Cuando el PP, apoyado en su mayoría absoluta y menospreciando al resto de fuerzas políticas y sociales, impuso su reforma educativa (la LOMCE diseñada por el ministro Wert), el conjunto de la oposición se comprometió públicamente a derogarla en el momento en que perdiera esa posición prepotente, para proceder a elaborar una nueva Ley de Educación que, por su carácter democrático y progresista, pudiera obtener mayor consenso y perdurabilidad en el tiempo.
A día de hoy, las maniobras de un gobierno del PP en minoría, junto con las complicidades que lo han sostenido, no sólo han logrado mantener la vigencia y consolidación práctica de la LOMCE, sino que, con la creación de una Subcomisión de Educación en el Congreso de cara a un presunto “Pacto educativo”, ha metido en su propia dinámica al resto de grupos parlamentarios e incluso a buena parte de los colectivos sociales y organizaciones de la enseñanza que se movilizaron masivamente contra esa ley de profunda índole reaccionaria. Todos parecen estar a la expectativa sobre los ritmos, temas a discutir, declaraciones o simples rumores sobre las supuestas diferencias, que se dejan filtrar desde la Subcomisión, sin tener nadie claro si finalmente habrá parto o, en su caso, nos encontraremos con un nuevo engendro lampedusiano.
Desde que se puso en marcha, se han alargado en el tiempo numerosas comparecencias de expertos, colectivos y organizaciones, a propuesta de cada grupo parlamentario. Cuando parecía agotado y embarrancado el propio proceso por la diversidad de intereses y propuestas en presencia, reaparece sorpresivamente un nuevo impulso para hacer creíble la posibilidad de llegar al Pacto por la Educación, al que todos dicen estar dispuestos.
El motivo, tal vez, haya que buscarlo en el propósito de prolongar y dar sustancia a la actual legislatura -con el problema catalán de por medio-, dando continuidad al compromiso de “unidad de las fuerzas constitucionalistas”, con nuevos acuerdos sobre temas de Estado. Si ya levanta resistencias y escepticismo el señuelo de la reforma constitucional o el respaldo a los Presupuestos del gobierno, ¿por qué no allanar el camino dando cuerda al pacto de Estado por la Educación? ¿Quién se arriesga a aparecer como contrario a esa supuesta demanda social, tras una intensa campaña mediática que hace recaer en los vaivenes legislativos la causa de los males de nuestro sistema educativo?
Lo cierto es que, paralizando cualquier otra cuestión en el terreno educativo, en los últimos meses se han acelerado los trabajos de la Subcomisión para presentar el pasado 14 de diciembre, a toda prisa y sin matizar demasiado, un elenco de 15 puntos o bloques, con sus respectivos desgloses sobre los que centrar la discusión. Retomada la tarea en enero, se quiere ofrecer en mayo las bases de un Acuerdo, a partir del cual se empezaría a elaborar en otoño la nueva Ley de Educación en sustitución de la LOMCE.
Tantas prisas a destiempo, demasiadas ambigüedades calculadas, las líneas rojas tácitas o explícitas, la discreción comprometida y la opacidad de la propia Subcomisión, han levantado la alarma entre muchos de los que apostamos por una nueva política educativa, verdaderamente democrática y en función de los derechos e intereses de la mayoría social. Es esta situación de incertidumbre y sospechas la que está obligando a salir de nuevo a la palestra a organizaciones, plataformas y redes de colectivos de la enseñanza para hacer públicas sus demandas ante el temor de ver defraudadas, una vez más, las esperanzas creadas de un cambio real en el dislocado panorama de la enseñanza.
Hablemos con franqueza: ¿Es posible alcanzar un Pacto de Estado que concilie los muy diversos y contrapuestos intereses concentrados en el sistema educativo español? ¿Es posible un acuerdo democrático dentro de un juego con las cartas marcadas?
