Costa Rica es un país envidiado y querido por algunos aspectos de su historia y de su organización social, y por supuesto, por la riqueza natural y humana reconocida en su nombre. Sin embargo, el que en la campaña electoral en curso gran parte de la población manifieste poco entusiasmo por pronunciarse el 2 de febrero de 2014, no es porque no haya problemas importantes que resolver (coste de la vida, desigualdad, corrupción…), como se ha puesto de manifiesto en las recientes protestas en las calles, sino por una desafección con los políticos —de la que en alguna medida pueden ser responsables los medios de comunicación-— que a los españoles nos resulta muy familiar.
Precisamente por compartir en España problemas derivados del confesionalismo estatal, y por mi afecto y solidaridad hacia el pueblo costarricense, me atrevo a exponer una reflexión sobre un asunto que, a mi entender, exige reformas inaplazables en Costa Rica: el de la injerencia de la Iglesia católica en el funcionamiento del Estado. Que a estas alturas Costa Rica siga teniendo una Constitución que se presenta “invocando el nombre de Dios” y proclama, en su artículo 75, una “religión del Estado”, no sólo es un anacronismo que nos retrotrae a hábitos medievales que creíamos felizmente superados, es un disparate de grandes dimensiones… y, también —lo que puede ser peor, como veremos—, pequeñas.
Es muy triste que los ciudadanos de uno de los países con mayor biodiversidad del mundo se vean constreñidos constitucionalmente en la diversidad más específicamente humana, la de pensamiento y conciencia. La imposición de una creencia entre el sinfín de posibilidades existentes tiene consecuencias muy variadas, todas penosas. La de mayor escala aparente probablemente sea la económica: el trato estatal de favor que recibe la Iglesia católica supone esquilmar los bienes de todos en favor de una organización privada (aunque a ella pertenezcan muchos).
Pero, sin menospreciar las escandalosas dimensiones de esta apropiación legal pero ilegítima, tal vez lo peor sea el intento (demasiadas veces exitoso) de sometimiento de las conciencias. La Constitución confesional y los acuerdos con la Iglesia afectan a la vida de los costarricenses a diversos niveles, desde el institucional hasta el educativo y el familiar, y es cuando permean hasta lo más íntimo (en las pequeñas dimensiones) cuando el daño humano es potencialmente mayor.
En el nivel institucional, la confesionalidad estatal llega a límites inverosímiles:
que los máximos representantes de los tres poderes se consagraran en agosto a ellos mismos, y a sus instituciones, “al amor y protección de Dios todopoderoso a través de la intercesión de María nuestra señora, la reina de los Ángeles”, es un esperpento que debían evitar aunque sólo fuera por sentido del ridículo. ¿Podrán los ticos elevar reclamaciones oficiales a Dios, o a la reina de los Ángeles, cada vez que aquella “protección” fracase? Y es imperdonable que, en el mismo acto, las autoridades pidieran perdón a Dios por sus errores (los de ellos): ¡a quien tienen que rendir cuentas es a los ciudadanos, no a ningún ente ultramundano! Por esta misma razón, es inadmisible el juramento “a Dios” que deben prestar los funcionarios públicos, según el art. 194 de la Constitución. Por supuesto, es lícito que quienes disfrutan de cargos públicos vayan a misa y se postren ante todos los santos y Vírgenes (e incluso vírgenes) que quieran… pero sólo a título personal, nunca institucional. En cuanto a ciertos nombramientos honoríficos, así el de la Virgen de los Ángeles como "Comandante de la Sección Aérea de la Fuerza Pública", me temo que perjudican a los creyentes religiosos, pues dan pie a todo tipo de chanzas.
Este confesionalismo se ha exhibido al mundo sin pudor con motivo de la reciente visita a Europa de la presidenta, Laura Chinchilla. Tras un paso por Francia de verdadera relevancia económica para Costa Rica, le ha faltado tiempo para, junto a otras autoridades —entre ellas, atención, el ministro de educación—, ir al Vaticano a rendir pleitesía al papa, como ya hizo con motivo de la entronización de Francisco, y en 2012, cuando visitó a Benedicto XVI. Tras el último encuentro, la Oficina de Prensa vaticana ha resaltado la intención de “llegar a un acuerdo entre Costa Rica y la Santa Sede encaminado a reforzar las relaciones bilaterales”. ¡Reforzar las relaciones!, cuando las ya existentes obligan a que en Costa Rica aún sean ilegales las parejas homosexuales, la fertilización in vitro, el aborto… además de a la mencionada confusión entre las creencias privadas y el interés público.
