El texto leído ayer en el Parlamento por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón —no se sabe si consensuado con la Conferencia Episcopal—, a propósito de sus intenciones contra la vigente ley del aborto, constituye un atentado violento contra las mujeres, precisamente en la víspera de su Día Internacional. Si Europa fuera tan sensible ante las aberraciones jurídicas que tienen que ver con las personas como lo es con la pulcritud de los objetivos de déficit o de la prima de riesgo, alguna institución de la UE le habría sacado ya al ministro tarjeta roja.
Se necesita ser retorcido para tratar de justificar un recorte —los recortes son implacables, ya se ve— en los derechos de la mujer, entre ellos la interrupción del embarazo en las primeras semanas de gestación, mediante la apelación “a la situación de muchas mujeres, que ven violentado su derecho a ser madres por la presión que ejercen a su alrededor determinadas estructuras” (¡viva la concreción!). Sabedor de que la protección jurídica del feto no puede equipararse a la de la persona —la mujer es una persona, recordémoslo—, el PP se pone la piel de cordero y pretende defenderla.
Para cargarse una Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (que ya en su demasiado extensa denominación muestra la preocupación del legislador por todos los aspectos de la cuestión), Ruiz-Gallardón se mete en un jardín que novelescamente ha construido en su cabeza, dejando en el baúl de los recuerdos la necesaria concreción en las acusaciones propia de un profesional de la fiscalía.
¿De dónde se saca el señor ministro de Justicia esas “determinadas estructuras” —sin determinar— que en cuanto ven a una mujer embarazada se lanzan sobre ella para convencerla de que aborte? ¿No se ha enterado don Alberto, cuando viaja por Europa, de que la ley de plazos del aborto es la solución más razonable para que la mujer embarazada decida libremente, en la primera etapa de gestación, si continúa o no con su embarazo?
Y él, que es jurista y siempre acata la decisión de los tribunales, ¿por qué no espera la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), en respuesta al recurso de su propio partido? Que no alegue, como ya ha hecho, que el TC se pronunció en 1985, porque entonces sobra el recurso del PP, cuando Ruiz-Gallardón sabe muy bien que desde 1985 han pasado ¡27 años!, que han permitido avanzar, también en España, en el respeto a los derechos de las mujeres, al ritmo de lo que ocurre en Europa, desde donde el ministro español se está mereciendo una sanción o, al menos, un tirón de orejas.
