Por primera vez, Naciones Unidas ha aprobado una resolución para instar a los países que prohíban y persigan la mutilación genital femenina.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó hoy por primera vez una resolución que condena la mutilación genital femenina y pide a los Estados miembros medidas de castigo y educativas para frenarla.
El texto urge a los Estados miembros de la ONU para que tomen todas las medidas, incluyendo leyes que prohíban expresamente esta práctica, a fin de proteger a mujeres y niñas de "cualquier forma de violencia" y poner fin a la impunidad, señaló un comunicado.
Según las estadísticas, la práctica de la ablación afecta en la actualidad alrededor de unas 135 millones de mujeres y niñas en el mundo. Se cree que cada vez se practica a niñas con una edad mucho menor quienes sufren la mutilación para evitar que puedan juzgar la práctica por sí mismas al ser mayores.
Esta costumbre está extendida principalmente en países centroafricanos. Algunas ONG (Unicef, Amnistía Internacional, entre otras) han denunciado miles de casos sobre todo en esta región del mundo, aunque también se ha extendido a otros lugares a causa de la emigración.
LAS LEYES SON INSUFICIENTES
Desde España, la ONG World Vision ha realizado un proyecto educativo en Mali para luchar por la erradicación de la ablación. "Prevenir que más niñas sufran la mutilación genital es uno de las líneas principales del trabajo de World Vision en países como Kenia, Malí o Somalia", explican en un comunicado. Desde la ONG agregan que "tener leyes que prohíban y persigan esta práctica es muy importante, no siempre es suficiente porque la mutilación genital femenina es una realidad muy arraigada en la cultura de muchas comunidades".
Por ejemplo en Kenia, donde la ablación está prohibida legalmente desde 2001, sigue siendo una realidad que afecta a niñas de muchas etnias porque se cree erróneamente que una mujer que no ha sido mutilada no podrá dar a luz o no es digna de casarse. Además, al ser una práctica que se ha realizado sin cuestionarse de generación en generación, se sigue realizando aunque sea ilegal.
En Malí la mutilación genital femenina no es un delito, pero el gobierno ha prohibido que se realice en hospitales y centros de salud. Como consecuencia, las familias realicen las mutilaciones en lugares que no tienen las más mínimas condiciones higiénicas, lo que supone un grave riesgo para la vida de muchas mujeres.
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