La historia de Lal Bibi es insólita. No porque fuera violada en venganza por un supuesto desaire de un pariente lejano al responsable de su agresión. Eso sucede demasiado a menudo en Afganistán. EEUU y sus aliados echaron a los talibanes del poder, pero no han sido capaces de arrancar la mentalidad talibana de la que aún está imbuida buena parte de la población. Lo sorprendente en el caso de esta joven afgana de 18 años es que su familia se ha puesto de su parte y está pidiendo justicia para no verse obligada a asesinarla como exigen las costumbres tribales que rigen la vida de los afganos más humildes.
“Lal Bibi, su madre y otros miembros de su comunidad se encuentran en Kabul pidiendo justicia”, confirma Samira Hamidi, la directora nacional del Afghan Women’s Network (AWN), en un correo electrónico. En un paso sin precedentes en Afganistán, los notables de su clan e incluso el clérigo de la mezquita local han recurrido a una organización de mujeres en busca de ayuda. AWN ha facilitado refugio a la joven y su madre. “Ahora necesita ayuda médica, así como un buen abogado que defienda su caso”, añade Hamidi.
El calvario de Lal Bibi empezó el pasado 17 mayo cuando un grupo de policías se acercó a la jaima en la que vivía con sus padres a las afueras de Kunduz y, sin mediar palabra, se la llevaron secuestrada. El jefe la entregó a un hombre, luego identificado como Khudai Dad, que la encadenó a la pared y la violó y golpeó durante cinco días, según ha dejado constancia un informe médico. Al parecer, el maltratador estaba vengando una afrenta al honor que le hizo un primo lejano de la joven, que no está claro si pidió a una de sus hijas en matrimonio y no tuvo dinero para la dote, o trató de escaparse con ella.
Lal Bibi es la menor de una familia de kuchis, pastunes seminómadas dedicados al pastoreo y que se encuentran por toda la geografía de Afganistán. Con uno de los índices de analfabetismo más altos del país, los kuchis, cerca de tres millones, siguen el código de conducta pastún, el pastunwali. Según esa ley no escrita, una mujer que ha tenido una relación fuera del matrimonio (incluso por la fuerza) queda deshonrada y debe suicidarse para evitar que la mancha se extienda a su familia. De no hacerlo, compete a su padre o hermanos acabar con su vida.
“Ya soy una persona muerta”, reconoció la joven en una entrevista con The New York Times el pasado junio. Sin embargo, cuando volvió a casa tras ser liberada por el violador, sus familiares la llevaron al hospital de Kunduz y presentaron una denuncia en la oficina del gobernador. Luego, ante la lentitud del proceso, decidieron trasladarse a la capital en busca de ayuda para que se castigue a los culpables, sin lo cual no ven otra salida que la muerte de la muchacha.
“Si la gente del Gobierno no lleva a los responsables ante la justicia, voy a prenderme fuego. No quiero vivir con este estigma en la frente”, ha confirmado Lal Bibi.
“Hemos entrado en contacto con el ministro del Interior, el viceministro de Seguridad y la oficina del Presidente para tratar de que reciban a la familia y al representante de la tribu de Lal Bibi”, explica la directora de AWN. “Resulta emocionante ver una cuarentena de notables apoyándola y pidiendo justicia, además de su confianza en las activistas y organizaciones de mujeres”, subraya.
Sin duda se trata de un caso sin precedentes, que contradice la extendida convicción de que los afganos están satisfechos con las extemporáneas normas tribales por las que se rige su vida fuera de las ciudades. Este suceso apoya a quienes defienden que es la ausencia de un sistema judicial justo, barato y accesible lo que lleva a la mayoría a recurrir a la mediación tribal o los jueces talibanes. La Justicia afgana adolece de medios humanos y materiales; sus escasos empleados carecen de suficiente preparación y a menudo se dejan influir por presiones de políticos o milicianos, cuando no son directamente corruptos.
La familia de Lal Bibi no solo está rompiendo con la tradición sino que su valentía pone a prueba el compromiso del Gobierno con la igualdad de la mujer y los derechos humanos. Su respuesta va a revelar hasta qué punto está dispuesto a cuestionar la impunidad de los numerosos grupos armados que operan en el país, en especial esa policía local, creada por EEUU para dar seguridad a las zonas rurales ante su salida de Afganistán en 2014 y que parece estar campando por sus respetos.
Al menos un hermano de Khudai Dad, Shaki Dad, es miembro de ese cuerpo, lo que habría permitido disponer del vehículo y los hombres para su captura. Aunque hay discrepancias sobre la pertenencia a la policía local de todos los implicados (un portavoz de las fuerzas de EEUU lo ha negado), la directora de AWN afirma con seguridad que “Lal Bibi fue secuestrada y violada por un grupo de policías locales”. El fiscal militar de Kunduz parece estar de acuerdo porque ha abierto una investigación y logrado la detención de los dos hermanos Dad, aunque el autor material del secuestro sigue en paradero desconocido.
La violación de Lal Bibi y otras tropelías contra mujeres afganas conocidas en las últimas semanas han llevado a Michelle Bachelet, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, a pedir que se ponga fin a esos abusos. “Esta brutalidad es intolerable y ONU Mujeres insta al Gobierno afgano a tomar medidas urgentes para responder a estos crímenes, llevando a los culpables ante la justicia; y a poner fin a una cultura de impunidad y crear una cultura de tolerancia cero para la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas”, declara en un comunicado.
