En 2018, 482 mujeres tuvieron que desplazarse de sus comarcas para abortar. Una de las causas es que numerosos hospitales están controlados por la Iglesia. Asociaciones feministas denuncian que la Generalitat debe garantizar que se pueda abortar en todo el territorio.
Abortar en Cataluña (y en el resto de España) es legal desde 1985. Pero que sea legal no significa que sea fácil. La ley de 2010 establece que, cuando se autoriza el aborto en España, la mujer debe someterse a tres días de reflexión. Las dos modalidades más comunes son el aborto farmacológico -posible hasta las nueve semanas- y el quirúrgico -legal más allá de la semana 22 si un comité clínico confirma que el feto tiene una enfermedad incurable-.
En el territorio catalán, los establecimientos para practicar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se dividen básicamente en dos tipos de centros: clínicas privadas acreditadas -la mayoría situadas en Barcelona- y hospitales.
A pesar de ello, la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos indica que en 2018 al menos 482 mujeres tuvieron que desplazarse para abortar porque en sus comarcas no pueden hacerlo. Según los datos proporcionados por el Departamento de Salud no se notificó ningún IVE en 16 comarcas catalanas (Valle de Aran, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Solsonès, Segarra, Conca de Barberà, Terra Alta, Montsià, Priorat, Garrigues, Moianès, Pla de l’Estany, Cerdanya, Alt Urgell y Berguedà). “No me creo que las mujeres en el Montsià no aborten”, sospecha la coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, Sílvia Aldavert Garcia .
Una de las principales razones de esta cifra es la objeción de conciencia. El artículo 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010 establece que puede haber ginecólogos objetores de conciencia -que se nieguen a practicar abortos por creencias religiosas pero los centros médicos deben garantizar que haya algún profesional dispuesto a hacerlo. Esto no ocurre en gran parte del territorio catalán. “El sistema de salud en Cataluña es absolutamente perverso, porque muchos de los hospitales catalanes son concertados con la Iglesia católica, como el Hospital de Sant Pau, el de Manresa o el de la Seo de Urgel. Se definen objetores porque los jefes del hospital son los obispos “, denuncia Aldavert.
En Manresa no se puede abortar quirúrgicamente
Uno de los hospitales concertados es el de San Juan de Dios de Manresa. Es el centro sanitario de referencia del Bages y de su gestión se encarga la Fundación Althaia . El patronato de la fundación está formado por el Ayuntamiento de Manresa, Mutuacat y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios . Desde hace unos meses, el colectivo feminista Acción Lilaha empezado a recibir quejas en las que mujeres dicen que son derivadas a Barcelona cuando solicitan un aborto quirúrgico en el hospital. En el Centro de Atención Primaria (CAP) Bages, gestionado también por Althaia, sí que se les autoriza el aborto farmacológico, el cual se puede practicar hasta la semana nueve. Ahora bien, desde San Juan de Dios, que también es uno de los centros hospitalarios de referencia de la Cataluña Central, se les niega el IVE quirúrgica. Ria, militante de Acción Lila, señala que al principio suponían que era por motivos técnicos, pero con el tiempo han ido atando cabos.
Fuentes de la Fundación Althaia remarcan que esta derivación se debe al circuito del sistema del Departamento de Salud . Ni confirman ni desmienten que la objeción de conciencia sea un motivo de peso. “En Cataluña el sistema de salud está organizado en el territorio de manera que las demandas asistenciales atienden desde el nivel y centro más adecuado en cada caso”, afirman. Por otra parte, fuentes de la Orden de Hospitalaria de San Juan de Dios exponen argumentos diferentes. “Como entidad católica tenemos clara nuestra posición”, subrayan.
“La inviolabilidad de la vida humana excluye que en las obras de la Orden Hospitalaria se pueda practicar no sólo el aborto voluntario, sino otras intervenciones que supriman la vida. El personal que trabaja en ellas, por lo tanto, tiene el deber de la objeción de conciencia “, expone el punto 5.2.1.3 de su Carta de Identidad.
Frente a esta explicación, Oria recuerda que el Hospital de San Juan de Dios recibe dinero de la Generalitat -el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) asume y paga más del 70% en la contratación de servicios – y que “debería estar totalmente subordinado a la ley pública “.
