La gestión justa de los abusos sexuales padecidos al amparo de la Iglesia católica debe aspirar a una justicia restaurativa que ofrezca reconocimiento a las víctimas. Esa es la principal motivación de la iniciativa parlamentaria acordada en Navarra para promulgar una ley foral que permitirá investigar durante seis años los casos de pederastia que se hayan producido en el seno de la Iglesia y concederá a los afectados la condición legal de víctimas, con la correspondiente reparación. Los promotores de la ley esperan que la Iglesia navarra colabore dando acceso a los archivos eclesiales. No se entendería que no lo hiciera. Se trata de un enfoque constructivo y pionero en España, que no solo busca amparar a las víctimas, sino “contribuir a una memoria colectiva, democrática y crítica”.
Esta iniciativa ofrece a la Iglesia la posibilidad de salir de la dinámica de resistencia en la que se había colocado una parte de su jerarquía por temor a ser sometida a una especie de causa general. El método ha dado muy buenos resultados en Irlanda y otros lugares donde se ha aplicado y debería servir de inspiración para el abordaje del problema en el conjunto del país. A la espera de que se constituya la comisión de investigación que debe encabezar el defensor del pueblo por encargo del Congreso de los Diputados, el proceso de investigación habrá de evitar el sufrimiento adicional de los abusados. Y para ello es esencial el compromiso de la Iglesia que, de momento, ha encargado una auditoría privada. En su reciente encuentro en el Vaticano, el papa Francisco pidió a la cúpula de la Conferencia Episcopal Española que ponga a las víctimas en el centro de su atención y las acompañe en este difícil camino. Cuanto antes lo haga, menor será el daño reputacional para la institución. Mientras haya víctimas sin reparación, el olvido no será posible.
