Laicidad e Iglesia católica: la necesaria superación del conflicto

Actualmente estamos viviendo fuertes tensiones entre el Gobierno y la Iglesia, tensiones que también existieron en otras legislaturas pero que en ésta se han manifestado con más crudeza.

Estas tensiones tienen como trasfondo el cambio sociocultural que se ha producido en España en las últimas décadas. En esta polémica intervienen por un lado creyentes que no aceptan que se legisle sin tener en consideración los postulados de la Iglesia y, por otro, ciudadanos que menosprecian las tradiciones religiosas. Junto a éstos hay otros muchos ciudadanos, creyentes y no creyentes, con posturas más tolerantes e integradoras. La dialéctica laicidad-religión requiere de todos el abandono de prejuicios y extremismos -el doble fundamentalismo, laicista y religioso- y caminar por la senda del diálogo, la autocrítica, la colaboración y la convergencia. Desde nuestra condición de seres humanos, y respetando las diferencias, es precisa la unión en torno a la dignidad de la persona que nos conduzca a la solidaridad, el trabajo por la justicia, la libertad y la emancipación humanas.

El texto sobre libertad religiosa es, junto con la Constitución sobre la Iglesia en el mundo, el documento del Concilio Vaticano II que trata de la relación de la Iglesia con la sociedad actual. Fue un texto muy polémico que la minoría tradicional intentó parar, pero la decisión del Papa Pablo VI lo evitó y, tras diversas modificaciones, fue aprobado con tan sólo 70 votos en contra. La postura finalmente recogida parte de la dignidad humana, de la libertad responsable de cada uno y la limitación del poder público en lo concerniente a la religión. La obligación de cada individuo de adherirse a la verdad se garantiza con la carencia de coacción en la sociedad. Se afirma la obligación de que cada persona ha de seguir los dictados de su conciencia y el derecho de la educación de los hijos según las convicciones de sus padres. También se reconoce el derecho de las comunidades religiosas a predicar, desarrollarse y vivir su fe, siempre que no violen las exigencias del orden público y no coaccionen a los demás.

El impacto del Concilio fue muy fuerte en España y rechazado por parte del Gobierno de Franco y sectores católicos muy conservadores. Tras la dictadura se buscaron fórmulas para que el hecho religioso no dividiese de nuevo a la sociedad. Esto quedó recogido en la Constitución que dictamina la separación entre el Estado y la Iglesia, en ella se afirma la no discriminación por motivos religiosos, la libertad de religión y el derecho a la educación religiosa. El artículo 16.3 dice: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones», artículo éste que asegura la laicidad del Estado y a su vez rechaza el laicismo antirreligioso.

Como decíamos al comienzo, en la actualidad han crecido las tensiones cuando el gobierno socialista ha promulgado leyes controvertidas a nivel social y que han sido duramente criticadas por la jerarquía eclesiástica. Así, el hecho religioso se ha convertido, a veces, en factor de crispación. Cualquier cambio no coincidente con la moral y creencias católicas se interpreta como una afrenta a la doctrina de la Iglesia; leyes que reconocen derechos para algunos sectores sociales y que por lo tanto no son coercitivas (no obligan a nadie) son frontalmente rechazadas minusvalorando los aspectos positivos que puedan tener y olvidando que el gobierno ha de gobernar para católicos y no católicos. Los cristianos tenemos en la sociedad una misión de anuncio y denuncia; misión que debemos ejercer como clarificación y oferta respetuosa con la pluralidad en un Estado no confesional. Asimismo los dirigentes eclesiales deben tener presentes las distintas sensibilidades que se dan en el seno de la Iglesia; pluralidad que no rompe la unidad que se sustenta en la fe en Jesucristo, en el Evangelio («En la Iglesia me quito el sombrero pero no la cabeza» Thomas Merton). De esta forma la Iglesia ganaría respeto y fuerza moral, incluso ante ciudadanos no católicos.

En la transición democrática se fue conformando una Iglesia plural, cuyos miembros votaban y militaban en distintos partidos, pluralidad que fue respetada por los obispos y sacerdotes. Hoy ésto se está perdiendo por la identificación de la Iglesia institucional con la derecha social y política y por un conservadurismo moral e intransigente en determinadas cuestiones sociales, quedando relegadas a un segundo plano las relacionadas con la denuncia de la pobreza y sus causas, los derechos humanos de los que nada tienen, las guerras, la convivencia en una sociedad plural, la apertura al diferente, la primacía de la persona sobre los postulados etc. Juan XXIII decía que cuando se pone el acento en elementos periféricos de la doctrina es fácil que éstos desplacen a los nucleares y que se perciba distorsionadamente el mensaje cristiano. Hay que saber adaptar el depósito de la tradición a los nuevos tiempos y saber innovar y modernizar (aggiornamento). La Iglesia debe propiciar la actividad autónoma de los laicos y respetar sus pronunciamientos, quitando protagonismo al clero. El reconocimiento del derecho a la diferencia posibilita la acción militante de los cristianos en los partidos, sindicatos, y otras organizaciones sociales como conciencia crítica. En este sentido nuestra Constitución ofrece múltiples posibilidades.

Por otro lado hay que huir del laicismo antirreligioso hoy minoritario, valorando desde la laicidad el hecho religioso en todas sus dimensiones. Todavía pervive una minoría trasnochada que manifiesta una animosidad religiosa y eclesial. Conviene recordar que las tradiciones religiosas, aún reconociendo errores históricos, han sido transmisoras de determinados contenidos morales y valores humanos sin los cuales no se puede entender la historia de Occidente. Es legítimo que el gobierno impulse las leyes que tenga previstas, aunque no gusten a la jerarquía eclesiástica, evitando siempre la tentación de hacerlo por un laicismo antirreligioso que contradiga la neutralidad que establece la Constitución. En este punto pensamos que así se está haciendo: no percibimos en la acción de gobierno ese laicismo radical que denuncian algunos obispos y sectores eclesiales. El principal enemigo de esta sociedad, para creyentes y no creyentes, el dios mercado que tantas injusticias y sufrimientos producen, materializa a la persona, la esclaviza al consumo, genera injusticias y asfixia el desarrollo de valores solidarios y espirituales.

La religión puede hacer decisivas aportaciones a una sociedad secularizada siempre que asuma la laicidad como un bien y así ofrecer su potencial humano en el marco de una sociedad democrática. En la sociedad y en la Iglesia tenemos que asumir la pluralidad de posiciones y pronunciamientos y aceptar las críticas que se han de hacer con ánimo constructivo. La dignidad de la persona y los derechos humanos pueden ser un punto de encuentro en esta sociedad laica y plural. «El proyecto laico no es antirreligioso. Su fin es fortalecer una ciudadanía moral y socialmente activa y a ello pueden contribuir las religiones y las iglesias» (Rafael Díaz Salazar; sociólogo).

Emilio J. Soriano Hernández es profesor y escribe en representación de las Comunidades Cristianas de Base de la Región de Murcia.

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