La solidaridad con los pobres no es sinónimo de justicia social.

En México se gobierna desde la iglesia, y las consecuencias de tal atrevimiento y permisividad del Estado mexicano han comenzado a tener graves consecuencias en los derechos de las mujeres.

En México a pesar de todas las batallas ganadas desde distintos frentes en pro de la libertad, las garantías ciudadanas y la defensa de la laicidad, recibimos las propuestas legislativas desde los púlpitos y por encima de la justicia social, confabulados por algunos integrantes de los partidos políticos y ordenes de gobierno.
No ha sido suficiente ver con angustia y horror el abismo irreparable entre pobres y ricos en la República Mexicana, sino que hoy en día se les invita a todos los creyentes a continuar con un asistencialismo ancestral y que evidentemente no resuelve la problemática de la pobreza en nuestro país.
Decir que debemos velar porque no les falte casa, vestido y sustento mediante la constante asistencia a los que no tienen nada, no es lo mismo que estar promoviendo la justicia social mediante políticas laborales y salarios dignos. En México, es evidente la falta de posibilidades de desarrollo, capacitación y acceso a una vida digna de los mas marginados, pues ha sido obstaculizada por aquellos, como la Iglesia Católica Romana que han formado un bloque entre ellos, los empresarios y ahora las y los legisladores , quienes han tomado en sus manos la justicia social y continúan promoviendo únicamente campañas asistencialistas, con deducibilidad de impuestos, que niegan la posibilidad de desarrollo a los mas desprotegidos y clausuran la puerta de entrada a la “Justicia social” que tanto reclama el pueblo.
No es lo mismo hablar de igualdad en lo político que de fraternidad cristiana, en donde jamás hemos visto que un pobre tenga acceso a las posesiones o privilegios del patrón y siquiera contemple la posibilidad de levantar la voz para pedir respeto y justicia.
No es lo mismo hablar de derechos ciudadanos en la política que de caridad cristiana, desde donde solo se da lo que sobra y solo es de buen corazón siempre y cuando no atente contra la moral y las buenas costumbres religiosas y la enseñanza cristiana.
No es lo mismo hablar de garantías ciudadanas que de buena voluntad, que al parecer es con lo que se aprueban hoy las leyes que niegan los derechos ciudadanos, pero defienden poderosamente una moral anacrónica.
Es inaceptable el atentado contra la laicidad que cotidianamente viene cometiendo esa institución religiosa sobre la población y desde distintas instituciones; pero aun más inaceptable, la falta de cumplimiento de la Secretaría de Gobernación en materia de la ley de Asociaciones religiosas en México y en defensa del estado laico; y que decir de la confabulación que el partido azul (en el gobierno) y ese poder factico encabezado por el arzobispo primado de México (Norberto Rivera), han perpetrado ya en algunos estados de la República.
Es vergonzoso que Norberto Rivera se congratule por los retrocesos en nuestro país como lo han venido siendo las leyes aprobadas en los Estados de Colima, Puebla, Baja California y Sonora sobre el aborto; es evidentemente una burla a nuestra autonomía y una muestra del poco respeto que se le tiene a las y los ciudadanos que no profesamos esa creencia religiosa y a los millones de mujeres que luchamos por tener el derecho de elegir sobre nuestros propios cuerpos.
Los compromisos que debería cumplir la Secretaría de Gobernación en materia de Derechos Humanos, nada tienen que ver con la defensa de los no nacidos, sino con aquellos que ya viven y mueren en condiciones de vida miserables. ¿Hasta cuando vamos a permitir que se haga uso del poder político para imponer doctrinas arcaicas y descontextualizadas que dejan afuera a las mujeres? ¿Hasta cuando permitiremos que la justicia social que debemos promover se sustituya por un asistencialismo defectuoso que de ninguna manera transforma las realidades de los que menos tienen?; ¿Hasta cuándo levantaremos nuestras manos para cerrarle la puerta a la intromisión de la iglesia en un País democrático y Laico?
Los abortos no cesarán, la injusticia social no podrá disminuir gobernando para las elites y de ninguna manera será la excomunión la amenaza cotidiana para las mujeres que seguiremos luchando por la libre decisión sobre nuestros cuerpos y la autonomía de nuestro país. Las indulgencias plenarias no sirven para nada cuando la gente sigue muriendo en condiciones de miseria en México y aunque las leyes no garanticen los derechos ciudadanos o las instituciones gubernamentales no cumplan con su deber de gobernar para todas y todos, las y los mexicanos debemos involucrarnos en las decisiones de nuestro país a través de la libre elección de nuestros representantes en las próximas elecciones; pensemos la ruta que deseamos para nuestro México y optemos por una verdadera Democracia que deje a un lado la Teocracia con la que el partido en el poder ha venido haciendo las leyes.
Judith Vázquez Arreola
Teóloga por la Universidad Iberoamericana
Lesbiana Feminista de la liberación

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