Que quede bien claro mi profundo respeto con todo aquel que profese unas creencias religiosas y que las considere fundamentales para su proyecto vital. Como también con aquellos otros que no las tengan, lo que no es óbice para que puedan dar pleno sentido a su vida, buscando otros referentes de esta vida terrenal. Me merecen igual consideración ambas conductas. No obstante, es claro que a lo largo de la historia bajo el pretexto de imponer determinada uniformidad religiosa, se han cometido monstruosos atropellos con numerosos seres humanos. En nuestro propio pasado tenemos dramáticos ejemplos: la expulsión de los judíos y los moriscos. ¡Y qué podemos decir del Tribunal de la Santa Inquisición que persiguió cruelmente a otros muchos disidentes!
Por ello, España ha tenido una larga e impuesta tradición religiosa católica. Además para determinadas corrientes ideológicas, como el nacional-catolicismo la españolidad ha estado indisolublemente unida a la catolicidad y cualquier intento modernizador y secularizador dirigido a superar la confesionalidad del Estado, la libertad de conciencia y de religión, debe ser radicalmente rechazado; aquel que rompe la unidad religiosa rompe la nación española, y viceversa; los heterodoxos son antirreligiosos y por consiguiente antinacionales y anti-españoles. Aunque tradicionalmente esta corriente de pensamiento ha sido vinculada, casi exclusivamente, con el franquismo, a lo largo del siglo XIX, se fue configurando y adquiriendo unas características propias.
En tiempos de la dictadura franquista el Concordato de 1953 firmado por el Estado español y la Santa Sede en su artículo 1º especificaba: La Religión Católica, Apostólica Romana, sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico. Así aparecía reflejado ya en el Fuero de los Españoles de 1945. El catolicismo fue elevado a rango de religión oficial y beneficiado de numerosas prerrogativas económicas, en materia de educación y de moral, con una fuerte discriminación a las demás confesiones.
La llegada al pontificado de Juan XXIII con la convocatoria del Concilio Vaticano II obligaron al régimen de Franco a modificar su actitud y condujeron a la Ley de libertad religiosa el 28 de junio de 1967. No obstante, la redacción de la ley fue muy laboriosa. Pedro Cantero, prelado de Huelva, advirtió de que la España del momento no estaba preparada para el ejercicio de una libertad religiosa. Blas Piñar habló de una posible de revancha del protestantismo español y pregunta: «¿Vamos ahora a derribar el espíritu de la Cruzada?».
En la ley se concede preeminencia a la confesionalidad del Estado sobre la libertad religiosa, invirtiendo los términos expresados por el Concilio Vaticano II, como ya habían hecho los obispos años antes. El texto contemplaba el derecho a mantener cementerios propios y a elegir enseñanza religiosa. Sin embargo, los cultos no católicos fuera del templo requerían un permiso del gobernador civil y sus locales debían ser autorizados. Los protestantes expresaron su decepción. Sacerdotes progresistas la criticaron porque la consideraban restrictivo. Por el contrario, el episcopado se apresuró a publicar una declaración en la que respaldaba los principios recogidos por la ley.
Esta tradición histórica deja impronta, incluso cuando se implantó un régimen democrático. De ahí las relaciones Iglesia-Estado tal como se establecieron en los Acuerdos de 1976 y 1979. Según el teólogo Juan José Tamayo, en esas fechas, tanto la Iglesia católica española y el Vaticano por un lado; y, por otro, la clase política, en su mayoría, estaban de acuerdo que el Estado confesionalmente católico heredado del franquismo era un anacronismo en la Europa democrática del momento. Había que establecer las relaciones Iglesia- Estado sobre unas nuevas bases. Los principales partidos políticos, conocedores de la historia de la II República, no quisieron que nuevamente la “cuestión religiosa” volviera a envenenar la convivencia entre los españoles; y además siendo conscientes de que la Iglesia era todavía una poderosa institución capaz de perturbar una transición tranquila a la democracia, se marcaron el objetivo de llegar con ella lo más pronto posible a un acuerdo negociado. De no haberse logrado, probablemente nuestra Transición Democrática hubiera sido diferente.
