Wert hace retroceder varias décadas a la educación pública en su esfuerzo por secularizar la enseñanza.
La polémica sobre la llamada “inmersión lingüística” en Cataluña está logrando camuflar ante la opinión pública aspectos de importancia crucial en la contrarreforma educativa promovida por el Gobierno del PP. Una vez más, la estrategia victimista del nacionalismo catalán coincide con la estrategia de la distracción que interesa a la derecha española. Entre unos y otros consiguen situar en segundo plano amenazas tan graves como la segregación escolar en edades tempranas, la derivación generalizada de fondos públicos a la enseñanza privada, y la consolidación del adoctrinamiento religioso en las aulas.
Entre provocaciones y chanzas, el ministro Wert hace retroceder varias décadas a la educación pública española en su esfuerzo por secularizar la enseñanza y ganar autonomía respecto a la influencia histórica del dogma católico. La asignatura de la religión no solo no pierde peso, como sería lógico en un Estado aconfesional, sino que adquiere relevancia, obligándose a los centros educativos públicos a programar una alternativa evaluable. Una alternativa nada menos que sobre “los valores éticos”, como si la ética ciudadana fuera una disciplina que pudiera impartirse de manera residual solo para quienes no optan por el catecismo católico.
Quienes apostamos por una escuela pública laica no lo hacemos por animadversión hacia el pensamiento o la práctica religiosa. De ningún modo. Se trata de garantizar escrupulosamente la libertad que establece la Constitución Española para quienes comparten el culto católico, para quienes participan de otras creencias religiosas, y para quienes no creen en seres superiores y omnipotentes. Y el disfrute de este derecho ha de ser compatible con la aplicación del otro mandato constitucional, el de que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
¿Cómo se logra esta compatibilidad? Asegurando la neutralidad religiosa del Estado, incluyendo la enseñanza pública. Garantizando que todos los ciudadanos pueden practicar libremente la religión que prefieran en los templos respectivos. Incluso vigilando para que las familias que así lo consideren puedan escolarizar a sus hijos en centros con proyectos educativos de naturaleza confesional, en el ámbito no estatal y cumpliendo con los requisitos legales.
