La trama Gürtel en Valencia no fue la única red corrupta con sello español que aprovechó una visita del papa Benedicto XVI para lucrarse. La investigación del ‘caso Defex’ que instruye el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata revela cómo esta extinta empresa pública y su socio privado en Angola, Comercial Cueto 92, lograron un beneficio superior al millón de euros aprovechando la organización de un viaje oficial de Joseph Ratzinger a ese país en 2009.
Según se desprende de la documentación de la causa a la que ha tenido acceso eldiario.es, la unión temporal de empresas (UTE) de Defex y Cueto, objeto de una compleja investigación de la Audiencia Nacional que se prolonga desde hace más de tres años, aprovechó esa visita del papa para ingresar cerca de 2 millones de euros y obtener beneficios superiores al millón con sobrecostes superiores al 200% y contratando no con el Gobierno de Angola ni el Vaticano, sino con Sonadi, sociedad del intermediario portugués Guilherme Taveira, al que a cambio abonó una comisión de 249.312,44 euros.
En marzo de 2009, el máximo responsable de la Iglesia católica desde 2005 hasta su renuncia en 2013 cerró en Luanda, la capital angoleña, su primera minigira apostólica por África. Un viaje durante el cual atacó «el dolor y la violencia, la pobreza y el hambre, la corrupción y el abuso de poder» en el continente y arremetió contra el uso de preservativos que, dijo, no solucionan el Sida y «al contrario, sólo aumentan los problemas». En Angola, Ratzinger festejó cinco siglos de la evangelización de la antigua colonia portuguesa, primer territorio de África austral donde llegaron los misioneros católicos. Defex y Comercial Cueto supieron sacar tajada gracias a sus contactos con las élites de ese país.
Un informe «estrictamente privado y confidencial» encargado por Defex a la auditora PwC sobre las operaciones de la empresa en Angola cifra en 1.952.083 euros el importe facturado por la UTE por lo que internamente esta denominaba el «Contrato Papal». El análisis de PwC, fechado el 28 de diciembre de 2016, deja claro que el contrato estaba «fuera» del objeto original de la UTE, aspecto también destacado por la Guardia Civil y el juez y que en España supone incumplir la normativa de UTEs.
PwC no dirige su análisis a la «Operaçao Papa». Sí destaca que este contrato y otro para suministrar inhibidores a la policía angoleña de cara a las elecciones presidenciales de 2011 refrendan que la UTE «siguió realizando operaciones económicas que nada tienen que ver con el contrato» original que centra el informe de la firma: la distribución y venta en 2008 de material policial y de seguridad para el Comando General de la Policía Nacional de Angola por más de 152,9 millones.
De esa cifra, «unos 100 millones de euros, se cree que se repartieron entre altos funcionarios angoleños corruptos, directivos y empleados de Defex», según destacó el pasado lunes en el Senado el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde.
Como en el contrato principal, los beneficios generados para la UTE con la Operación Papa fueron «muy superiores a lo esperado» gracias a una «sobrevaloración del material» cobrado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifró en mayo de 2015 en más del 267%.
La operación papal, según la UCO, sirvió como «cajón desastre, de donde se satisfacían los pagos imprevistos» por la UTE; «ni la propia empresa tiene claro que fue lo que finalmente cobró» y el contrato se introdujo de «forma subrepticia» en el contrato original de 2008: «Se aprovechan los viajes de aprovisionamiento para la visita papal para hacer envíos de material del contrato de policía». Descontrol total.
Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para la Fiscalía Anticorrupción fechado en abril de 2016 corrobora esa hipótesis de sobrecostes injustificados. «Para casi todos los ítems» de la Operación Papa, «el precio de venta es el resultado de multiplicar por tres el precio de compra» de los artículos que adquirió la UTE a empresas españolas como Indra. Entre esos «ítems» había inhibidores, una fotocopiadora, un camión frigorífico, detectores de metales, prendas de vestir y diverso material informático.