El 28 de julio de 1976 se firmó al primer Acuerdo en el que el gobierno renunciaba a sus privilegios de patronato eclesiástico, y la iglesia reafirmaba su lealtad con la libertad religiosa y su renuncia a determinados privilegios jurídicos del Concordato de 1953. En el año 1979 se firmaron los cuatro Acuerdos, sobre Asuntos Jurídicos, Enseñanza y Asuntos Culturales, Asuntos Económicos; y Relaciones entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas. En los primeros, se reconoce a la Iglesia católica el libre ejercicio de sus funciones, la personalidad jurídica civil de la Conferencia Episcopal. En los segundos, se sanciona el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos, el carácter no obligatorio de la enseñanza religiosa, se reconocen los derechos adquiridos por las Universidades de la Iglesia y se sientan las bases para la conservación de su patrimonio cultural. En los terceros la Iglesia declara su intención de allegar por sí misma los medios que le son necesarios, mientras que el Estado se compromete a una colaboración económica hasta que ello se produzca y se le conceden a la Iglesia determinadas ventajas fiscales. En los últimos se garantiza la asistencia religiosa al personal católico de las Fuerzas Armadas a través del Vicariato Castrense y la desaparición de los privilegios en el servicio militar de los clérigos.
En el intermedio se elaboró la Constitución de 1978, en la que se hicieron más concesiones a la religión católica. En el artículo 14º se establece: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia. Sin embargo, en el artículo 16.3. después de declarar que el Estado no tiene ninguna religión oficial señala: Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Esta mención expresa a la religión católica, desde las jerarquías católicas tienden a entenderla como si tuviera un derecho preferente. Y no debería ser así, ya que todos los españoles somos iguales ante la Ley.
Lo que parece claro, si el Estado español no es un Estado religiosamente confesional, en este sentido, y sólo en este sentido, se puede y se debe decir que la sociedad española es una sociedad laica. Porque es así como los ciudadanos del Estado español hemos querido, libre y mayoritariamente, organizar nuestra sociedad, nuestras instituciones y nuestra convivencia. Puede hablarse también de un Estado constitucionalmente laico ya que nuestra Constitución, en su artículo 1º dice: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes. Tales poderes no tienen su origen en una instancia sobrenatural o religiosa. Conviene aclarar el concepto de laicismo: doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente el Estado, de toda influencia eclesiástica o religiosa. Y anticlericalismo: animosidad contra todo lo que se relaciona con el clero. Son conceptos diferentes. No tiene nada que ver con anticlericalismo, como desde las jerarquías católicas pretenden señalar.
No deberíamos olvidar que los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, así como algunos artículos constitucionales, anteriormente mencionados se alcanzaron en un determinado contexto político, que hoy es muy diferente, ya que la democracia es irreversible y las fuerzas políticas dominantes son otras. Además la sociedad española actual es muy distinta a la de 30 años atrás, ya no es el monolito cultural que se pretendió conseguir hasta bien entrada la segunda mitad del siglo pasado. La globalización de las comunicaciones, el flujo de capitales y mercados por doquier y, especialmente, los movimientos migratorios están generando una nueva sociedad, con personas de culturas, tradiciones, intereses, creencias y maneras de entender la vida, no sólo diferentes, sino con frecuencia antagónicos. Por último, hoy es una sociedad democrática, así lo establece nuestra Constitución, y por ello es posible la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Los cambios, anteriormente expuestos, han producido una España diferente, en la que la Iglesia católica está descolocada, ya que no puede entender ni adaptarse al cambio, ni acepta el pluralismo, ni le cabe en la cabeza una sociedad laica, ni por supuesto ha sabido adaptarse a una sociedad democrática, sobre todo, porque es una institución per se antidemocrática; de hecho el Estado del Vaticano, es la última monarquía absoluta que queda en Europa.
En base a todo lo expuesto, hoy, no es de recibo el mantenimiento de unos Acuerdos, que podrían explicarse y justificarse en determinadas circunstancias coyunturales, que han desaparecido de pleno.
