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La mezquita de Córdoba nunca fue solo propiedad de la Iglesia

El medievalista Jesús Padilla analiza textos originales del siglo XIII al XVIII y concluye que la inmatriculación del templo que hizo el obispo de Córdoba en 2006 no tiene fundamento porque la propiedad siempre fue compartida con el Estado.

La inmatriculación de la mezquita-catedral de Córdoba, que en 2006 realizó el entonces obispo Juan José Asenjo a nombre de la Diócesis de Córdoba, ha sido una de las más controvertidas entre las 34.961 realizadas por la Iglesia católica en España por la importancia del monumento: declarado en 2014 Bien de Valor Universal Excepcional por la Unesco y con una extensión de 20.396 metros cuadrados, en 2019 recibió más de dos millones de visitantes y recaudó en taquilla 15,5 millones de euros. Pero pese a que la privatización del templo levantó un gran revuelo, nadie en su momento realizó un análisis exhaustivo de los textos históricos en los que la Iglesia fundamentó su derecho de propiedad; ni para avalarlo ni para desmentirlo.

Por fin, el medievalista Jesús Padilla (Córdoba, 70 años) decidió ponerse a ello en 2018 dejando a un lado connotaciones religiosas, políticas e ideológicas y ciñéndose a los documentos que hacen referencia a la mezquita durante 600 años. El historiador ha buceado en la legislación medieval cristiana y las crónicas reales para concluir que “la Iglesia no tiene señorío sobre la mezquita-catedral”, ya que Fernando III la cedió al clero para que actuaran como sus “guardadores y servidores”, pero nunca les otorgó un título de propiedad. Lo dice un informe de los capellanes reales del siglo XVII: “Fernando VII dio al obispo y Cabildo la dicha mezquita, solo para efecto de que en ella fuera nuestro Señor alabado y se celebrasen los divinos oficios; pero no de modo que perjudicara a la suprema jurisdicción real”.

Los clérigos se convirtieron en administradores del templo, mientras que los monarcas cristianos se ocuparon de su tutela y protección, reservándose un espacio: la capilla real. Por otra parte, en el Estado medieval cristiano no existía separación entre Iglesia y Estado y, por tanto, a la mezquita no se le puede aplicar el concepto de propiedad privada como ha hecho la Iglesia con su inmatriculación, afirma Padilla.

El medievalista analiza y compara distintos códices en un estudio con más de 500 páginas y 900 notas bibliográficas, La titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Análisis documental y estudio histórico (siglos XIII-XVIII), en el que desvela que la Iglesia fundamenta la propiedad del templo en varios errores y omisiones de textos antiguos. Y como ejemplo cita varios textos en los que “errores del copista, omisiones o interpretaciones” han cambiado el sentido del original en favor de la tesis de la Iglesia.

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Combo formado por la portada del impreso de 1516: sobre el título la xilografía de Fernando III en el trono y una de las ilustraciones del libro con el texto: “Cómo la mezquita mayor de Córdoba fue consagrada por los obispos que con el rey eran: e cómo el rey don Fernando la reparó y edificó lo necesario y la dotó de rentas”.

El estudio que encargó el Cabildo de Córdoba en 2014 al canónigo y archivero de la catedral Manuel Nieto Cumplido cita la Crónica de veinte reyes (siglo XIII) como hecho probatorio de la donación de Fernando III, versión que el cronista del emperador Carlos V Florián de Ocampo difunde en el siglo XVI en su Crónica general de España. Pero según Padilla, cuyo estudio está pendiente de publicación por la Diputación de Córdoba, el copista de esa versión de la Crónica de veinte reyes omitió por error un detalle que contradice la donación.

El error está en la parte en la que se relata la toma de Córdoba por Fernando III. Una vez en posesión de la ciudad, el monarca mandó publicar un pregón de repoblamiento con población cristiana, pues la ciudad quedó desierta tras la expulsión de los musulmanes. Atraídos por la fertilidad de sus tierras, la bondad de su clima y el reparto de bienes que prometía el rey, se produjo una avalancha de nuevos pobladores. Decisión que recoge la Primera crónica general de España (códice E) de la siguiente manera: “Et depués de aquello, el rey don Fernando dioles algunas rrentas a los de la yglesia de Cordoua [et confirmogelas con su priuilleio, et dio al obispo de Cordoua Luçena por su camara. Et tan grant es el abondo de la çipdat de Cordoua et] el solaz della et la plantia, que luego las yentes, oydo el pregon de esta çipdat, vinieron de todas las partes de Espanna pobladores a morar et a poblar…”.

