El acto solemne en memoria de las víctimas de la Covid-19 que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció para el próximo 16 de julio puede tener carácter estrictamente laico. Es una de las posibilidades que ahora mismo maneja la Moncloa para el acto de Estado con el que el Gobierno ha decidido rendir memoria a los fallecidos por causa de la pandemia del coronavirus.
La decisión, que sentaría un precedente fijando la laicidad del Estado para sus actos institucionales, no está tomada y aún se estudian otras posibilidades, como una ceremonia multiconfesional, con presencia de representantes de las confesiones religiosas con mayor presencia en el país. El acto puramente laico permitiría inaugurar una imagen patente de la condición de aconfesionalidad del Estado, fijada por la Constitución de 1978, pero que no ha tenido apenas una expresión ceremonial, con profusión de presencia de representantes de la Iglesia católica en la mayor parte de los actos de Estado, desde capellanes hasta arzobispos, a lo largo de los últimos cuarenta años.
El debate está abierto, pero a la idea de que no sea un acto con dimensión religiosa contribuye el hecho de que no sea un funeral propiamente dicho, sino un solemne homenaje de Estado, presidido por el rey Felipe, con abundante presencia de autoridades internacionales. En principio, al acto, que se celebrará en la plaza de la Armería del Palacio de Oriente de Madrid, según informó el Gobierno, está previsto que asistan los principales dirigentes de las instituciones comunitarias, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, entre otros. También prevé participar en el homenaje el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. La idea de que el acto no tenga naturaleza de funeral la explicó el propio presidente Sánchez en la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, cuando, a preguntas del líder de la oposición, Pablo Casado, confirmó la fecha en la que se celebrará la ceremonia, ya que no solo se trata de un homenaje a las víctimas directas del coronavirus sino también de un acto de agradecimiento y honra a los servidores públicos que han trabajado en primera línea contra la pandemia, señaló entonces el presidente.
Este distingo entre funeral de Estado y homenaje es relevante, ya que es común en todo Occidente que en los funerales sí tengan un papel las confesiones religiosas, no así en otro tipo de actos solemnes institucionales. La práctica más habitual en los últimos años es que los funerales tengan carácter multiconfesional, como ha ocurrido desde el 11-S en todas las honras fúnebres en que las víctimas son múltiples, en Estados Unidos, en Francia, o en Alemania, ceremonias en las que han sido cooficiantes representantes de distintas confesiones. En cambio, esta práctica es mucho menos habitual en actos institucionales de otro tipo, con la excepción del Reino Unido, país confesional donde la jefatura de Estado es cabeza de la Iglesia anglicana. Como ocurría en Noruega, donde el rey Harald V dejó de ser cabeza de la Iglesia luterana en diciembre del 2016 y el país pasó a ser un Estado laico.
Si la Moncloa se decide finalmente por diseñar un acto laico a la manera de las citas solemnes de la República Francesa, la idea agradaría a los socios de coalición, Unidas Podemos. El Gobierno ha dado pasos para atenuar la relación que privilegia a la Iglesia católica –como el fin de la exención del IBI, anunciada ya en enero por la vicepresidenta Carmen Calvo, en consonancia con la idea de republicanismo auspiciada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero–, si bien no parece inclinado a la denuncia de los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979, que en estos años ha entrado y salido del programa electoral del PSOE varias veces.
