La laicidad acerca a la sociedad hacia una democracia deliberativa y sustantiva, típica de un Estado constitucional de derecho (y de derechos). El reapoderamiento religioso implicaría un retroceso para la cultura política y la búsqueda de la d
Vivimos en un país paradójico, y de esa forma nos han educado: existe una separación formal entre la iglesia y el Estado, pero vivimos cubiertos de mensajes televisivos, novelas, símbolos patrios, noticias periodísticas y convencionalismos de carácter religioso. Nos dicen que la lucha de emancipación de la religión sobre la cosa pública se libró y ganó el siglo pasado, y que ese triunfo se ha reafirmado con el tiempo, progresivamente. Sin embargo, pareciera que justo ahora, las piezas de este poder fáctico comenzaran a moverse otra vez; pareciera surgir un intento para recuperar el terreno perdido. En esta partida Estado laico-Religión ¿ponen las piezas de la Iglesia en jaque a la laicidad?
Conocer el contexto da sentido a la pregunta anterior. El año pasado se aprobó una reforma constitucional que reafirmó el carácter laico del Estado (República Laica, art. 40), pero además, se realizó otra sobre el artículo 24 (cercana a ser aprobada). Con la primera, se reforzó un principio fundamental para las sociedades democráticas: la laicidad. Con la segunda, los grupos pro Religión podrán buscar dos cosas: reformas para modificar las disposiciones de los artículos 3º y 130 constitucionales (poco factible); o una interpretación de la Constitución que les permita obtener beneficios del artículo 24 junto con los otros mencionados (sobre educación, y medios de comunicación, entre otros). Para muestra del problema, un botón: el tema de la educación.
Cuando discutían la modificación del artículo 24, de manera preocupante se intentó agregar un enunciado que buscaba que en la educación pública, los niños se educaran según las creencias religiosas de los padres (educación religiosa). Afortunadamente, esta disposición, claramente contraria a la educación laica establecida en el citado artículo 3º (de los logros más importantes resultado de la separación del Estado y la Iglesia), fue rechazada. De no ser así, la educación pública hubiera estado expuesta a necesidad de incluir la religión dentro de sus contenidos. Sin embargo, la opción de una interpretación así aún es posible.
La incompatibilidad está en que la educación laica es antidogmática, promueve el pensamiento crítico y la discusión; la religión enseña dogmas sagrados e indiscutibles que no deben cuestionarse y que se imponen por argumento de autoridad. La primera considera que no hay verdades sagradas libres de revisión y crítica, es el antídoto contra el dogmatismo, las verdades únicas, la intolerancia y el fanatismo (como mencionaba Jorge Carpizo). La segunda se sostiene en una Verdad (así, con mayúscula): la de Dios. La cultura laica promovida en la escuela va a contracorriente de las ideas promovidas por la Iglesia, muchas veces excluyentes de quienes no las comparten.
La laicidad como principio consiste, a muy grandes rasgos, en que la legitimidad de las instituciones no proviene de una entidad sobrenatural, sino de la soberanía popular. En el Estado laico se vive en un contexto de tolerancia y pluralidad en el que coexisten de manera pacífica distintas religiones e ideologías y de esta forma se garantiza también el derecho a la libertad religiosa. Es decir, el Estado laico no ataca a las religiones, sino que permite la existencia de todas sin la imposición de alguna. Este principio funciona como garantía para que las religiones cohabiten sin excluirse entre ellas y para que no se coaccione a quienes no profesan credo alguno, reconociéndoles la libertad de no creer (siendo así también un derecho).
En la práctica, el problema impacta en temas de discriminación a grupos por sus preferencias ideológicas y sexuales, pero también a minorías religiosas y a no creyentes (ateos y agnósticos), así como en los derechos reproductivos de las mujeres (aborto). Es claro que cuando se confunden la política y la fe, estas minorías son perseguidas y marginadas.
A inicio de semana, esta cuestión fue discutida en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el seminario Laicidad y Educación inserto en el marco de la Cátedra Benito Juárez. Ahí, prácticamente todos los participantes coincidieron en que parece avecinarse una ola antilaica de grupos relacionados con las iglesias (en particular la católica, por su dominancia) para obtener poder en temas de educación y de medios de comunicación. Entre otros, Luis Salazar Carrión, Lorenzo Córdova, Diego Valadés, Pedro Salazar, José Woldenberg, Roberto Blancarte, Blanca Heredia, y José Narro (Rector UNAM), consideraron que existen grupos que buscan echar abajo las reformas secularizadoras, poniendo en riesgo el Estado laico.
En torno al análisis de este problema, se presentó la Carta Laica, documento receptáculo de ideas e iniciativas fundamentales en el tema, tales como la Declaración Universal de la Laicidad en el Siglo XXI. La Carta (que será presentada formalmente en unas semanas, con firmas de los personajes que la apoyan) es una toma de postura sobre el tema, pero también un llamado a los poderes del Estado y sus autoridades para que realicen las acciones necesarias para maximizar el principio de la laicidad.
Considero que la laicidad acerca a la sociedad hacia una democracia deliberativa y sustantiva, típica de un Estado constitucional de derecho (y de derechos), y que el reapoderamiento religioso implicaría un retroceso para la cultura política y la búsqueda de la democracia. Como mencionó Salazar Carrión, la democracia siempre lucha por la democracia, ésta nunca se realiza plenamente, nunca termina su lucha, y si se deja de luchar por ella, inmediatamente se degenera, junto con sus instituciones democráticas. La lucha por la laicidad del sistema implica que el Estado no pierda el control de lo público frente a la Iglesia, para que ésta se mantenga dentro de su plena libertad privada.
La partida de ajedrez entre Iglesia y Estado Laico debe terminar en tablas, donde la primera se quede en el espacio de la esfera privada, como le corresponde, y el segundo controle la esfera pública, permitiendo la convivencia de quienes conciben al mundo de distintas maneras; tanto los que creen en su religión, como los que no creemos en nada.
El mensaje es bastante claro, para terminar la partida en tablas, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
* Vladimir Chorny es Licenciado en derecho y docente (UNAM). Ha sido asistente de investigador y activista por los derechos humanos y la democratización del sistema de medios de comunicación. Miembro #YoSoy132