Sin embargo, en la Crónica de veinte reyes que recoge De Ocampo puede leerse: “Después de aquello el rrey don Ferrando diolos algunas rrentas a los de la iglesia de Córdoba e el solaz della e la plantía, que luego las gentes, oydo el pregón desta çibdat, de todas las partes d’España pobladores a morar e a poblar…”. En el primer texto, “el solaz della et la plantía” se refiere a la ciudad; mientras que en el segundo, el copista ha suprimido un fragmento de la crónica (el que aparece entre corchetes), de forma que “el solaz della et la plantía” se refiere a la mezquita aljama, en un confuso y ambiguo sentido lingüístico. Es esta versión la que ofrece Florián de Ocampo, lo que hace que se imponga la creencia generalizada de que Fernando III donó expresamente la mezquita a la Iglesia.

Entre el corpus de citas que la Iglesia esgrime en su favor destaca una real cédula de Felipe IV de 1659 en la que el rey cita al obispo de Córdoba “como dueño lexítimo de la fábrica de la dicha iglesia” ―aunque según el derecho canónico los obispos no son dueños sino administradores de los bienes de su diócesis― en un documento en el que ordena la construcción de una nueva capilla real dentro de la mezquita que, por cierto, nunca llegó a realizarse; pero si se lee el texto completo se comprende que se trataba “de una permuta de espacios dentro de la catedral entre la Corona y la Iglesia”, arguye Padilla, lo que demuestra que la Corona, ahora el Estado, siempre ha conservado parte de la propiedad del monumento omeya desde que Fernando III tomó la ciudad el 29 de junio de 1236.

La mezquita, por derecho de conquista, se convirtió en dominio regio y fue Fernando III quien ordenó a Juan de Osma, obispo y canciller del rey, que la purificara y consagrara para convertirla en iglesia. El soberano ordenó que se colocara en el alminar la cruz y el pendón real y, al día siguiente, como mandaba el protocolo, Fernando III entró en la ciudad y asistió a la primera misa que se ofició entre los 365 arcos de herradura en los que el Corán había resonado durante cinco siglos.

Arco de la Puerta del Perdón de la mezquita con el escudo del rey Enrique II, construido en 1377, dentro de un gran proyecto de decoración de la Corona / Jesús Padilla

Una ley muy polémica

En 2006 el obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, inmatriculó la mezquita-catedral a nombre de la Iglesia pagando una tasa de 30 euros al amparo de una modificación de la ley hipotecaria que hizo el Gobierno de Aznar en 1998, que consideraba a los obispos fedatarios públicos y, por lo tanto, podían registrar bienes sin aportar títulos de propiedad.

Entre 1998 y 2015, hasta que otro Gobierno del PP, el de Rajoy, suprimió esos beneficios ante la avalancha de críticas que recibió la ley, los obispos inmatricularon a nombre de la Iglesia 34.961 bienes públicos, privados o de gestión municipal.

La inmatriculación levantó ampollas en la sociedad civil y el Ayuntamiento de Córdoba encargó en 2018 un informe a un grupo de especialistas, liderados por Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, y del que formó parte Carmen Calvo, especialista en Derecho Constitucional, hasta que fue nombrada vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez. El trabajo concluyó que nunca existió una donación expresa de la Corona a la Iglesia y, por tanto, recomendaba plantear un recurso de inconstitucionalidad para anular la inscripción. Algo que ni el Ayuntamiento ni el Parlamento han acometido.

Asenjo, que entre 2009 y 2021 ha sido arzobispo de Sevilla, afirmó el pasado 17 de abril, cuando anunció a su sucesor en la archidiócesis sevillana: “La Iglesia ha inmatriculado aquello que sabía que era suyo y si por error ha incluido algo que no le pertenecía, ha dado marcha atrás. Nadie nos ha reclamado nada. La Iglesia no tiene ningún interés en apropiarse de lo que no es suyo”.

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