El férreo control de los funcionarios religiosos extiende el temor a ser condenado por la ley islámica. El Gobierno lleva al Parlamento el endurecimiento de las penas impuestas a partir de la ‘sharía’
Entre los delitos que violan la sharía, además del sexo premarital o extramarital, se encuentra el consumo de alcohol, no ayunar durante el mes de ramadán o ausentarse de la mezquita los viernes.
Funcionarios de la policía de la moralidad allanaron la casa familiar de la conocida actriz Faye Kusairi después de que alguien la denunciara por estar “demasiado cerca” de una persona del sexo opuesto en un lugar aislado, una ofensa punible en Malasia con hasta dos años de prisión. Era de madrugada y ni siquiera tenían una orden judicial. Con el objetivo de sorprender a los amantes, cinco agentes rompieron la cerradura y una puerta. Pero ella ni siquiera se encontraba en su domicilio: había salido con una amiga. En casa se encontraba su padre, su madre y su hermano. Aquello ocurrió en abril de 2016. Hoy, Faye explica a este diario que aún no ha recibido un disculpa pública. “Le dijeron a mi padre que me estaban buscando con el marido de otra persona”. Al menos le arreglaron la puerta.
Las denuncias falsas e inexactas son un patrón recurrente, una tendencia preocupante dada la férrea autoridad de los funcionarios religiosos en Malasia (29 millones de habitantes) que investigan las violaciones del código penal islámico basado en la sharía o ley islámica. En muchos casos los funcionarios van acompañados a las redadas por periodistas locales y las secuencias en vídeo, incluido el rostro y la información personal de los sospechosos, aparecen en la televisión nacional. Precisamente para endurecer las penas impuestas a partir de la sharía, sobre la mesa en el Parlamento malasio, decenas de miles de personas se manifestaron en Kuala Lumpur el pasado fin de semana.
En diciembre pasado, los funcionarios irrumpieron en el apartamento de un policía en un cuarto piso. En lugar de atrapar a la pareja en el acto, encontraron a una mujer sola en una de las habitaciones y una ventana abierta. Su amante había saltado por la ventana para evitar el arresto y murió más tarde en el hospital. Otro policía también sufrió varias lesiones tras saltar para escapar de los agentes de la moralidad esa misma noche.
El islam en Malasia se ha vuelto más conservador los últimos años y el alcance de las autoridades religiosas de línea dura es cada vez mayor. Las fetuas (edictos religiosos) se han convertido en la fuerza de la ley. Entre los delitos que violan la sharía, además del sexo premarital o extramarital, se encuentra el consumo de alcohol, no ayunar durante el mes de ramadán o ausentarse de la mezquita los viernes.
Prohibido dice «Alá»
El contexto perjudica también a los no musulmanes. Los funcionarios religiosos han negado la entrada a las oficinas del Gobierno a las mujeres por no vestir apropiadamente. Según la ley, solo los musulmanes pueden utilizar la palabra «Alá» (Dios, en árabe), pese a que las Biblias en lengua malaya han usado tradicionalmente la misma palabra para referirse al dios cristiano. Hace unas semanas hubo cierto alboroto tras la recomendación a la cadena Auntie Anne de cambiar el nombre de sus “perritos Pretzel” por “salchichas Pretzel” para recibir un certificado halal (comida lícita de acuerdo con el islam).
En Malasia, alrededor del 60% de la población es musulmana. La mayoría de ellos son de etnia malaya, y los demás (incluidos los malasios de ascendencia china e india, o miembros de las tribus indígenas) son budistas, hindúes, cristianos o no religiosos. La Constitución de 1957, en teoría, garantiza la libertad religiosa para los no-malayos, pero al mismo tiempo el islam es la religión oficial. Los musulmanes están sujetos a un doble sistema legal y algunos de los casos son juzgados por los tribunales de la sharía, diferentes a los del sistema judicial ordinario.
Los musulmanes no pueden pasar desapercibidos porque su religión aparece señalada en su carné de identidad. Cualquiera que quiera casarse con un musulmán debe convertirse al islam. Optar por una religión diferente requiere la aprobación de un tribunal islámico. Renunciar al islam en algunos Estados supone una ofensa criminal.
Desde la independencia del Reino Unido en 1957, Malasia ha estado gobernada ininterrumpidamente por una coalición, conocida como Barisan Nasional, que incluye partidos que representan a los mayores grupos étnicos y liderado por el partido malayo UMNO, que ocupa los puestos clave como la jefatura de Gobierno.
Durante décadas, el partido islámico de la oposición PAS ha estado agitando los ánimos para adoptar los castigos islámicos más sanguinarios como las amputaciones o apedreamientos. El Gobierno ha luchado contra sus demandas, pero esta ocasión es diferente, ya que UMNO perdió votantes en sus últimas elecciones. Desde entonces su popularidad ha caído todavía más en picado envuelto en escándalos de corrupción.
En marzo, el Parlamento debatirá endurecer la sharía para incluir penas de hasta un máximo de 30 años de prisión, 100.000 ringgits (aproximadamente 21.000 euros) y 100 latigazos, unas condenas mucho más severa que las implementadas en el marco del sistema de civil. Los presidentes de los partidos que representan a las minorías chinas e indias en la coalición gobernante han amenazado con abandonar sus puestos en el gabinete de aprobarse el proyecto.
Para Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch, “los principios del primer ministro Najib [Tun Razak] han salido por la ventana a medida que ha visto su carrera política amenazada”. La organización Justice for Sisters alerta de que todo este entorno puede generar “el aumento de la vigilancia y otros grupos extremistas”.
