La circunstancia inaceptable desde cualquier punto de vista, es el ejercicio gubernamental con base en reglas morales de cualquier religión, porque eso contiene el grave riesgo de atropellar los derechos de quienes no la comparten.
El significado de la palabra laicidad en el diccionario de la Real Academia Española dice a la letra: “Principio de separación de la sociedad civil y de la sociedad religiosa”, importante por múltiples razones, de entre las cuales menciono, la garantía de preservar la libertad de culto.
Nuestra Constitución manifiesta este valor en diversas partes del texto dejando clara la intención de los legisladores, y me manifiesto aquí por completo a favor de que cada mexicano o mexicana tenga plena libertad para profesar la religión, culto o rito que le parezca.
La circunstancia inaceptable desde cualquier punto de vista, es el ejercicio gubernamental con base en reglas morales de cualquier religión, porque eso contiene el grave riesgo de atropellar los derechos de quienes no la comparten. Hablando de la atención sanitaria, sólo con fines expositivos, le suplico estimable lector, imagine a un secretario de Salud que profese la religión de la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová y que con base en sus convicciones prohibiera las transfusiones en el país.
Por supuesto sus correligionarios estarían conformes, pero los demás seguramente no, de tal manera que es una responsabilidad del secretario y del gobierno en general, vigilar que cada persona pueda actuar de acuerdo a sus convicciones, pero de ninguna manera se las imponga a quienes no las comparten.
Los gobernantes mismos deben tener, también, libertad plena para profesar la religión o fe que elijan, pero en el ámbito del servicio público deben comportarse y tomar decisiones como si no profesaran ninguna, procurando el respeto de todas y todos los ciudadanos.
Este último supuesto ético no se ha cumplido en las dos últimas administraciones, claramente identificadas con la Iglesia católica y reflejados en el abandono de la política en planificación familiar, en educación sexual y reproductiva de adolescentes, en la carencia de normatividad relativa a reproducción asistida o del impulso a la estrategia para evitar que las mujeres mueran por aborto o por otras causas maternas.
La disociación del Instituto de Perinatología de todos estos temas, como si la perinatología no fuera parte del evento reproductivo, es otro hecho que lo demuestra y, sólo como detalle curioso le comento, estimable lector, que hace unos días se me invitó en esa institución a comentar, desde el punto de vista ético, el caso de una mujer embarazada con un padecimiento muy grave que solicitó la interrupción del embarazo y al momento de tomar la palestra me apagaron el proyector.
Los resultados de estas decisiones fundadas en una moral católica tienen como consecuencia muchas muertes prevenibles.
Cabe la esperanza ante el cambio de administración y con el nombramiento de la doctora Mercedes Juan López, profunda conocedora de los temas de salud e investigación científica con sus fortalezas y rezagos, además de haber demostrado perspectiva ética.
