“Justicia pretende que siete religiones puedan recibir un 0,7% de la recaudación del IRPF:musulmanes, judíos, evángelivos, budistas, mormones, ortodoxos y Testigos de Jehová”, gracias a este breve texto nos enteramos de los planes del Gobierno para llegar “al café para todos” en materia de financiación estatal a distintas confesiones religiosas, y que vendrían a sumarse a la ya privilegiada Iglesia Católica y así acceder a unos fondos que, además, obligan a declarar sobre algo tan personal y privado como es la pertenencia a alguna religión.
Nuestra Orden, que proclama en el artículo tercero de su Constitución Internacional el máximo respeto a las creencias y a las no creencias de las personas, entiende que estas deben manifestarse en el ámbito privado y, por supuesto, no afectar en ningún momento a la actividad del Estado, en consecuencia queremos poner de manifiesto ante la opinión pública nuestro total y absoluto rechazo a medidas de este tipo por cuanto suponen una vulneración del principio de laicidad del Estado.
Desde la Federación española de Le Droit Humain defendemos el derecho de toda persona a poder practicar, sin la menor cortapisa, la religión que se adecue a sus creencias siempre y cuando, por supuesto, tal práctica no atente contra Derechos Fundamentales tanto de sus adeptos como de la sociedad en general. Defender la libertad religiosa no incluye que el Estado deba sufragar los gastos de confesión alguna, ni convertirse en el recaudador de ningún tipo de tributo, tasa o cotización que tenga como fin la financiación de cualquier confesión religiosa .
Aprovechamos para pedir que el movimiento “del café para todos”, en aras de promover una sociedad laica, se reconvierta para que ninguna religión, por implantada que se encuentre en la sociedad española, reciba más fondos que aquellos que pueda recaudar directamente de sus fieles y por sus propios medios, evitando que ningún ciudadano o ciudadana españoles deba figurar en ningún registro oficial como perteneciente a organización religiosa alguna.
Finalmente, denunciamos los estudios del Ministerio de Justicia tendentes a implantar en nuestra legislación medidas que recogen preceptos religiosos, ya que de la regulación de algo tan banal como las festividades se puede pasar a admitir, y dotar de rango de Ley, no ya costumbres si no normas que vulneren claramente derechos que se encuentran por encima de las creencias.