La ONU insta a garantizar el acceso al aborto en los países afectados por zika

En América, la mayoría de los países restringen o prohíben la interrupción del embarazo. El Salvador o Ecuador, han aconsejado a sus ciudadanas que no se queden embarazadas donde la Iglesia católica y las organizaciones anti-derechos tienen mucho poder.

La ONU ha instado este viernes a los países afectados por el virus del zika a garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y al aborto. “Las leyes y políticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva vulneran las leyes internacionales y deben revisarse urgentemente”, ha reclamado el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein. Las embarazadas, debido a la posible asociación del zika con la microcefalia fetal, son el principal grupo de riesgo del virus que ha puesto en alerta global a las autoridades sanitarias. En América Latina, donde se concentra el brote, la mayoría de los países restringen, o directamente prohíben, la interrupción voluntaria del embarazo.

El responsable de Derechos Humanos ha urgido a los Gobierno a tomar medidas concretas para que las mujeres tengan información, soporte y servicios para ejercer su derecho a decidir sobre su maternidad. Algo extremadamente difícil para las más de 24 millones de mujeres que carecen de acceso a métodos anticonceptivos modernos en la región. América es una de las regiones más restrictivas del mundo en materia de derechos reproductivos. Allí, siete países criminalizan totalmente el aborto —una prestación sanitaria que no se autoriza ni siquiera para salvar la vida de la mujer—. Y tampoco en los países en los que se autoriza por malformación fetal o cuando hay riesgo para la salud de la mujer el acceso está garantizado.

No es la primera vez que la ONU hace una llamada de atención a los países americanos que restringen duramente el aborto. Los relatores de Naciones Unidas sobre la tortura y sobre los derechos de la mujer han urgido en distintas ocasiones a El Salvador o a Paraguay, por ejemplo, a revisar sus leyes tras casos controvertidos como la menor de Paraguay embarazada de su padrastro yobligada a seguir adelante con la gestación, o el de Beatriz, la salvadoreña embarazada de un feto anencefálico sin ninguna perspectiva de vivir tras su nacimiento y a la que se denegó el aborto. De momento ningún Gobierno ha atendido a las reclamaciones de la ONU.

“En situaciones donde los servicios de salud sexual y reproductiva están penalizados, o simplemente no están disponibles, los esfuerzos para detener esta crisis no darán resultado si se coloca el foco en pedir a las mujeres y niñas que eviten quedarse embarazadas”, ha apuntado Al Hussein en un comunicado, en el que ha recalcado además que ese no sólo es un consejo poco realista, también es controvertido en una región como América, en la que la violencia sexual contra la mujer es un problema creciente. La critica del alto comisionado se dirige directamente a los Gobiernos que, como El Salvador o Ecuador, han aconsejado a sus ciudadanas que no se queden embarazadas; una recomendación que no ha ido acompañada, además, de ninguna medida para fomentar la planificación familiar.

“Los Gobiernos no tienen en cuenta las realidades que enfrentan las mujeres”, critica Morena Herrera, portavoz de la Asociación para la Despenalización del Aborto en El Salvador, donde hay al menos 160 embarazadas infectadas. En ese país centroamericano, que prohíbe el aborto en todas sus causas, hay 22 mujeres presas, algunas condenadas a más de 30 años, por complicaciones durante el embarazo que se consideraron abortos fallidos u homicidios agravados —por lo avanzado de la gestación—. El virus y su expansión ha llevado al Gobierno salvadoreño a deslizar, aunque muy de perfil, la posibilidad de reformar la ley. “Es una verdadera dificultad lo de la penalización absoluta del aborto, porque en estos casos se va a poner a prueba la enorme dificultad que puede pasar una mujer que tiene en su vientre a un bebé y que puede correr ese riesgo”, dijo la ministra de Salud, Violeta Menjívar. Una declaración que ya le ha costado durísimas criticas de los sectores más conservadores.

Como en El Salvador, la epidemia de zika y su vinculación con casos de microcefalia ha reabierto el debate sobre el derecho al aborto en una región con sistemas complejos —Ecuador, por ejemplo, sólo permite el aborto por violación cuando la mujer es discapacitada— y donde la Iglesia católica y las organizaciones anti-derechos tienen mucho poder. En Brasil, zona cero del zika donde hay más de 400 casos de microcefalia confirmados y otros 3.600 sospechosos, ya ha presentado una propuesta ante el Supremo para ampliar la legislación.