El Gobierno hará público el listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica, algo sobre lo que ya está «procesando los datos». Así lo ha confirmado el Ministerio de Justicia en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Hurtado. Ante la ausencia de datos oficiales y públicos sobre el número de propiedades que la Iglesia ha hecho suyas sin control, este censo dará a conocer las que inmatriculó desde 1998, aunque no son la mayoría. Pero, ¿qué son las inmatriculaciones? ¿por qué tiene la Iglesia este privilegio? ¿qué lugares emblemáticos ha registrado?
Las inmatriculaciones: registrar un bien por primera vez
En la jerga administrativa, inmatricular es inscribir un bien inmueble por primera vez e incorporarlo al Registro Público de la Propiedad. La Iglesia encontró en esta acción, en connivencia con la dictadura franquista y más tarde con el Gobierno de Aznar, el instrumento perfecto para incrementar su patrimonio inmobiliario a base de cementerios, pisos, huertos, parroquias, catedrales y otro tipo de propiedades que hasta ese momento pertenecían al pueblo o a particulares.
De esta manera, la Iglesia logró inscribir a su nombre miles de bienes de forma opaca y sin ningún control, algo que diversas organizaciones han denunciado como una «apropiación ilegítima». Muchos de estas propiedades fueron posteriormente vendidos, con sus correspondientes ingresos por una cuantía desconocida.
La ley franquista que lo permitió
Las inmatriculaciones han sido posibles gracias a una aprobada durante la dictadura. La reforma que hizo Franco de la Ley Hipotecaria en 1946 incluía en su artículo 206 –y el 304 del Reglamento que la desarrollaba– la equiparación de la Iglesia católica con una corporación pública a la hora de inscribir un bien inmueble. De esta forma, únicamente era necesaria la mera firma de un obispo, que actuaba como funcionario público, para que una propiedad fuera inscrita a su nombre.
Mientras que para cualquier ciudadano, la inscripción de una finca, un piso o cualquier otro bien en el Registro era un proceso complejo, para la Iglesia se trataba de un sencillo trámite sin necesidad de darle publicidad ni de aportar ningún título que acreditara la propiedad.
La reforma de Aznar que agrandó el privilegio
Con la llegada de la democracia, la norma no solo no fue derogada, sino que años después, el primer Gobierno de José María Aznar aprobó un decreto en 1998 en el que reformaba la ley para ampliar el privilegio. De esta forma, extendió la posibilidad de que la Iglesia hiciera suyos mediante esta vía los lugares de culto, hasta entonces al margen de la norma. A partir de esa fecha, las diócesis comenzaron a inscribir a su nombre parroquias, ermitas e incluso catedrales o la misma Mezquita de Córdoba.
Este precepto fue derogado mediante la reforma de la Ley Hipotecaria de 2015, cuando se puso fin a este privilegio tras décadas de inmatriculaciones –la mayoría desconocidas– y los recurrentes avisos de inconstitucionalidad de numerosos juristas. Así lo interpretaba el catedrático de Derecho de la Universidad de Navarra, Alejandro Torres Gutiérrez, para el que se trataba de una práctica, al menos, «paradójica» atendiendo al carácter aconfesional del Estado. Esta «extraordinaria prerrogativa preconstitucional» entra en «manifiesta contradicción con los postulados constitucionales».
Propiedades emblemáticas por 30 euros
Tras la ampliación llevada a cabo por Aznar, la Iglesia comenzó a inscribir templos, parroquias o incluso catedrales con el único coste del pago de la tasa de inscripción. De esta manera, se inmatricularon algunos lugares especialmente emblemáticos y que reciben millones de visitantes al año por apenas 30 euros, entre ellos la Mezquita de Córdoba en 2006, la Giralda y la Catedral de Sevilla en 2010 o la Catedral de Zaragoza –conocida como la Seo–. A esta lista hay que sumar la Catedral de Valladolid, la del Buen Pastor de Donostia, la de Granada, Jaca y Málaga.
La ausencia de datos oficiales
El proceso opaco y sin publicidad con el que la Iglesia inmatriculaba los bienes posibilitó el desconocimiento por parte de particulares o Administraciones públicas, con la consiguiente imposibilidad de recurrir la decisión. Por lo tanto, actualmente no es posible saber cuántos bienes ni en qué fecha se inscribieron. Con el paso del tiempo, numerosos ayuntamientos y colectivos han dado visibilidad a esta realidad y han exigido en muchas ocasiones la restitución de los bienes.
No hay cifras oficiales, aunque en alguna ocasión se ha hablado de entre 40.000 y 60.000 propiedades desde 1946. Solo en Navarra, donde sí se cuenta con datos, la Iglesia inscribió a su nombre casi 1.100. En cuanto a los bienes inscritos desde 1998, cuando se instaló la reforma de Aznar, desde hace años se habla de unos 4.500, una minoría con respecto a la cifra total.
Estrasburgo declaró nula una inmatriculación
En 2016 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró nula una inmatriculación realizada por la Iglesia. La sentencia condenó al Estado a pagar una indemnización de 600.000 euros a la Sociedad Anónima de Ucieza por inscribir a su nombre en 1994 varios edificios de Palencia que pertenecían a la empresa.
Mucho antes de la emisión del fallo, una sentencia del Tribunal Constitucional había sido utilizada por los juristas contrarios a este privilegio para demostrar su inconstitucionalidad. El tribunal argumentaba en 1993 que no se pueden confundir fines estatales con fines religiosos, ni fines públicos con fines religiosos y tampoco a la Iglesia con una corporación de derecho público.
El Congreso instó al Gobierno a recuperar los bienes
El Gobierno del PP ya había comenzado a elaborar el censo que el Ministerio de Justicia ha confirmado que hará público tras la aprobación en el Congreso de una proposición no de ley que instaba al Ejecutivo a hacerlo. La iniciativa contó con los votos a favor de todos los grupos excepto los populares y Ciudadanos y el Gobierno no se dio por enterado. Meses más tarde rectificó y aseguró estar impulsando las acciones pertinentes para ponerlo en marcha. Sin embargo, nunca confirmó que el listado iba a hacerse público, como ahora asegura Justicia.
