La plataforma en defensa de la libertad religiosa y el Congreso Mundial de Familias, presentan este jueves una denuncia contra la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) y la asociación vecinal Playa de Lavapiés, convocantes de la manifestación que recorrió algunas calles del centro de Madrid el pasado viernes 20 y que se convirtió en un atentado continuo contra la legalidad vigente en materia de libertad religiosa.
La presentación de la denuncia tendrá lugar este jueves a las 12:00 horas ante la Fiscalía General del Estado.
Pese a las advertencias de la propia Delegación del Gobierno, que refirió a los convocantes en un escrito oficial que “si durante el transcurso de la manifestación se realizaran actos que […] supongan una ofensa a la religión católica la misma dejará de tener una finalidad lícita […] por lo que podrá procederse a su disolución”, la marcha discurrió entre insultos sin la menor intervención policial.
De hecho, pese a que la manifestación estaba convocada bajo los lemas oficiales “De nuestros impuestos a las iglesias, CERO” y “Por la libertad de expresión y manifestación”, quienes acudieron a secundarla sólo se limitaron a insultar las creencias religiosas e incitar al odio y a actitudes violentas contra los creyentes con proclamas como "Hay que quemar la conferencia episcopal por machista y patriarcal", "La religión es como el pene: está bien tenerlo, pero no intentar metérselo a nadie por la fuerza", "Cura muerto, cura bueno", "Cura muerto, cura en paz", "La iglesia que ilumina es la que arde", "Hasta los ovarios de tantos rosarios", "Que no nos representa ni Dios ¡ni Dios!".
Miguel Vidal, portavoz de MásLibres.org, asegura que «es una pena que tengamos que ser los ciudadanos quienes asumamos la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Pero visto que las advertencias de la Delegación del Gobierno han quedado en agua de borrajas, no nos queda otra salida, porque pese a todo, saltarse a la torera el Código Penal en materia de respeto a la libertad religiosa, parece que sale gratis en España». Lo sucedido este año, es aún más grave que el año pasado, «puesto que existían pruebas evidentes de las intenciones de estas asociaciones, como acreditamos.
