Una de las medidas que se está anunciando últimamente, por parte de diferentes administraciones educativas, es el llamado distrito único en el proceso de escolarización. Las administraciones que están impulsando esta medida, como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana, dicen que la adoptan para incrementar la libertad de elección de las familias del centro educativo que quieren para sus hijos.
Esta medida, por otra parte, coincide “casualmente” con una reivindicación histórica de la patronal de la enseñanza concertada. Nos podríamos preguntar cuál es el motivo profundo por el que determinada patronal de centros concertados están tan interesada en fomentar la libertad de elección de las familias del centro educativo que quieren para sus hijos. ¿No tienen hoy libertad las familias para presentar la instancia en el centro que desean? ¿No pueden solicitar varios centros priorizando los que consideran más adecuados?
La normativa vigente, en las diferentes Comunidades Autónomas, lo que establece es un baremo que debe respetar los principios generales establecidos en la LOE. Entre estos principios generales la proximidad del domicilio del alumno al centro que solicita es uno de los criterios preferentes. Este baremo sólo tiene efectos cuando en un centro hay más demanda que oferta, hay más alumnos que solicitan plaza que plazas disponibles. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿no es lógico que tengan prioridad, si no hay plazas para todos los que solicitan un determinado centro, los alumnos que vivan en el barrio correspondiente? ¿no es adecuado fomentar que los alumnos que viven en un mismo barrio vayan también al mismo centro en la educación obligatoria?.
Para poder entender los motivos que de verdad llevan a tomar la iniciativa del distrito único, más allá de la excusa de favorecer la libertad de elección de centro por parte de las familias, hay que analizar lo que está ocurriendo en la actualidad en los procesos de escolarización en algunos núcleos de población, fundamentalmente núcleos urbanos en los que hay una oferta importante de enseñanza concertada.
Lo que está ocurriendo es que hay un número significativo de centros concertados, entre los que tienen más demanda de plazas, que están seleccionando al alumnado por diferentes vías. Las cuotas “voluntarias” a las AMPAs, el ideario del centro, el uniforme, el no disponer de personal especializado para atender al alumnado con especiales dificultades, etc. Es decir, de una forma u otra, se invita a determinadas familias a que se dirijan a otro centro. Pero lo que ocurre, en algunos casos, es que hay familias que viven cerca del centro y no aceptan esa invitación, hay familias que a pesar de todos los inconvenientes presentan su solicitud en ese centro y gracias a que la proximidad al centro es uno de los puntos más relevantes en el baremo consiguen entrar.
Pues bien, establecer el distrito único en un gran núcleo urbano supone, en la práctica, suprimir esa puntuación del baremo, supone que todos los alumnos tengan los mismos puntos independientemente de su proximidad al centro. Es decir, supone que pasen a primar más otras cosas como ser familiares de antiguos alumnos del centro u otros aspectos que lo único que pretenden es incrementar la capacidad de los centros de seleccionar a su alumnado.
Estos cambios en el proceso de admisión del alumnado van ligados a otros previstos en el anteproyecto de la LOMCE, como son la publicación de los resultados obtenidos por los centros en las reválidas y evaluaciones externas previstas en las diferentes etapas educativas y la creación de centros de especialización curricular.
La publicación de un ranking de centros, en función de los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones externas, va a provocar una petición masiva a los centros que tengan mejores resultados en dichas pruebas. Cuando todas las evaluaciones nacionales e internacionales nos indican que el nivel sociocultural y económico de las familias es un factor determinante en los resultados académicos de los alumnos, no hace falta señalar que aquellos centros que tengan más demanda que oferta y que, por tanto, a través de diferentes mecanismos, puedan seleccionar a su alumnado van a terminar concentrando a los sectores de la población con mayores medios. Y los centros que, por la población que escolarizan, obtengan peores resultados van a quedar como centros gueto dirigidos a los sectores más desfavorecidos de la población.
Por otra parte, todo parece indicar que la creación de centros con alguna especialización curricular, que trataremos en otro artículo, va encaminada a reforzar más si cabe un proceso de segregación del alumnado que se va haciendo cada día más patente en el conjunto de las medidas educativas que está adoptando tanto el Ministerio de Educación como algunas Comunidades Autónomas.
En lugar de establecer las medidas oportunas para que todos los centros puedan atender al alumnado en condiciones de igualdad, en lugar de favorecer una escolarización equilibrada del alumnado con especiales dificultades de aprendizaje entre todos los centros, las políticas que están adoptando van justo en la dirección contraria a lo que necesitamos para ofrecer una educación de calidad en todos los centros que pagamos entre todos, los públicos y los concertados.
Miguel Soler fue director general de FP con el anterior Gobierno del PSOE
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