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El Valle de los Caídos debe transformarse en un gran museo de la memoria histórica, un espacio didáctico que denuncie sin ambages el golpismo del bando nacional y los crímenes de la dictadura franquista.
El gobierno de coalición PSOE-Sumar, autoproclamado progresista y defensor de la justicia social, ha mostrado una decepcionante tibieza en su gestión del Valle de los Caídos, un lugar que sigue siendo un símbolo de la dictadura franquista. A pesar de los avances legislativos como la Ley de Memoria Democrática de 2022, la acción concreta respecto a este enclave monumental ha sido insuficiente, dubitativa y carente de la valentía política necesaria para abordar de una vez por todas la represión del régimen franquista. Mientras miles de víctimas del franquismo permanecen en cunetas sin exhumar, el Ejecutivo parece conformarse con gestos simbólicos que no transforman en profundidad la significación de este espacio.
El Valle de los Caídos, construido con mano de obra esclava por orden de Francisco Franco, no es solo un mausoleo donde reposó el dictador hasta 2019, sino un monumento que exalta el golpismo del bando nacional y perpetúa una narrativa de reconciliación forzada que ignora el sufrimiento de los republicanos. La presencia de la cruz gigantesca, los restos de la comunidad benedictina y el culto religioso que aún se celebra en la basílica son vestigios de una sacralización que glorifica el régimen y que resulta intolerable en una democracia moderna. Sin embargo, el gobierno de coalición no ha sabido o no ha querido dar el paso definitivo hacia su resignificación, dejando que el Valle permanezca en un limbo que satisface a pocos y perpetúa la ambigüedad heredada de la Transición.
Un museo de la memoria histórica: la resignificación necesaria
Es imperativo que el Valle de los Caídos se transforme en un gran museo de la memoria histórica, un espacio didáctico que denuncie sin ambages el golpismo del bando nacional y los crímenes de la dictadura franquista. Este museo debería servir como un lugar de reflexión y aprendizaje, donde las nuevas generaciones de españoles puedan comprender la barbarie de un régimen que dejó tras de sí decenas de miles de víctimas, muchas de las cuales aún yacen en fosas comunes sin identificar. Convertir el Valle en un centro educativo no solo honraría a los represaliados, sino que fortalecería los valores democráticos al exponer las consecuencias del régimen.
La cruz, ese colosal símbolo de la victoria franquista, debería ser desmantelada. Su presencia no tiene cabida en un espacio que aspira a ser un testimonio de la verdad y la justicia. Mantenerla equivale a preservar un recordatorio de la imposición y el triunfalismo de los vencedores sobre los derrotados. Asimismo, la comunidad benedictina, que durante décadas ha gestionado el lugar bajo una óptica religiosa alineada con el espíritu del régimen, debe abandonar el Valle. El culto religioso, lejos de ser un elemento neutral, ha servido históricamente para legitimar la narrativa franquista y no tiene lugar en un proyecto de memoria histórica serio y desacralizado.
Romper el silencio de la Transición
La etapa de la Transición, caracterizada por el silencio y la impunidad, dejó pendientes tareas esenciales de reparación. Décadas después, esa omisión resulta insostenible. España sigue arrastrando una deuda histórica con las víctimas del franquismo. La tibieza del gobierno PSOE-Sumar en este ámbito es una traición a los principios que dicen defender y una oportunidad perdida para cerrar heridas que aún supuran.
Transformar el Valle de los Caídos en un gran museo no es solo una cuestión de justicia histórica, sino de urgencia moral. Las cunetas repletas de restos de republicanos fusilados son un recordatorio de que la memoria no puede esperar más. Un museo en el Valle podría incluir exposiciones sobre la represión, los trabajos forzados, las ejecuciones extrajudiciales y el exilio, acompañadas de archivos, testimonios y material audiovisual que den voz a los silenciados. Sería, además, un espacio para prevenir la romantización del fascismo que, lamentablemente, sigue encontrando eco en ciertos sectores.
España no puede seguir postergando un debate serio sobre su pasado. La resignificación del Valle de los Caídos como museo de la memoria histórica es un paso ineludible hacia la madurez democrática. Exige valentía política, pero también coherencia ideológica por parte de un gobierno que se dice progresista. La tibieza actual de PSOE y Sumar no solo perpetúa la ambigüedad, sino que envía un mensaje de indiferencia a las víctimas y sus familias. Ya es hora de que el Valle deje de ser un lugar de culto y nostalgia para convertirse en un faro de verdad, justicia y reparación. Las nuevas generaciones merecen conocer la historia sin filtros, y las víctimas del franquismo merecen, por fin, ser reconocidas.