El propio marco del funcionamiento de la Subcomisión establece claros límites de lo que se puede acordar y lo que no. A propuesta del PP, que la preside, solo formarán parte del Acuerdo de bases los temas que logren el apoyo de una “mayoría reforzada” (3/5 de los votos ponderados de los grupos parlamentarios), con lo cual hace imprescindible su aquiescencia para dar luz verde a cualquier propuesta. Claro está que, para que esto suceda, no deben alejarse mucho de su LOMCE ni cuestionar los intereses en ella consolidados (enseñanza privada, Iglesia,…). Una encerrona perfecta por su parte y, una vez más, buscando acuerdos de cenáculo y lejos de la exigida transparencia en asuntos de tanta trascendencia. Pero, ¿a qué juegan el resto de fuerzas políticas?
Hay dos posibilidades sobre el escenario político presente y ninguna abona falsas ilusiones. O bien se trata de distraer la atención a lo largo de una cada vez más incierta legislatura (y mientras tanto, siguen asentándose las pautas y orientaciones de la LOMCE), pensando cada fuerza política en las próximas confrontaciones electorales; o bien, por exigencias del guion (es decir, mantener la viabilidad de un gobierno en minoría y sobre el endeble andamiaje parlamentario actual), se está dispuesto a consensuar un pacto mayoritario, con un compromiso circunstancial a la medida de las concesiones que pueda hacer el PP y, por tanto, limitado a meros cambios formales, sin tocar el meollo de los lastres específicos que arrastra nuestro sistema educativo.
Puede haber regateo sobre décimas más o menos del porcentaje del PIB destinado a educación y sus plazos (¿quién asumirá responsabilidades de futuro?); se repetirán con nueva palabrería los propósitos de mejora de tal o cual aspecto parcial de la estructura del sistema, de los contenidos curriculares, de la formación del profesorado, de la participación de la comunidad escolar, … y tantos otros capítulos recurrentes en todas las reformas educativas del pasado, que no han impedido llegar a donde estamos. Pero ya está quedando claro que elementos estructurales y fundamentales, viejas herencias del pasado contradictorias con cualquier avance democrático en el derecho igual a la educación siguen siendo intocables. Tal es el caso del sostenimiento y promoción de la enseñanza concertada a costa de la pública (fragmentación desde la base del sistema educativo en redes de centros diferenciadas y causa principal de la creciente desigualdad en el acceso y calidad de la enseñanza, en vías de la configuración de un verdadero mercado educativo); o el mantenimiento del adoctrinamiento religioso en todos los centros (ahora, introduciendo nuevas confesiones).
Ya hemos oído decir, a izquierda y derecha, que temas conflictivos, como los señalados, no pueden bloquear presuntos avances en el resto de los numerosos puntos puestos sobre la mesa del debate. Muestra de esas posiciones conciliadoras (¿y claudicantes?) son las distintas piruetas con las que se pretende eludir un pronunciamiento público y explícito, dentro y fuera de la Subcomisión, sobre una condición imprescindible para levantar la hipoteca del adoctrinamiento confesional mantenido hasta el presente en nuestro sistema educativo: la Denuncia y Derogación de los Acuerdos (para-constitucionales) de 1979 con el Vaticano y los de 1992 con otras confesiones religiosas, que piden obtener igual trato de privilegio. Siendo decisiones de gobierno, al que se puede emplazar desde una mayoría parlamentaria, vemos cómo se trata de relegar, siquiera un pronunciamiento público y explícito, a futuras (¿cuándo, cómo y on quién?) reformas constitucionales o de leyes orgánicas, que además de la citada “mayoría reforzada” para su aprobación, no pueden por sí mismas invalidar “tratados internacionales” (Acuerdos Santa Sede), si no son previamente invalidados.
Esa ha sido y sigue siendo la clara propuesta que Europa Laica, junto con más de sesenta colectivos y organizaciones, presentó con miles de firmas en diciembre ante el Congreso. ¿Dónde está la respuesta y compromiso concreto de grupos parlamentarios y fuerzas políticas? No caben más esperas ni ilusiones en un pretendido Pacto educativo que, además de paralizarnos, nada bueno nos puede deparar. Es momento de romper amarras con el marco trucado de la Subcomisión, de levantar públicamente y sacar a la calle las demandas por las que se movilizaron miles de ciudadanos, profesores y alumnos de todos los niveles y en todas partes.
Fermín Rodríguez es responsable de Enseñanza de Europa Laica