La operación también comprendió aspectos como el transporte de vehículos del pontífice y su séquito desde Roma hasta Luanda y viceversa, «incluido el papa móvil», el traslado del material adquirido desde un avión Antonov, la instalación de los inhibidores o la formación de equipos.
El «factor sexy»
Los sobreprecios superiores al 200% en el contrato papal encajan en el patrón de lo que los miembros de la trama calificaban de «factor mágico» o «factor sexy». Como resume PwC, ese factor esotérico «fundamentalmente significa que para calcular el precio de venta del material a suministrar a Angola, la UTE Cueto-Defex multiplicaba el valor de adquisición del material por un valor que oscilaba entre 2,5 ó 3». Esto les reportaba «un margen medio de entre 250% y 300% sobre el valor de adquisición». En el contrato principal, parte del sobrante se repartió luego a los distintos miembros de la trama a través de sociedades pantalla en paraísos fiscales.
La Fiscalía Anticorrupción calcula que, en el caso de la visita de Benedicto XVI, y teniendo en cuenta todas las partidas (compra de materiales, transporte, comisiones y otros), el coste de ejecutar el contrato fue de 911.854,37 euros, lo que supuso el 46,71% del importe total facturado «y proporcionó a la UTE Cueto-Defex un beneficio de 1.040.228,56 €».
Equivale al 53,29% de lo facturado, un porcentaje muy elevado aunque ligeramente inferior al 61,33% que, según Anticorrupción, obtuvo la UTE con el contrato principal de venta de armas para la policía. En este caso, la partida de «transporte de mercancía», según PwC, «no es razonable económicamente ya que se habría facturado un 77% más del coste real satisfecho a los proveedores de este servicio».
La IGAE destaca el «muy elevado» importe de la comisión de 249.312 euros que la UTE abonó por el contrato papal a la empresa de Guilherme Taveira, el comisionista portugués que conecta esta trama de corrupción con la de otra empresa pública española en Angola, Mercasa, y al que reclaman la Interpol y la Audiencia Nacional. El apoyo logístico a la visita del papa no se contrató a la Unidad de Seguridad Presidencial de la policía de Angola, sino con Sonadi, sin que según la IGAE, se encontrase «ninguna documentación, más allá de las notas de débito/facturas», que «ponga de manifiesto y evidencie los trabajos realizados por esta sociedad, por un importe tan elevado».
156,9 millones
La visita papal y el resto de operaciones de la UTE en Angola permitieron a Defex-Cueto, como destacó el juez en un auto dictado en diciembre de 2016, ingresar un total de 156.931.321,01 euros que cobraron en sendas cuentas de Deutsche Bank y Caixabank en España. Posteriormente, la UTE transfirió «sin razón comercial alguna a Luxemburgo» 41.464.729,48 euros «que la investigación permite considerar como producto de los delitos investigados en este procedimiento». La investigación y la auditoría de PwC relacionan ese pago, en concepto de «Servicios profesionales independientes», exclusivamente con el contrato principal para la policía de Angola.
Ese importe fue transferido desde cuentas en España de Deutsche Bank, BNP Paribas y Caixabank a dos cuentas de Dexia y KBL titularidad de JTL Financial, sociedad luxemburguesa que, según el juez, carecía «de empleados y de actividad comercial alguna» y que «fue utilizada para recibir los fondos dinerarios que luego fueron objeto de una sucesión de transferencias dinerarias internacionales a Hong-Kong, Singapur, Italia, Francia, Suiza, Reino Unido, Islas Caimán y Angola, sin que la totalidad de los destinatarios finales de esos fondos dinerarios se encuentren identificados», según ese auto de diciembre.
Una parte de los fondos regresó luego a España a través de United Patrimonium, sociedad pantalla en Luxemburgo de Juan Carlos Cueto, uno de los principales imputados en la trama. Por medio de su asesora y amiga Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía, Cueto blanqueó presuntamente unos 8 millones procedentes de las operaciones de la UTE en Angola por medio de una operación inmobiliaria por la que ha resultado imputado Ismael Clemente, fundador y consejero delegado de la principal inmobiliaria del Ibex 35, Merlin Properties.
