«Europa Laica» esperará las conclusiones y si no resultan satisfactorias estudiará una demanda judicial.
La Policía Nacional ha confirmado la apertura de una investigación interna por las cargas policiales del pasado miércoles y jueves durante la manifestación laica, después de que lo reclamaran algunas asociaciones como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Por su parte, Europa Laica, uno de los colectivos que convocó la manifestación, estudiará una demanda judicial en caso de no resultar satisfactoria las investigaciones.
Según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid a Europa Press, la Policía Nacional abrirá una investigación para esclarecer los enfrentamientos desproporcionados que varios agentes mantuvieron con manifestantes y periodistas durante la manifestación pro laicismo que tuvo lugar el pasado miércoles y jueves coincidiendo con la visita del papa a Madrid.
Asociaciones como la APM y la FAPE, han exigido en seguida el estudio de los hechos y la asunción de responsabilidades. "Los testimonios gráficos y orales, de una contundencia desmedida, con excesos y violencia por parte de algunos policías contra ciudadanos y periodistas, requieren una investigación de la propia Policía y de la Fiscalía para exigir responsabilidades", reza un comunicado emitido por la APM.
Además, la APM considera que la respuesta del portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros es insuficiente. "O no estaba informado o no quiso estarlo, o pretende pasar por encima de unos excesos policiales que no son tolerables en un Estado de Derecho", señalaba.
La FAPE y la APM reclaman un "compromiso claro" de que estos comportamientos no volverán a repetirse, al tiempo que han requerido a la Delegación del Gobierno que acelere los trámites para la puesta en libertad de Gorka Ramos, redactor de "Lainformacion.com", quien permanece detenido a estos efectos.
Se ha sumado también el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el que también ha respaldado la necesidad de investigar los abusos policiales y "corregir disciplinariamente" a los autores.
El SUP ha recordado que "los miembros de las UIP, como el resto de miembros del Cuerpo Nacional de Policía, actúan sin un protocolo de actuación, la principal herramienta para impedir actuaciones" como estas. Y además, cree que se debe ampliar la investigación.
"En la información reservada abierta se debería, además de establecer si ha habido algún abuso individual, analizar la responsabilidad de los mandos de la UIP actuante, de la Jefatura Superior de Policía, y del director general de la Policía y la Guardia Civil, por si, por acción u omisión, se han permitido prácticas policiales contrarias a los principios legales y los derechos de los ciudadanos garantizados en nuestro país", ha añadido este colectivo.
Por otro lado, en opinión del secretario de organización de la Confederación Española de Policía (CEP), Lorenzo Nebreda, las imágenes de las cargas policiales vividas el pasado miércoles y jueves en la madrileña Puerta del Sol por policías nacionales a manifestantes laicos "pueden estar sacadas de contexto".
Además, Negreda ha señalado que los funcionarios "trabajan 14 horas diarias con mucha presión y puede que en un momento puntual hayan perdido los nervios".
El portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Alfredo Perdiguero, está de acuerdo con la apertura de la investigación pero también ha pedido "responsabilidades al Gobierno por la mala gestión" de las movilizaciones de los últimos días.
Perdiguero ha añadido que "la mala gestión de las movilizaciones por parte del Gobierno lleva a que la gente haga algo que no este bien hecho". "Por nuestra parte está bien que se mire quién se ha excedido y si lo ha hecho alegue sus razones, y a la vez responsabilidades políticas por incumplir la ley reiteradamente y hacernos que no se cumpla", ha subrayado el portavoz de la UFP.
Por último, Perdiguero ha señalado que la policía está "para que se cumpla la ley por todos" y si algún agente "se ha excedido que tenga su sanción".
Otros colectivos que se ha pronunciado sobre la cuestión han sido la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL), para la que la intención de abrir una investigación no es más que una "tapadera" y que es injusto que el Defensor del Menor sólo se esté preocupando de los casos de los menores de la JMJ; Europa Laica y las Juventudes Socialistas.
Luis Vegas, presidente de AMAL, ha manifestado su intención de reunir de nuevo a los grupos convocantes de la manifestación del pasado miércoles para volver a acordar "una gran concentración en Sol" que acabe con las protestas "espontáneas" que se están produciendo estos días.
Por su parte, el presidente de Europa Laica, ha anunciado en declaraciones a Europa Press la intención de presentar una demanda judicial si no satisfacen los resultados de las investigaciones o, si no continúa adelante.
AUSENCIA DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
El SUP ha querido poner de relieve la "pieza clave" que supone el gobierno para la buena gestión en este tipo de casos y que viene siendo, la ignorancia de éstos, "el claro fallo".
Ha asegurado que "los miembros de las UIP, como el resto de miembros del Cuerpo Nacional de Policía, actúan sin un protocolo de actuación, la principal herramienta para impedir actuaciones" como estas.
"Con el gobierno de Felipe González planteamos la necesidad de elaborar dichos protocolos con una doble misión: garantizar a los ciudadanos un trato ajustado a la legalidad, y a los policías protección jurídica ante denuncias contra ellos, pero ningún Gobierno ha considerado oportuno regularlo", ha manifestado el SUP, para quien, si ha habido "abuso policial", también serán "responsables por omisión todos los gobiernos".
LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS EXIGEN CONTUNDENCIA A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Las Juventudes Socialistas de Madrid (JSM) se han pronunciado sobre los "accidentes y agresiones" producidos los últimos días con motivo de "las diferentes manifestaciones críticas con los privilegios públicos otorgados a la Jornada Mundial de la Juventud" y ha pedido a la Delegación del Gobierno que actúe con "contundencia".
"Por supuesto, la Policía debe reaccionar ante cualquier muestra de violencia que se produzca en una manifestación, pero las imágenes que hemos visto en los últimos días nos muestran agresiones injustificadas y brutales que no se pueden aceptar en un Estado democrático", ha subrayado Danuel Méndez, el secretario general.
Méndez ha exigido a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior que actúen "de manera contundente contra los agentes que hayan actuado de manera desproporcionada".
En este sentido, ha propuesto que "de ahora en adelante los agentes antidisturbios actúen debidamente identificados para evitar que se produzcan agresiones impunes y que los criterios de la Delegación del Gobierno sean públicos y se conozcan con antelación en la medida de lo posible".
"En un Estado de Derecho la autoridad pública no solo ha de ser eficaz, sino que además debe ser previsible y transparente y para ello los responsables políticos han de asumir su responsabilidad ante la sociedad", ha añadido.
Por último, JSM ha mostrado su disposición a abrir un "amplio debate", en la sociedad y dentro del Partido Socialista, "sobre el respeto a la aconfesionalidad del Estado cuando finalice la JMJ" al comprobar "cómo las actuaciones de diversas administraciones parecen privilegiar a los participantes en actos confesionales por encima del resto de los ciudadanos".
