Un año más nos encontramos puntualmente con la campaña propagandística de la Iglesia católica (Ic, en adelante) ante un nuevo intento para mantener la atención mediática de l@s ciudadan@s (en abril será la campaña “Por tantos” y en junio la Memoria de actividades), en relación con la declaración de voluntad de l@s declarantes del IRPF, para que el Estado (tod@s l@s contribuyentes) subvencione sus actividades de culto y clero.
1.- Sigue causando estupor, mezclado con vergüenza, que no se hagan públicas previamente por la Agencia Tributaria las escasas cifras que sí obran en poder de la Corporación católica: es la Administración Pública la que debería ofrecer dicha información como corresponde, al ser la Ic la beneficiaria de esta cuantiosa subvención pública: 256,21 M € (más de 43.000 millones de las antiguas pesetas). ¿Por qué esta información no es de conocimiento público? ¿A qué obedece este privilegio?
2.- Debemos afirmar categóricamente que la subvención que recibe la Ic por este concepto, sale de los Presupuestos Generales del Estado, como no puede ser de otra forma. Si como dice la propaganda de la Corporación católica, el contribuyente que marca la “X” no tiene que “pagar más ni se le devuelve menos” o “¡Marca la X, si no te cuesta nada!” ¿de dónde otro sitio puede salir que no sea de los Presupuestos, es decir del bolsillo de tod@s l@s ciudadan@s? Los impuestos no “pertenecen” al ciudadano, sino al Estado, para proporcionar (supuestamente) servicios de interés general. Por tanto, en realidad, todo es gasto presupuestario.
En segundo lugar, no ignoran los jerarcas católicos que el artículo II del Acuerdo concordatario sobre Asuntos Económicos, de 1979, compromete (obliga) al Estado “a colaborar con la Iglesia en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. Por tanto, mientras siga vigente dicho Acuerdo, el Estado viene obligado a mantener a 116 obispos y cardenales, 18.500 sacerdotes, seminarios, congresos, 23.000 parroquias y demás gastos de los denominados “de culto y clero”, independientemente de las “X” que marquen l@s contribuyentes. El eslogan de campaña de los obispos, para hacer honor a la verdad, debería ser: “No importa que marques la casilla, porque el Estado (todos los contribuyentes) nos tiene que sostener obligatoriamente”.
3.- Una año más, la interpretación que de las cifras realiza la Conferencia Episcopal (CEE) oculta una terca realidad: a pesar de todo su aparato propagandístico y mediático y de los recursos económicos que obtiene del Estado, el 66,5% de l@s declarantes (un punto y medio porcentual más que en 2015) sigue sin señalar la casilla de la Iglesia, como viene siendo habitual en la última década. En el lenguaje episcopal, si el 33,5% de l@s declarantes está “a favor de la Iglesia”, hay un 66,5% que estaría “en contra”.
4.- De la declaración del IRPF realizada en 2017, correspondiente a la renta de 2016, los dos únicos datos que se ofrecen (aparte de los datos por Comunidades Autónomas y por edad y sexo) son, el número total de declaraciones con “X” a favor de la Ic (7.112.844 declaraciones) y la correspondiente cantidad asignada a su favor por este motivo (256.208.146 euros, unos 43 mil millones de las antiguas pesetas). Esto significa que ha habido 234.768 declaraciones menos que el año anterior a favor de la Iglesia católica. Teniendo en cuenta que desde 2010 hasta 2015 la Ic vio disminuir las declaraciones a su favor en 107.211, la disminución total en el período 2010-2016 es de 341.979 declaraciones.
5.- A pesar del descenso en el número de declaraciones a favor de la Ic, ésta recibirá 7 M € más, debido a un mayor número de declarantes con rentas superiores a 30.000 € que han marcado la casilla. Hay que reseñar dos aspectos negativos para los intereses episcopales en este ejercicio: a) en los tramos de renta de menor poder adquisitivo (inferiores a 30.000 €) ha descendido el número de declaraciones a favor de la Iglesia, aunque la Conferencia Episcopal no ofrece ninguna cifra al respecto; y b) el número de declaraciones en las que no se marcó ni la casilla de la Ic ni la de “Otros fines sociales” aumentó en 600.000 (aunque tampoco ofrecen cifras del total de declaraciones). En todo caso, es indudable que al sistema de financiación de la Iglesia católica no le ha afectado la crisis.
6.- Año tras año hemos denunciado que, en contra de la propaganda episcopal, el dinero recibido por esta vía (IRPF), no se dedica a actividades caritativas, evangelizadoras ni sociales. Quizás por ello ha sido suprimida en la nota oficial de este año la alusión a “la actividad evangelizadora, social y caritativa“.
En realidad el 86% de la cantidad enviada por el Estado se dirige a las diócesis y, a su vez, el 80% de esta cantidad (en torno a 175 M €) se emplea en pagar los sueldos y salarios del sacerdotes obispos, cardenales y arzobispos así como sus seguros sociales. Otras rúbricas importantes financiadas con esta subvención estatal de 256,2 M € son, el funcionamiento de la conferencia Episcopal o las facultades eclesiásticas o la Pontificia de Salamanca, o los 4,8 M € de las campañas de propaganda. Pero no busque estos datos en la información ahora aportada por los obispos.
Debe resultar tan acusadora esta situación para la jerarquía católica (el hecho de que las tres cuartas partes de lo enviado a las diócesis se vaya en sueldos del clero) que esta información la han hecho desaparecer de las últimas Memorias de Actividades publicadas.
7.- Pero ésta no es la única financiación anual que recibe la Ic del Estado: exenciones y bonificaciones fiscales, (IBI, ICIO, etc), las “X” de Fines Sociales, los conciertos educativos con 2450 centros católicos, conciertos sanitarios con 68 hospitales, 52 dispensarios u 841 casas de ancianos o discapacitados, catequistas que imparten religión en las escuelas públicas, mantenimiento del patrimonio religioso, y así hasta alcanzar más de 11.600M €, es decir, más del 1% del PIB español.
8.- Tras años denunciando Europa Laica la pasividad del poder político de turno, incapaz de fiscalizar las cuantiosas exenciones y subvenciones recibidas por la Iglesia, el Tribunal de Cuentas (que ha denunciado en varias ocasiones el descontrol de Hacienda, a propósito de los privilegios fiscales de la Iglesia) ha incluido por primera vez en su programa para 2018 la fiscalización de las confesiones religiosas , a través de los programas de ingresos y gastos contenidos en los Presupuestos Generales del Estado, ejercicio 2017.
Está por ver el alcance de dicha fiscalización, pero es de esperar que alcance a todas aquellas entidades eclesiales que gestionen fondos públicos, tanto por vía directa (subvenciones) como indirecta (exenciones). La alarma social que ha generado esta situación ha llevado a algún miembro de dicho Tribunal a advertir que, “es muy posible que la Iglesia esté obteniendo un enriquecimiento injusto con esta forma peculiar de financiación”.
Enrique Ruiz del Rosal Miembro de la J D de Europa Laica y de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid
