y el asunto sigue siendo tabú.
Pero el Papa Francisco intentó romper el estigma telefoneando a Rufino Varela luego de que revelara que en su infancia fue agredido por un sacerdote en una escuela a la que también asistió el presidente del país, Mauricio Macri. Otros alumnos del centro dijeron a la AP que sufrieron abusos del mismo cura, ya fallecido.
El pontífice prometió «tolerancia cero» contra los abusos, pero señaló que nunca tuvo que enfrentarse a este problema como arzobispo de Buenos Aires, cargo que ocupó entre 1998 y 2013. Recientemente, reconoció que la Iglesia llegaba «tarde» a reconocer la magnitud del problema y los daños que había causado a las víctimas, y añadió que la culpa era la práctica de encubrir y trasladar a los pedófilos.
Muchas víctimas argentinas de abusos dicen sentirse abandonadas por la Iglesia.
«Te das cuenta de las complicidades, de cómo encubre la jerarquía de la iglesia católica al cura abusador… hasta llegar al Vaticano», dijo Anazco.