Con ser todo esto muy reprobable, lo peor, en mi opinión, es el abuso sobre las conciencias de los más indefensos: los niños. El adoctrinamiento en las escuelas costeadas por el Estado es el mayor atentado contra la libertad de conciencia de las personas, pues se ejecuta cuando carecen de mecanismos mentales de defensa frente a irracionalidades e imposiciones morales que harían reír o indignarían a la mayoría de los adultos no adoctrinados, sino con alguna formación científica y humanística.
Esta situación, que la Iglesia etiqueta convenientemente —para ella— de “laicidad sana”, es en realidad incompatible con la democracia y el Estado de derecho. La laicidad, que supone que el Estado se separe de las Iglesias, que no privilegie a ninguna creencia o convicciones particulares sobre otras, es un atributo indispensable de una democracia. La mayor igualdad que justamente exigen los ticos no debe ceñirse sólo a los inexcusables aspectos de género (que no se solucionarán sólo con un Ministerio; por ejemplo, ¿qué tal no dejar que adoctrine a los niños una institución que margina radicalmente a las mujeres?) y económicos: no puede haber unos creyentes —o increyentes— favorecidos sobre otros desde el ámbito público.
Es lamentable que las iniciativas laicistas hasta ahora no hayan tenido éxito parlamentario. ¿No es hora de que Costa Rica, considerado el país de más tradición democrática en Centroamérica, se convierta de una vez en un Estado laico, precisamente por respeto democrático… por respeto a la libertad de conciencia de sus ciudadanos? Pero mucho cuidado, pues esto supone no sólo eliminar el confesionalismo constitucional, sino, también, evitar cualquier Concordato o Acuerdos que limiten el autogobierno del país al hacerlo dependiente de los intereses proselitistas y económicos de un Estado extranjero (extremadamente antidemocrático y machista, por más señas). Precisamente esto último —la atadura a unos Acuerdos leoninos— es lo que desdichadamente ocurre en España, a pesar de tener una Constitución no confesional desde 1978: clases de religión en la escuela, más de 11.000 millones de euros anuales para la Iglesia, etc., etc.
Estoy convencido de que la Iglesia católica, siguiendo pasos similares a los que dio en España, ya está asumiendo que la Constitución confesional actual no se podrá mantener mucho tiempo en Costa Rica, y ya prepara una estrategia lampedusiana ("si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie") que incluye dos objetivos:
1. Que en la futura redacción constitucional, aunque se diga que el Estado no tiene ninguna confesión, se reconozca la importancia del credo católico en Costa Rica y la necesidad de mantener relaciones de cooperación con la Iglesia.
2. Un Concordato o unos Acuerdos decooperación que aseguren, sobre todo, el mantenimiento económico de la Iglesia (mediante ingresos directos y exención de impuestos) y las clases de religión en la escuela pública, pero también otras prerrogativas: presencia en los medios de comunicación, capellanes en los hospitales…
Me temo que la visita de Laura Chinchilla al papa, con la alusión posterior a unos nuevos Acuerdos bilaterales, confirma mis malos augurios. Como supongo que, al menos por razones conyugales (su marido es granadino, como yo), sabe bien la actual presidenta, en España se gestaron unos Acuerdos de ese tipo antes de que se aprobara la Constitución, pero se aprobaron unos días después. Y así llevamos más de 34 años constreñidos en nuestra soberanía por los intereses de la Santa Sede, padeciendo un aberrante confesionalismo de hecho. ¡Amigos, que nuestra nefasta experiencia les sirva para estar prevenidos!
Según la encuesta de marzo de 2013 publicada en La Nación, el 47 % de la población costarricense quiere un Estado laico. Esperemos que lo tengan en cuenta los candidatos, y que los votos impulsen a quienes —entre otras cosas necesarias, claro—defiendan decididamente la opción laicista. Pero no ya por el (pseudo)argumento de la mayoría, sino por la razón, la igualdad, la justicia, la libertad y la democracia; en definitiva, por los ciudadanos.
