No han dejado de salir a la calle tras las protestas de junio. Siguen demandando mejores servicios públicos y denuncian los fastos de la visita del papa.
Tras las históricas manifestaciones de junio en Brasil, la protesta sigue viva. Con la llegada del papa el 22 de julio a Rio de Janeiro para asistir a las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ), fueron convocadas protestas en varias ciudades, una de ellas el 28 de julio en la playa de Copacabana. Unos días antes, el 21 de julio, se llevó a cabo una manifestación que reunió a más de 300.000 personas, también en Rio, en demanda de mejores servicios públicos que acabó con fuertes enfrentamientos en los que 62 personas resultaron heridas.
Huelga general
También los sindicatos brasileños han querido recoger el descontento social y el 11 de julio se celebró una huelga general convocada por todas las centrales sindicales, que presentaron al Gobierno demandas que incluían, entre otras, la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, la asignación del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) a educación y otro 10% a salud. Sin embargo, la tibia postura de los convocantes desaconsejó a los trabajadores el paro total, la acción directa o llevar a cabo piquetes.
El seguimiento del paro en las capitales de los Estados fue bajo aunque el impacto económico fue relevante ya que muchas ciudades medianas y municipios sí llevaron a cabo piquetes en las carreteras y paralizaron, total o parcialmente, 14 de los 25 Estados brasileños e importantes puertos como Santos, en São Paulo (el mayor de Latinoamérica) y Itaguaí, en Rio de Janeiro. El día de la huelga general se llevaron a cabo grandes manifestaciones que reunieron a miles de personas en las principales capitales, aunque no fueron tan multitudinarias como las de las primeras semanas de junio.
La falta de seguimiento sindical podría deberse al descontento de los ciudadanos con los sindicatos tradicionales, controlados por los mismos partidos políticos que una parte de la población rechaza. Además, la ley del Trabajo brasileña, vigente desde 1946 (durante el segundo mandato de Getúlio Vargas) con apenas algunas alteraciones, y de marcado carácter autoritario, impone grandes limitaciones a las organizaciones sindicales. Esta ley obliga al reconocimiento del sindicato por parte del Estado para que pueda ejercer sus actividades, impone que cada sección debe tener un sindicato único que incluya “empleadores, empleados, agentes o trabajadores autónomos o profesionales liberales”. La ley instaura asimismo la colaboración con los poderes públicos como una obligación sindical.
Fiestas con dinero público
En Rio de Janeiro, la huelga general ha dado un giro a las movilizaciones. Si antes las protestas se llevaban a cabo en el centro de la ciudad, ahora se dirigen a la sede del gobernador del Estado, Sérgio Cabral, del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño. El hecho de que salieran a la luz en las últimas semanas más noticias de corrupción ha provocado mayor descontento.
Los gastos escandalosos de Cabral, que ha organizado fiestas para empresarios y políticos en París con el presupuesto del Estado, y el uso de un helicóptero para su uso diario particular ha azuzado aún más las protestas. Se han convocado diversas movilizaciones ante el Palacio de Gobierno e incluso en la residencia del gobernador, en el barrio de Leblon, uno de los más caros del mundo. Llevar la protesta social a Leblon ha supuesto un cambio de enfoque de la contestación. Leblon es un barrio de lujo que ha asistido en las últimas semanas a fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policía con barricadas, bancos destrozados y tiendas de lujo asaltadas por los manifestantes que distribuyeron todo tipo de ropa, abrigos, trajes, zapatos, etc. a las personas que circulaban por la calle. Los incidentes provocaron una violenta reacción en los medios de comunicación y en el Gobierno, que anunció un aumento del dispositivo policial durante la visita del papa a Rio de Janeiro.
Las protestas por estos eventos religiosos quieren poner de manifiesto el derroche de fondos públicos en las JMJ. También por la degradación ambiental provocada por la construcción de los edificios del encuentro, que ha arrasado dos grandes áreas de bosque atlántico protegido. Los activistas defienden también el carácter laico del Estado y el respecto a las mujeres y personas LGTB, en un contexto en el que políticos conservadores, originarios de las religiones católicas y evangélicas, intentan aprobar cambios sustanciales en la legislación.
El papa y los 40 millones de euros de las JMJ
Las protestas en Brasil se iniciaron en junio contra el despilfarro en la construcción de estadios y aeropuertos para los eventos del fútbol de 2013 y 2014. Un mes después, Brasil costea las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) y la visita del papa. Los fastos suman más de 40 millones de euros. Durante el transcurso de estos encuentros se programaron diversas protestas en Río de Janeiro y en todo el país.
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