La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds (centro) durante la firma de la prohibición del aborto después de la sexta semana. Charlie Neibergall AP
El estado de Iowa aprobó la ley contra el aborto más restrictiva del país y los parlamentos de Kansas y Oklahoma impulsaron leyes gemelas que aún deben ser aprobadas
Cada vez más próximas las trascendentales elecciones legislativas de noviembre y alentada por el populismo de la administración Trump, la ultraderecha religiosa de EE UU aviva el paso de su agenda política y la semana pasada obtuvo dos relevantes logros de ámbito regional: a iniciativa de sus mayorías republicanas, el estado de Iowa aprobó la ley contra el aborto más restrictiva del país y los parlamentos de Kansas y Oklahoma impulsaron leyes gemelas –que aún deben ser aprobadas o vetadas por sus respectivos gobernadores– para permitir a agencias de adopción religiosas negar sus servicios a parejas del mismo sexo por razones doctrinales.
El caso de Iowa promete una crucial batalla jurídica. Según la nueva normativa, ninguna mujer podría abortar en cuanto se detecten latidos del corazón en el feto. Esto ocurre en torno a las seis semanas de gestación, cuando las mujeres suelen descubrir su estado, por lo que en Iowa muchas no tendrían opción legal de interrumpir su embarazo. Pero la ley no entra en vigor hasta el 1 de julio y organizaciones como Planned Parenthood, una red de clínicas para la salud reproductiva, y la American Civil Liberties Union han anunciado que la impugnarán de inmediato en los tribunales. La estrategia de fondo del sector radical del Partido Republicano es que el pleito llegue al Tribunal Supremo, que con Trump ha pasado a ser de mayoría conservadora, y la draconiana normativa sea aprobada por la más alta instancia revirtiendo lo establecido en 1973 por el propio Supremo en su fallo por el caso Roe contra Wade, que supuso la despenalización del aborto. Un obús de fondo que llevaría a una regresión de casi medio siglo en derechos civiles.
La gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, firmó la ley antiaborto el viernes rodeada de lobistas, niños y pastores. Fuera protestaba un grupo de mujeres a la voz de “¡Mi cuerpo, mi decisión!”. Antes de estampar su rúbrica, Reynolds declaró: “Para mí, toda vida inocente es única y sagrada, y en el día de hoy como gobernadora estoy haciendo todo lo que está en mi mano por protegerla”. En la calle, Jennifer Weatherby, de 32 años, una manifestante citada por el diario local The Des Moines Register, criticaba: “Todos sabemos que un veto al aborto no acabará con los abortos, así que esto solamente estaría acabando con el aborto seguro y poniendo en peligro a las mujeres”. La gobernadora, asimismo, se mostró consciente de que a la ley le queda por delante un camino de litigio y sentenció: “Yo no voy a desistir de mis creencias. Esto va más allá de la mera ley. Esto tiene que ver con la vida”.
La ofensiva contra el aborto no es exclusiva de Iowa. Missisippi aprobó en marzo una ley que veta en la práctica el aborto después de las primeras 15 semanas y permanece en los tribunales como la de Kentucky, que lo prohíbe a partir de 11 semanas.
Iowa, que ha elevado la apuesta a un nivel fanático con su plazo de seis semanas, es el feudo original del poder político en EE UU de los evangélicos, cristianos que defienden una lectura literal de la Biblia, desde que a finales de los años setenta el fallecido reverendo Jerry Falwell lideró desde este territorio un movimiento de reacción a la revolución cultural y de costumbres surgida en los sesenta. A día de hoy esta ultraderecha de raíz luterana es una facción de la América conservadora sin tanta fuerza como para imponer su agenda pero con la suficiente para empujarla. En Iowa, por ejemplo, para muchos congresistas republicanos era suficiente la prohibición actual de abortar después de 20 semanas de embarazo, pero el grupo de radicales que promovió la ley del latido maniobró para arañar el mínimo de 51 votos para aprobarla.
Igualmente en Kansas, donde cada año el número de niños necesitados de un hogar supera más el de familias adoptivas disponibles, generó disenso entre republicanos la propuesta de dejar a las entidades religiosas que rechacen solicitudes de homosexuales; aunque al final prevalecieron los partidarios, como el senador Steve Fitzgerald que lo celebró afirmando que “la agenda homosexual” se ha vuelto “dominante y totalmente intolerante”. Activistas LGBT sostienen que la excepción legal de Kansas y Oklahoma –que ya existía en Texas, Alabama, Dakota del Sur y Michigan– “legaliza la discriminación con dinero del contribuyente”, porque las casas de adopción reciben subvenciones, y pretenden también paralizarlas en los tribunales. TechNech, la asociación de los ejecutivos más poderosos de la industria tecnológica, ha mandado una carta a los congresos de ambos estados lamentando su decisión.
Las relativas victorias del fundamentalismo cristiano, con todo, han sido en los últimos tiempos casi testimoniales en comparación con sus fiascos. Durante 2017 en el campo de las libertades sexuales no prosperó ni una de más de 120 propuestas legislativas contrarias al derecho a la igualdad, según la ONG Human Rights Campaign.
Sin embargo sus ambiciones cobran fuerza con la administración del republicano Donald Trump, que ya ha tomado medidas como prohibir a los transgénero en el Ejército –orden anulada por un juez– o suprimir una orden de Obama para proteger a los menores transexuales exigiendo a los colegios públicos que los estudiantes pudiesen elegir baño según su identidad de género. El hombre de la ultraderecha religiosa en la Casa Blanca es el vicepresidente Mike Pence, que siempre se ha definido como un “devoto evangélico” y hasta podría llegar al Despacho Oval en esta legislatura si el presidente fuese depuesto por alguno de sus escándalos, o más adelante como candidato republicano. En 2017 Pence fue el primer vicepresidente de EE UU que participó y habló en la antiabortista Marcha por la vida y en la edición de 2018 Trump fue el primer mandatario en dirigir unas palabras –vía satélite; tal vez para mantener una prudencial distancia política con el extremismo cristiano–.
El jueves pasado, Día Nacional de la Oración en EE UU, Trump firmó una orden de libertad religiosa para apoyar la actividad de las comunidades de fe de base y vigilar que las leyes no obliguen a ningún ciudadano a violar sus creencias. En el comunicado oficial se definía al presidente, envuelto a esas horas en el impío torbellino creado por sus supuestas relaciones hace unos años con una actriz porno, como “uno de los mayores defensores de la santidad de la vida en la historia de la Casa Blanca”.
El ‘caso del pastelero’, pendiente del Supremo
A finales de esta primavera o en verano se espera que el Tribunal Supremo falle sobre el caso de Jack Phillips, el pastelero de Colorado que hace cinco años se negó por motivos religiosos a elaborar una tarta nupcial para una pareja gay. Los analistas afirman que se trata de la decisión más relevante del Supremo en materia de libertades sexuales desde que en 2015 en una sentencia histórica legalizó el matrimonio homosexual en EE UU. Ahora el tribunal deberá decidir si Phillips discriminó ilegalmente a la pareja al rechazarlos como clientes. El gobierno de Donald Trump ha transmitido que respalda la postura del pastelero.
El Supremo actualmente es de mayoría conservadora. Formado por nueve jueces, cinco han sido nombrados por presidentes republicanos y cuatro por demócratas. Pero entre los conservadores es incierto el voto de Anthony M. Kennedy, que en 2015 votó a favor de la legalización del matrimonio igualitario.
