Un fallo del Supremo obliga al municipio a pagar 18 millones con un presupuesto de nueve Las religiosas se muestran ahora más flexibles y negocian con el Consistorio
Las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús y el Ayuntamiento de Godella han acercado posturas sobre el contencioso que les enfrenta desde hace años. El Tribunal Supremo condenó en 2012 al Consistorio, que tiene un presupuesto de nueve millones de euros, a pagar 11 (que sumando los intereses rondan ya los 18 millones), como consecuencia de la declaración de una zona verde pública en terrenos de la congregación en el Plan General de Ordenación Urbana del año 1990.
Aquel plan fue recurrido por las religiosas y la justicia no zanjó el litigio hasta una década después dando la razón al Ayuntamiento. Para entonces, la ley del suelo había cambiado y establecía que las expropiaciones debían pagarse a precio de mercado. Las monjas, como se las conoce en Godella, pidieron que los terrenos les fueran expropiados acogiéndose a una previsión legal que así lo establece para las zonas que han sido catalogadas como públicas en un plan general. La zona, que había sido valorada por el Ayuntamiento en 180.000 euros en 1990, se había revalorizado fuertemente como consecuencia de la burbuja inmobiliaria y el Jurado Provincial de Expropiación estableció en 2006 que valía 11 millones.
La tasación fue recurrida por el Consistorio, y el Supremo la confirmó en 2012 añadiéndole el pago de los intereses. El Ayuntamiento manifestó que le resultaba imposible asumir tal cantidad, vio como sus iniciativas de inversión quedaban bloqueadas y empezó tomar cuerpo la posibilidad de una intervención judicial del Gobierno local acompañada de una subida de impuestos locales, eliminación de servicios municipales y despidos.
Las monjas, que gestionan un conocido colegio en Godella, un municipio de 14.000 habitantes cercano a Valencia, han trasladado ahora al Ayuntamiento un acuerdo que en líneas generales contempla reducir la indemnización a siete millones de euros, que serían unos 10, incluyendo los intereses de demora. La congregación retendría 9.179 metros cuadrados del área que iba a expropiarse, mientras que pasarían a manos municipales 16.907 metros cuadrados para hacer el llamado parque de la Devesa.
A la oferta, que se está negociando con el Tribunal Superior de Justicia valenciano como árbitro, el Ayuntamiento ha respondido solicitando cancelar la parte correspondiente a los intereses de demora, argumentando que el terreno nunca ha llegado a estar bajo control municipal.
El Consistorio que dirige Eva Sanchis, de Compromís, en alianza con el PSPV-PSOE y Esquerra Unida, ha planteado también acordar un plan de pagos que permita ir pagando la deuda poco a poco para no tener que aplicar grandes recortes. Y también ha propuesto aumentar la parte del terreno que conservarían las Religiosas del Sagrado Corazón, lo que reduciría la factura; valorar el suelo de acuerdo con los usos permitidos y la edificabilidad; pagar con otro terreno que es propiedad municipal una parte del suelo expropiado, y modificar los límites de la zona que se quedaría el Consistorio para mejorar los accesos.
El acuerdo aún no se ha alcanzado y el Ayuntamiento tiene la intención de tratar el asunto con los representantes de la sociedad civil del municipio antes de cerrar un pacto. Pero la situación ha cambiado porque durante meses la congregación pareció menos proclive a la negociación, sabedora de que contra la sentencia del Tribunal Supremo no cabe recurso y que si las partes no se ponían de acuerdo el modo de ejecutar el fallo quedaba en manos del Tribunal Superior de Justicia valenciano.