Por ende, somos muchos los ciudadanos que hoy en España deseamos la revisión y modificación, cuando menos, de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, para que no haya ningún tipo de privilegio que coloque a la Iglesia y a sus fieles en una situación en la que, de hecho, los católicos tengan unos derechos y unas ventajas que no tienen el resto de los ciudadanos. La Iglesia española recibe cada año del Estado (o sea de todos los ciudadanos, sean o no católicos) cantidades de dinero difíciles de precisar con exactitud para costear el sueldo de obispos y sacerdotes; el de los profesores de religión católica en la escuela pública y concertada; para el mantenimiento del patrimonio arquitectónico de la Iglesia. Las instituciones católicas reciben, directa o indirecta, una financiación del Estado por valor de 3.000 millones de euros anuales. Además la Iglesia disfruta ahora mismo de más beneficios tributarios que en los tiempos de la dictadura franquista.
Todo lo expuesto parece muy oportuno para hacer una mejor valoración de la visita a España, el pontífice Benedicto XVI. Puede ir y venir a donde le parezca oportuno a transmitir a sus seguidores sus mensajes. No obstante, el sacerdote y catedrático de Filosofía lucense Xosé Alvilares acaba de decir “Los llamados "viajes pastorales" son exhibición de un "poder" mundial y mundano que choca con el más reconocido espíritu del Evangelio. "Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para que os vean, porque entonces no tenéis mérito ante vuestra Padre que está en los cielos" (Mateo, 6, 1) Es el Cristianismo como espectáculo, que Jesús rechazó en las tentaciones”.
Tal como he pretendido exponer en los párrafos precedentes, de acuerdo con la aconfesionalidad del Estado español y en ciertos aspectos con una sociedad y un Estado constitucionalmente laicos, es difícil de entender que las administraciones públicas asuman una parte del gasto de este viaje que es de un colectivo de personas concretas. El coste estimado de la visita del Papa en las Jornadas Mundiales de la Juventud será de 50 millones de euros.
Además, el Estado, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid han firmado un acuerdo de colaboración con la Iglesia Católica, por el cual se ceden los institutos públicos de la Comunidad como lugar de residencia para los asistentes a estas jornadas, ocasionando gastos de personal, electricidad, agua, instalación de duchas, desperfectos,…A las ayudas directas del Estado, la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, hay que sumar lo que el Estado dejará de ingresar en forma de impuestos, ya que el Gobierno deducirá entre un 45% y un 90% de lo que gasten los patrocinadores del evento (Grupo Prisa, Sogecable, Intereconomía, Vocento, Unidad Editorial, Iberia, FCC, Acciona, Telefónica o el Grupo Santander entre otros). Insisto que yo no me indigno por la visita del Papa, con la que algunas personas estarán de acuerdo y otras no, sino con su financiación pública con el dinero de la ciudadanía, especialmente en un momento en el que se están recortando numerosos servicios sociales con el argumento de que es necesario disminuir el gasto público. En el viaje que realizó a Inglaterra el Papa, la Iglesia católica británica pidió a las 22 diócesis de Inglaterra y Gales y a las 8 de Escocia que aportasen una cantidad determinada para sufragar los gastos.
Igualmente sería conveniente y deseable ya, que nuestras autoridades, como representantes públicos, no asistieran a las ceremonias católicas del viaje del Papa, como se hacía en tiempos del nacional-catolicismo. Sin embargo, el arzobispo de Toledo y primado de España, Braulio Rodríguez, nos ha advertido a todos aquellos que nos oponemos a la financiación pública del viaje, no al viaje «estamos haciendo el ridículo mundial» con las críticas que está habiendo a la organización de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y ha abogado por que «no seamos paletos».
Quiero replicarle al ínclito arzobispo de Toledo. Si España ha perdido muchos trenes para incorporar al progreso de la historia, buena parte de culpa recae en la jerarquía católica española. Lo dijo muy claro Nicolás Masson de Morvilliers en 1782 en un artículo que la Enciclopedia dedica a España:
“El español tiene aptitud para las ciencias, existen muchos libros, y, sin embargo, quizá sea la nación más ignorante de Europa. ¿Qué se puede esperar de un país que necesita permiso de un fraile para leer y pensar ?