… y en Lleida tampoco
En Manresa se puede abortar farmacológicamente, pero en las comarcas de Pallars Jussà, Pallars Sobirà y Alta Ribagorça no. En el hospital Comarcal del Pallars, las mujeres de estas tres comarcas son derivadas al CAP de Balaguer , ya que los dos ginecólogos de su hospital de referencia son objetores de conciencia, afirman desde el colectivo Feministas Pallars Jussà. “En toda la provincia de Lleida no se puede practicar el aborto quirúrgico”, añaden. Esto provoca que tengan que trasladarse hasta Girona, Tarragona o Barcelona. Otro de los motivos de este desplazamiento, sin ni siquiera pasar por el CAP o el hospital, es que las mujeres se sienten juzgadas. “Cuando eres de un pueblo pequeño tu confidencialidad está más amenazada que el aborto está estigmatizado”, apunta Aldavert.
El Departamento de Salud reconoce que en Alto Pirineo y Aran las mujeres “tienen que desplazarse para llegar a los servicios donde se disponen de los recursos necesarios para la realización de la IVE”. “Actualmente se está trabajando para acercar el punto de acceso a la prestación de la IVE y disminuir así los desplazamientos, pero todas las mujeres que pasan por este proceso tienen garantizados sus derechos”, apuntan.
Ahora bien, Feministas del Pallars Jussà asegura que en el Hospital Comarcal del Pallars, gestionado por la empresa pública Gestión de Servicios Sanitarios, Sí hay los recursos necesarios para practicar el aborto. “A ti te mandan a Balaguer, pero si tienes algún problema te atienden los ginecólogos -del Hospital Comarcal del Pallars-, los mismos que no te han querido dar el tratamiento”, denuncia el colectivo.
“Mira como le late el corazón”
Además de negarles a ellos los fármacos, varias usuarias han encontrado con una doble dosis de moralidad no deseada. la Laura-nombre ficticio- se quedó embarazada y tenía “clarísimo” que no quería tener hijos, así que fue a su hospital de referencia, el Hospital Comarcal del Pallars, para solicitar la IVE. Una visita que debería haber durado diez minutos se alargó una hora y media. La informaron de todos los recursos a los que podía acceder -siguiendo el procedimiento establecido por ley-, sobre todo centrándose en la maternidad. Después, le hicieron la ecografía. “Van girar la pantalla para decirme ‘mira como le late el corazón’, ‘a ver si podemos escucharle”, narra. “Entré muy mentalizada a la consulta, pero salí con un sentimiento de culpa ganado. Para acabar de rematar me dieron una foto de la ecografía con los papeles informativos”, relata.
Laura, como la mayoría de mujeres, fue derivada a al CAP de Balaguer, donde sí autorizan el aborto farmacológico. “Estuve muy nerviosa después de la experiencia que había tenido y nada que ver. Duró diez minutos, me hicieron una ecografía rapidísima y me explicaron paso a paso el tratamiento”, explica Laura. Ahora bien, si el embarazo tiene más de nueve semanas las derivan fuera de la provincia de Lleida para someterse a una IVE quirúrgica. “Con el coronavirus las mujeres han tenido que desplazarse varias comarcas para abortar”, denuncian desde Feministas Pallars Jussà.
A pesar de que el Ayuntamiento de la Torre de Capdella (Pallars Jussà) ha aprobado este mes de julio una moción para que se garantice la IVE de momento no ha habido avances, según las activistas feministas. El colectivo propone varias soluciones: que al menos haya un ginecólogo que no sea objetor de conciencia en las comarcas; que se desplace algún ginecólogo del territorio para poder practicar el aborto quirúrgico o farmacológico cuando sea necesario; o que lo hagan las parteras, “ya que en su gran mayoría no son objetoras”, concluyen.
El laberinto de abortar después de las 22 semanas
La Ley orgánica 2/2010 especifica que se puede abortar más allá de las 22 semanas de gestación cuando se presenten anomalías fetales incompatibles con la vida o cuando se detecte una enfermedad incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme el comité clínico. En Cataluña hay dos comités clínicos ( Hospital Vall d’Hebron y Hospital Clínico ). Estos comités pueden decidir no aceptar el aborto, lo que provoca que las mujeres tengan que desplazar al extranjero para abortar. “Tienen que pagarlo de sus bolsillos, muchas veces deben ir solas y sin saber el idioma”, denuncia Silvia Aldavert, quien añade que no hay cifras oficiales de cuántos abortos han sido autorizados.
